Oficialismo en estado de crisis: lío de platas y salida de Fernández profundizan tensiones entre coaliciones de gobierno

El 15 de mayo, los partidos políticos de la alianza de gobierno tomaron la decisión de reunirse semanalmente, los días viernes, en la previa al comité político de cada lunes en La Moneda. La idea, decían en ese momento, era mantenerse coordinados y mejorar la eficacia del debate. Este viernes, sin embargo, a diferencia de las semanas pasadas, no se van a reunir. Según cuentan, es porque están concentrados en apoyar distintas iniciativas populares de norma del Consejo Constitucional. Sin embargo, lo cierto es que los ánimos como para volver a verse las caras están lejos de ser los mejores.

Sin lugar a dudas, la confesión del senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, sobre que supo del caso Democracia Viva 10 días antes de que este estallara, fue el punto de inflexión. Desde entonces, las relaciones al interior de la alianza se tensionaron. Algunos sugieren que como nunca antes. De hecho, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, hasta puso en duda que su par pudiera continuar siendo un interlocutor válido al interior de la alianza de gobierno.

La legisladora por el Maule, en todo caso, no está sola. El senador Gastón Saavedra (PS) dijo a La Tercera que “la relación entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático sí está afectada, no podemos soslayar aquello. Estamos lejanos de construir un conglomerado, más bien nos mantenemos siendo un conglomerado”.

“Lo único que me queda claro es que los partidos de Apruebo Dignidad no entienden lo que es una coalición, no saben lo que es defender al Presidente. Permanentemente le están haciendo daño a su propio gobierno”, dijo hace unos días Juan Carlos Urzúa, presidente del Partido Liberal.

En esa misma línea, este jueves al interior del PS se ha levantado con fuerza la idea de diferenciar a las coaliciones en medio del escándalo ligado a Democracia Viva, con el fin de -al menos intentar- que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se mantenga al margen. Prueba de eso es que durante la mañana el senador José Miguel Insulza (PS), en entrevista con Radio Duna, blindó al secretario de Estado y pidió explícitamente distinguirlo del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD). “No comparemos a Jackson con Montes (…) Conozco a Carlos Montes, no se me ocurre que a última hora haya decidido ser ministro para desviar fondos a cosas que él ha hecho legalmente toda su vida”, señaló.

Pese a que no habrá una reunión de alianza este viernes, los timoneles del Socialismo Democrático -coalición que agrupa al PS, el PPD, los radicales y los liberales- desarrollaban, hasta el cierre de esta edición, una reunión telemática para mantenerse coordinados ante la crisis que golpea al oficialismo.

En medio de estas diferencias, y a tres semanas desde que estalló la polémica ligada al lío de los traspasos, al interior del oficialismo también se han intensificado las críticas internas. Varias de ellas apuntan a una reprobación de la gestión del Ejecutivo ante el escándalo. En ese contexto, algunas voces de la alianza de gobierno se han abierto -aunque de forma soterrada- a evaluar la necesidad de un nuevo cambio de gabinete, a 119 días del último. Un escenario que, en todo caso, fue descartado la tarde del jueves por la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

Pese a la negativa de la secretaria de Estado, el senador Juan Luis Castro (PS) no se cierra a la posibilidad de un ajuste ministerial como un “arma” para que el Ejecutivo retome la agenda y el control del escándalo oficialista. “Esa posibilidad siempre está abierta, pero espero que no sea precipitado (...). Los aspectos de probidad irrumpieron en la agenda y va a ser necesario renovar confianzas con nuevos rostros cuando el Presidente Boric lo determine. La doctrina del estándar moral de las nuevas prácticas, ese criterio que se proclamó por el Frente Amplio, se ha ido diluyendo”, dijo.

Ante los dichos provenientes del Socialismo Democrático, el diputado RD Jaime Sáez enfatizó que “los esfuerzos de todos y todas quienes sostenemos al gobierno del Presidente Gabriel Boric deben estar puestos en sacar adelante las tareas urgentes, como el pacto fiscal o la reforma de pensiones. La escalada verbal de personas que únicamente desean figuración en nada contribuye a la búsqueda de soluciones a los diversos problemas que enfrentamos hoy día”.

Más allá del lío de platas políticas, la convivencia entre el Socialismo Democrático con Apruebo Dignidad también se vio fuertemente tensionada esta semana por la salida del exconvencional Patricio Fernández como asesor presidencial de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. Su renuncia fue exigida fuertemente por el Partido Comunista (PC) desde la semana pasada, en sincronía con diversas organizaciones ligadas a los derechos humanos, hasta que finalmente lo consiguieron el miércoles de esta semana, día en que el periodista decidió dar un paso al costado.

Si bien en un primer momento el Frente Amplio guardó silencio, luego de la renuncia se sumaron a la postura del PC y valoraron la salida. “Me parece que es una buena decisión la renuncia de Patricio Fernández (...). Creo que esta es una oportunidad para revisar los énfasis de esta conmemoración, para darles un rol central a las organizaciones de derechos humanos y su participación, poner en el centro de esta conmemoración la memoria, la lucha contra la impunidad con medidas concretas. Y también que seamos capaces de construir un acuerdo transversal en la sociedad, de que el Golpe de Estado es inaceptable”, dijo en un video la diputada Emilia Schneider (Convergencia Social).

En la vereda opuesta, dentro del Socialismo Democrático se manifestaron en contra de la salida del asesor. “Golpes de Estado y violaciones a los derechos humanos son inaceptables y nunca se deben relativizar. Patricio Fernández ha sido coherente con esos principios. Sus detractores tuvieron una actitud totalitaria que empañó conmemoración de los 50 años”, tuiteó el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), apuntando a las presiones del PC. En esa misma línea, el diputado Raúl Soto (PPD) dijo que “es un error para la izquierda, para la centroizquierda, para el progresismo seguir excluyendo o cancelando pensamientos (...). No podemos aislarnos más respecto de personas que son de centroizquierda, que son profundamente democráticas y que respetan y han defendido siempre los derechos humanos”.

El estado de tensión es tal que, según cuentan algunos de los timoneles, el grupo de WhatsApp que comparte la alianza ha permanecido en silencio buena parte del tiempo desde que estalló la crisis. Si bien el lunes hubo cierto debate a raíz de un punto de prensa que protagonizó el Frente Amplio, en que solicitaron una comisión investigadora para el caso -que molestó al Socialismo Democrático, puesto que no estaban al tanto-, luego de que Latorre reconociera que supo antes de las posibles irregularidades, algunos han preferido no retomar las conversaciones. Eso sí, revelaron, el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, intentó romper el hielo la mañana del jueves al solicitar apoyo hacia una iniciativa popular de norma.