Oposición desiste de bloquear veto por Ley de Usurpaciones, y Tohá y Elizalde se anotan triunfo parcial

Diez de las catorce observaciones (vetos en la jerga legislativa), que el Presidente Gabriel Boric envió al Congreso para intentar corregir la Ley de Usurpaciones, fueron aprobadas este martes en la tarde por la Comisión de Seguridad del Senado.

Si bien la votación no es la definitiva -pues la palabra final la tendrá este miércoles en la mañana la sala de la Cámara Alta- el resultado fue valorado con cierta cautela por la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y su par de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), quienes concurrieron a defender los planteamientos presidenciales.

Antes de que comenzara la sesión, los senadores de Chile Vamos hicieron un punto de prensa para informar su estrategia para abordar los catorce vetos planteados por el gobierno.

Aunque en la mañana, algunos legisladores de oposición habían adelantado que el plan era recalificar algunas observaciones -lo que probablemente se iba a traducir en una contienda ante el Tribunal Constitucional-, en la tarde el grupo de legisladores encabezados por el titular de la Comisión de Seguridad, Felipe Kast (Evópoli), y el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), informaron que desistirían de acciones reglamentarias y que simplemente votarían las correcciones planteadas por el gobierno.

“Hemos decidido no recalificar el veto (...). Vamos a jugar en forma limpia (...). Queremos respetar las reglas del juego y no vamos a tomar el atajo de torcerle la mano al reglamento del Senado”, dijo el senador de Evópoli.

Si bien Kast anunció que como oposición rechazarían algunas de estas observaciones presidenciales, admitió que “para imponer la voluntad del Congreso se necesitan dos tercios. Lo más probable es que el gobierno logre imponer su voluntad. Por lo tanto, será el gobierno el que tendrá que explicarle al país por qué en Chile, después de su veto, robar un celular va a tener penas de cárcel y usurpar una parcela va a ser simplemente una multa”.

En una muestra de la resignación de los senadores opositores ante el escaso margen constitucional y legal que tenían para doblarle la mano al Ejecutivo, el presidente de la Comisión de Seguridad también anunció que a regañadientes apoyarían la propuesta intermedia del Ejecutivo para penalizar las llamadas tomas “no violentas” (según la terminología jurídica), en las que no hubo agresiones contra personas ni daños en objetos. Este punto se había convertido en el último nudo de las conversaciones. La fórmula gubernamental planteaba que, en estos casos, el juez resolviera si aplicaba una multa o el presidio.

La decisión se había adoptado en un almuerzo de los representantes de Evópoli, RN y la UDI, donde predominó la idea de optar por “el mal menor”. En caso de que rechazaran la propuesta de La Moneda, inevitablemente iba regir el actual Código Penal, que sólo contempla multas bajas para este tipo de usurpaciones. La oposición, por el contrario, exigía que las penas partieran con una sanción de presidio.

Sin embargo, a pesar de la resignación, Kast informó que, “una vez promulgada” la Ley de Usurpaciones, ingresarían un nuevo proyecto legal para tratar de subir a penas de cárcel.

El problema para la derecha es que una nueva reforma sobre este tema enfrentaría un panorama adverso. De partida, tiene que comenzar desde cero, volver a contar con el apoyo mayoritario de senadores y diputados y ya no tendría el patrocinio ni las urgencias de La Moneda para avanzar con velocidad. Adicionalmente, a partir de marzo de 2024, las presidencias de la Comisión de Seguridad y de la Cámara Alta volverán a manos de senadores oficialistas, quienes tendrían la facultad para no poner en discusión esta nueva moción. Por último, si la norma no es del agrado de La Moneda, puede volver a ser vetada por el Presidente.

Minutos después de la conferencia de prensa, la estrategia de la oposición se plasmó en la ronda de votaciones en la Comisión de Seguridad.

En esta instancia, los senadores de derecha -que son mayoría- dieron la unanimidad para aprobar 10 de las catorce observaciones que añadían párrafos o conceptos al proyecto de ley. En algunas de estas votaciones, Kast y la senadora Carmen Gloria Aravena recalcaron que no eran de su agrado, pero que las apoyaban exclusivamente porque le daban un marco más severo a la norma.

En el caso de los cuatro vetos que fueron rechazados por la comisión, el resultado tampoco era necesariamente adverso para el Ejecutivo. En vista de que se trataba de vetos supresivos (que elimina elementos del proyecto despachado por el Senado y la Cámara), la oposición tiene que reunir dos tercios de los senadores presentes en la sala para reponer el texto original que fue vetado por el Presidente. La Ley Orgánica del Congreso detalla que si no se reúne ese alto quórum, no habrá norma en ese tema. Por lo tanto, al final el gobierno igual logra su objetivo de eliminar esos aspectos.

Entre los puntos más conflictivos que se desecharían en esta fase figura la “legítima defensa privilegiada”, que supuestamente permitía a un propietario recurrir a la fuerza propia para recuperar un inmueble tomado.

Al comentar el resultado de la votación, la ministra Tohá resumió que “todas las materias que tienen que ver con puntos agregados por el Ejecutivo se aprobaron. En cambio, los vetos supresivos que sacan contenidos del proyecto que inicialmente había despachado el Congreso se rechazaron. En la sala, eso tiene que ser confirmado por una insistencia que pueden hacer los parlamentarios. Si quieren insistir en el texto actual, tienen que obtener dos tercios de los presentes”.

En todo caso, a pesar de la satisfacción que había en el gobierno, la titular del Interior fue cauta: “En este momento no se puede hacer una evaluación, pero sí podemos decir que es importante que se haya dado este paso”.