Paulina Ibarra, integrante de la Comisión contra la Desinformación: “No es algo que esté liderando el gobierno”

La Comisión contra la Desinformación convocada por el gobierno, y que está integrada por nueve expertos, ha generado duras críticas, no solo desde la oposición, sino también desde militantes de partidos del propio oficialismo.

De hecho, este miércoles, en una tensa sesión, el Senado aprobó -con 18 votos a favor, 11 en contra y tres abstenciones- un proyecto de acuerdo que autoriza a la corporación solicitar al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la iniciativa.

Sobre toda esta polémica, y al trabajo mismo de la instancia, se refirió la licenciada en Comunicación y Ciencias Políticas por la Universidad Marymount y máster en Comunicación de la Universidad de Georgetown, Paulina Ibarra, quien integra la Comisión contra la Desinformación.

La académica, quien además es directora ejecutiva de la Fundación Multitudes, aseguró que la comisión asesora está trabajando de manera autónoma, agregando que, a su juicio, toda la polémica suscitada por su creación –incluido el proyecto de acuerdo del Senado que busca pronunciamiento del Tribunal Constitucional- es “justamente una campaña de desinformación” contra la iniciativa.

“No es algo que hoy en día esté liderando el gobierno”, confirmó Ibarra en entrevista con El Mostrador Radio, tras ser consultada por las dudas y anticuerpos que ha generado la comisión.

“Esta fue una acción de Estado, de abrir el diálogo, como lo hemos visto en otros países. Es el gobierno el que dice ‘trabajemos’, como por ejemplo el trabajo que hace la Unión Europea en la lucha contra la desinformación, justamente convocan a múltiples actores, academia, sociedad civil, sector privado, para llevar a cabo este tipo de conversaciones y acuerdos que ojalá ayuden en el combate contra la desinformación”, puntualizó.

En esa misma línea, la cientista política dijo que “quizás la gente está leyendo el decreto como quiere, para ser súper sincera, porque creo que es súper específico, nosotros vamos a trabajar para entender un poco la situación de la desinformación en nuestro país, en ningún momento se mencionan los medios de comunicación, los medios de comunicación son aliados en esta lucha”.

“Estamos trabajando de manera autónoma y no sé a qué corresponde tanto ruido, más allá de justamente una campaña de desinformación contra la Comisión de Desinformación, de otra manera no lo puedo entender”, enfatizó.

La integrante de la polémica iniciativa también fue consultada por lo que han señalado quienes están en contra de su convocatoria desde el gobierno, y que han argumentado que el problema de la desinformación no se resuelve con una comisión, sino que con una ley.

“Hay ocho proyectos de ley en el Congreso, parados en tramitación con relación a la desinformación, de manera transversal, desde el PC a la UDI, y todos hablan de sanciones, de multas, de castigos, pero desde mi perspectiva, por lo menos lo que yo creo como practicante en el combate a la desinformación, el fenómeno es tan complejo que no puedes aplicar una ley, porque nuevamente estarías hablando de regulación”, manifestó.

Y agregó: “Desde mi punto de vista tiene que haber una coregulación, donde todos son partícipes dentro de donde se enmarca y justamente en ese sentido hay un vacío bien grande, porque se entiende hoy que las plataformas sociales, las redes sociales, son medios de comunicación y no lo son, son una industria tecnológica”.

“Creo que aquí tiene que haber un acercamiento múltiple por la complejidad de la situación, que parte desde establecer relaciones de trabajo permanente con la sociedad civil, con los medios de comunicación, que los veo como sujetos que les afecta la desinformación, con el sector privado”, apuntó.

Finalmente, Ibarra detalló que la comisión “tiene principio y fin”, pues en el plazo de un año deben trabajar para los dos objetivos que se les encargó: el primero hacer un informe sobre el fenómeno de desinformación en Chile, “con los datos que hoy existen y viendo la experiencia comparada, no solo en nuestra región, sino que también en otros países”, y el segundo, “hacer recomendaciones, que no son exclusivas de políticas públicas”.