Otra esquirla del acuerdo en Sistema Político: dirigentes del Movilh y Fundación Iguales critican cuota de personas trans en el Congreso

El acuerdo sobre la conformación de los poderes del Estado al que llegó la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional -este lunes 29 de marzo-, no solo generó críticas desde el Parlamento y la academia.

Una serie de dirigentes LGBTIQA+ plantearon su distancia respecto de la indicación que establece la regla de paridad en el Congreso de Diputadas y Diputados, entidad que reemplazaría a la actual Cámara Baja. Esta no solo plantea que al menos el 50% de su composición deben ser mujeres, sino que además exige una “representación efectiva de identidades trans y no binarias”, según dice el artículo 2 del informe suscrito por la mayoría de los colectivos de la Convención. Hasta hoy, no hay una estadística oficial respecto de cuántas personas trans hay en el país.

El abogado y director de Iguales Chile, Juan Enrique Pi, utilizó su cuenta en Twitter para plantear sus críticas a la norma.

“Incorporar una cuota especial para personas trans, separada de la regla de paridad, implica negar indirectamente que hombres y mujeres trans son simplemente hombres y mujeres para todos los efectos legales, y que son trans: una categoría de género especial y distinta”, publicó en sus redes sociales

Ese es el principal argumento que del activista por la diversidad sexual y ex candidato a constituyente (Ind-DC) para expresar lo que él considera una opinión “impopular” contra la cuota de personas trans en el Congreso.

Consultado por La Tercera, Pi explicó que la cuota trans “está mal ubicada en la norma de paridad. La redacción que utiliza, para conceptos de paridad particularmente del Congreso, da a entender que existen hombres, mujeres, personas trans y no binarias. Eso puede ser utilizado después para precisamente decir que las personas trans no serían hombres o mujeres, porque las estamos poniendo en una categoría distinta. Y eso abre el espacio para una interpretación totalmente contraria a los derechos que hemos alcanzado respecto del reconocimiento de las personas trans en Chile”.

El vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, también mostró su descontento con el artículo. Respondió el hilo de Twitter del director de Iguales, señalando: “No me sorprende esa demanda de Cuota, desde una ‘disidencia en extremo ideologizada’ que paradójicamente ve binariamente el mundo, buenos/malos/fachos/revolucionarios”.

El argumento es compartido por el encargado de Derechos Humanos del Movilh, Ramón Gómez, quien añade que uno de los problemas que traería esta indicación de paridad en el Congreso sería que se tendría que verificar que las personas efectivamente fueran trans, lo que violaría su privacidad.

“Una paridad a priori, implicaría que todas las personas trans debiesen hacer público que el nombre y sexo que las identifica es distinto al asignado al nacer, lo cual invade la privacidad. Se podría entonces argumentar que el derecho solo aplicará a personas dispuestas a hacer pública su identidad. Pero si ese el caso, ya la paridad no sería para personas trans, sino para personas trans dispuestas a hacer pública su identidad”, mencionó Gómez en conversación con este medio.

El director de Iguales y el encargado de DD. HH. del Movilh coinciden en que se debería incorporar a las personas trans a través de medidas afirmativas que impliquen distintos órganos, no solo el Parlamento.

Las medidas afirmativas son mecanismos que permiten equiparar las desigualdades sociales y espacios democráticos para grupos históricamente discriminados. Una de ellas son las cuotas de participación, pero hay otras. Por ejemplo, en las elecciones parlamentarias de Chile el reembolso de gastos, aporte fiscal que entrega el Servel, es mayor para las candidaturas de las mujeres que para las de los hombres.

Pi dice que la fórmula sería “establecer un mandato al legislador, no a partir de la norma de paridad, sino que a partir de grupos históricamente excluidos, donde se pueda incluir expresamente a las personas trans, no binarias y otros grupos como personas en situación de discapacidad, para que tengan medidas afirmativas al momento de enfrentar una elección. Otro problema que tiene la norma es que está solamente puesta respecto del Parlamento, pero ¿qué pasa con los concejos municipales? O sea, además es parcial respecto del alcance”.

Mientras que Gómez afirma que “lo mejor es que el Estado garantice el igualitario acceso a cargos públicos, sin discriminación por identidad de género, y que se establezca como una obligación del mismo la generación de medidas afirmativas a favor de personas trans, incluidos en los cargos de elección popular. Pero sin entrar a comprometer porcentajes, pues sería algo inviable”. Esto último por la implicancia de comprobar si alguien es trans o no.

Por otra parte, el vocero de Iguales menciona que tampoco está a favor de que las personas no binarias estén dentro de esa regla. “La primera deuda con las personas no binarias es el reconocimiento de su identidad. Y la forma de reconocer esa identidad se puede hacer en el derecho a la identidad en la Constitución o en la ley de identidad de género. Me parece que la norma de paridad del Congreso no es el lugar para el reconocimiento de las identidades no binarias”.