Un nuevo acuerdo nacional: reforma a instituciones

La primera señal de lo que anunciaría más tarde durante su discurso la dio el Presidente Sebastián Piñera cuando planteó el "propósito de mejorar la justicia en Chile", ocasión en la que señaló que "propondremos a este Congreso una serie de proyectos de ley para terminar con el lobby judicial, mejorar los requisitos y el sistema de nombramiento de nuestros jueces y fiscales".

Ese punto será, finalmente, parte de un trabajo más amplio que incluirá a otras instituciones que -según lo calificó el Mandatario- han tenido un "creciente debilitamiento". Así, Piñera mencionó al "Poder Judicial, Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y de Orden, y también las instituciones políticas". Eso comenzó diciendo para, posteriormente, anunciar la convocatoria a un "acuerdo nacional amplio y transversal" en esta materia, algo que -explicó- liderará el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

En el gobierno dicen que el acuerdo en materia de cambios a instituciones incluye, justamente, esas tres áreas mencionadas por el Mandatario, pero también otros organismos que omitió en su discurso: Contraloría, Tribunal Constitucional y Consejo de Defensa del Estado, entidades que, precisamente, son parte de modificaciones que está estudiando el Ejecutivo.

En el gobierno explican que la apuesta de Piñera es "hacerse cargo de las crisis" que afectan a varios organismos y que este tema se ha visto internamente como una "buena oportunidad". Y agregan que a la mesa de trabajo que se cree con este objetivo se sumarán también los ministerios de Justicia y Segpres.

El Jefe de Estado ya había abordado este asunto el 20 de mayo, en privado, durante una reunión con los senadores de la UDI. En esa cita, Piñera les planteó -tal como informó La Tercera- la idea de crear una mesa de trabajo y un acuerdo nacional sobre reformas a instituciones, pero fue ayer cuando oficializó públicamente esa intención. Hasta ahora, la búsqueda de acuerdos nacionales había estado remitida únicamente a las cinco áreas en las que el gobierno trabajó a inicios de esta administración con la oposición (infancia, seguridad ciudadana, salud, La Araucanía y desarrollo y derrotar la pobreza).

En este contexto, Piñera enumeró ayer algunos de los cambios que serán parte de este nuevo trabajo, aunque no entregó detalles (ver recuadros). Por ejemplo, dijo que enviará una reforma para "modernizar" el "funcionamiento" del Congreso, buscando -explicó- "agilizar sus tiempos y mejorar la calidad de la legislación". Además, recordó que se impulsará una rebaja de parlamentarios (a 120 diputados y 40 senadores), junto con limitar las reelecciones de legisladores y alcaldes. Esto, "en sus mismos territorios", según precisó Piñera.

La rebaja en el número de parlamentarios está incluida en el programa de gobierno y es una iniciativa que no implicará un rediseño de los actuales distritos. Así lo señaló el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, en enero, cuando reafirmó que el gobierno cumplirá con esta iniciativa -que fue parte de las promesas de campaña- y explicó que "se mantendrá el sistema proporcional". Y eso lo reiteró anoche. El proyecto, sin embargo, genera aprensiones en el propio oficialismo. De hecho, en sectores de Chile Vamos han advertido, entre otras cosas, que no se debe avanzar en esta materia hasta no tener un estudio sobre cómo será el cambio y en qué zonas del país se reducirán parlamentarios.

El Presidente Piñera mencionó varias veces al Congreso, tanto para agradecer la tramitación de ciertos proyectos -como la ley "antiportonazos"- como para pedir que acelere algunas iniciativas. Pero, además, dijo que "desde hace años se ha producido un creciente deterioro de la percepción ciudadana respecto del funcionamiento de nuestro Parlamento". Así, anunció un proyecto de ley "que permita modernizar su funcionamiento, agilizar sus tiempos y mejorar la calidad de la legislación", además de rebajar el número de parlamentarios y limitar la reelección de legisladores y alcaldes "en sus mismos territorios".

Varios párrafos del mensaje estuvieron dedicados al Poder Judicial. El Mandatario anunció una serie de proyectos para terminar con el lobby judicial, elevando los requisitos y mejorando el sistema de nombramiento de jueces y fiscales. También mencionó un proyecto para modernizar el Sistema Procesal Penal y Código Penal, aplicando nuevas restricciones a las libertades provisionales en caso de delitos graves o reincidencias, incorporando nuevos delitos y adecuando penas. También habló de reformas a la Justicia Civil, para facilitar su acceso y simplificar sus procedimientos.

Incluyó a las FF.AA. y de Orden en sus menciones sobre las instituciones, señalando, en este caso, que "debemos avanzar en perfeccionar la sujeción de nuestras Fuerzas Armadas a la autoridad política democráticamente elegida y reconstruir las confianzas dañadas por hechos de público conocimiento". Así, se refirió a los distintos proyectos de ley que modifican su financiamiento o perfeccionan sus mecanismos y carrera funcionaria, junto con plantear que "estamos fortaleciendo la polivalencia de nuestras Fuerzas Armadas para potenciar su aporte y colaboración en tiempos de paz, especialmente ante catástrofes naturales o en zonas aisladas".

A fines de marzo pasado, el Jefe de Estado participó en el aniversario de la Contraloría, ocasión en la que anunció un proyecto de ley para modernizar al organismo. Y hace solo un par de semanas, el ministro Gonzalo Blumel (Segpres) confirmó que el Ejecutivo se embarcaría en una serie de reformas de "carácter institucional", las que incluirían -además del órgano contralor- modificaciones al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Tribunal Constitucional (TC).

Sin embargo, pese a informar que convocará a un acuerdo nacional para abordar la crisis de las instituciones, Piñera no hizo mención alguna a esos tres organismos.

Tal como se preveía, fue uno de los episodios tensos de la jornada de ayer en el Congreso Nacional: la presencia paralela del embajador del gobierno de Nicolás Maduro en Chile, Arévalo Méndez, y de la representante del presidente encargado, Juan Guaidó, Guarequena Gutiérrez.

Y más allá de la presencia de ambos representantes, el Presidente Sebastián Piñera no dejó pasar la situación del país sudamericano y en su mensaje señaló que "en el caso de Venezuela, junto al Grupo de Lima y la Unión Europea, hemos defendido con convicción y firmeza la democracia, las libertades y el respeto a los derechos humanos en Venezuela, que son parte esencial de los principios de nuestra acción internacional. Digámoslo fuerte y claro, Venezuela tiene hoy una dictadura corrupta e incompetente, que no respeta las libertades, que tiene a cientos de venezolanos como presos políticos y que, además, ha condenado a su pueblo a la más cruel y dramática crisis humanitaria de la historia".

Agregando luego: "Digámoslo fuerte y claro, Chile respeta la autodeterminación de los pueblos, pero no la autodeterminación de los dictadores. La dictadura de Venezuela tiene que terminar en forma pacífica, con elecciones libres, transparentes y democráticas", generando aplausos entre gran parte de los presentes en el Salón de Honor.

A su llegada al Congreso, Gutiérrez había sostenido respecto de la invitación de Méndez que "somos respetuosos de la política interna de Chile, pero ponemos sobre la mesa las cifras y el dolor de los venezolanos".

De hecho, la presencia del embajador venezolano había generado una polémica en los días previos entre el presidente del Senado, Jaime Quintana, y La Moneda. Incluso, a su llegada se habría vivido un momento tenso cuando el diputado Sebastián Torrealba (RN), uno de los encargados de la recepción de los invitados, lo increpó: "Este Congreso no acepta representantes de la dictadura y las violaciones de los DD.HH.", le habría dicho.