Plebiscito: Senado avanza en regular financiamiento a seis días del inicio de la campaña

“Espero que en esto haya una sola postura por parte de Chile Vamos en un tema tan importante como el plebiscito”. Esos eran algunos de los comentarios que transmitía ayer en la tarde la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, a modo de advertencia a RN.

En la jornada anterior, el partido liderado por Rafael Prohens estuvo -a través del jefe de los senadores de la colectividad, Rodrigo Galilea- en conversaciones con la oposición para alcanzar un acuerdo que permita regular el financiamiento y gasto en torno a la consulta nacional, para lo que hay un plazo máximo hasta el próximo martes, un día antes que empiece la campaña.

Así, esos diálogos se iniciaron contra el tiempo. Y se intentó consensuar en el marco de un texto redactado por los técnicos Gabriel Osorio, ligado al PS, y David Huina, representante de RN.

En esas conversaciones se buscaba limitar los aportes de campaña; una normativa para regular la publicidad de esos aportes; y un límite al gasto electoral, además de regulaciones en torno a la propaganda “conforme al principio de transparencia”, estableciéndose sanciones.

Sin embargo, las tratativas entre RN y la centroizquierda se complicaron debido a la resistencia del gremialismo a legislar sobre la materia. Esto, porque a juicio del partido de van Rysselberghe las normativas que se estaban impulsando favorecerían a los que están por el “apruebo”. Asimismo, en la UDI se oponían a la idea de poner restricciones a ONGs y a limitar los aportes de personas naturales. En ese sentido, estaban dispuestos solo a que se prohibieran los aportes desde el exterior y el de empresas, tal como existe actualmente para otras elecciones.

En ese contexto, en medio de la presión del gremialismo hacia RN para evitar que se plegaran a una idea en conjunto con la centroizquierda, intervino el ministro Víctor Pérez. Según fuentes del oficialismo, el titular del Interior instó ayer a los partidos del bloque a tener una postura unitaria. Esto, en un contexto en el que la coalición está intentando consolidar un “nuevo trato”, luego de varios quiebres internos justamente por descuelgues en votaciones.

En un inicio, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, había anunciado que el gobierno presentaría una indicación para regular el financiamiento, pero debido a las diferencias en Chile Vamos -principalmente, a los cuestionamientos de la UDI- tuvo que echar pie atrás y modificar la estrategia, argumentando que eran los partidos los que tenían que llegar a un consenso.

En el gremialismo comentan que parte de la molestia está enfocada en Monckeberg, a quien acusan de haber anunciado anticipadamente una indicación sin que existiera un consenso previo en Chile Vamos.

Bajo este escenario, la oposición -sin RN- presentó ayer una indicación en la Comisión de Constitución del Senado, enmienda que modifica aspectos de una reforma -que se encuentra en su primer trámite- presentada este mes por Álvaro Elizalde (PS).

Y, finalmente, en esa instancia se aprobó la idea de legislar del proyecto por cuatro votos a favor, entre ellos, el de Galilea, y una abstención de la senadora Luz Ebensperger (UDI).

Pese a la abstención de Ebensperger, la legisladora gremialista se abrió a lograr un acuerdo en la materia en el marco de la comisión.

Pasadas la 22.30 de anoche, la normativa fue despachada en particular a la sala del Senado. Y si bien hubo acuerdo con el oficialismo en varias disposiciones, el debate se trabó respecto de los guarismos, tanto del límite de aportes que podrán recibir los partidos y las organizaciones de la sociedad civil, como del gasto.

Pese a ello, la oposición logró imponer su mayoría en la instancia respecto del límite de los aportes individuales, quedando en un máximo de 500 UF a los partidos y en 200 UF en el caso de las organizaciones.

En cuanto al gasto, se logró un consenso entre el oficialismo y la centroizquierda para fijar el límite respecto de las colectividades en un monto cercano a los dos mil millones de pesos. Sin embargo, no se alcanzó el mismo acuerdo respecto de cuánto podrán gastar las organizaciones de la sociedad civil, quedando aprobada la propuesta inicial de la oposición, que fija un máximo de alrededor de $ 127 millones, monto que la UDI y RN buscaban incrementar.

Asimismo, se aprobaron normas que prohíben aportes de empresas y desde el extranjero. Y también se establecieron sanciones para quienes incumplan los límites fijados.

Pese al avance de la normativa, esta aún debe ser revisada por la sala de la corporación y pasar a un segundo trámite en la Cámara Baja.

En paralelo, la Cámara de Diputados despachó ayer a ley, por 141 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, el proyecto que otorga facultades al Servicio Electoral (Servel) para asegurar el desarrollo de un “plebiscito seguro” en medio de la pandemia del coronavirus.

La iniciativa -cuyo texto final fue consensuado entre los asesores del oficialismo y de la oposición en el Senado- permite al organismo determinar, entre otras cosas, la extensión del horario de votación y el aforo máximo en los locales. Todo esto, con al menos 45 días de anticipación, con el acuerdo de ⅘ sus miembros y con el visado del Ministerio de Salud.

Sin embargo, durante la sesión en la Cámara se dio un arduo debate, que estuvo marcado por frases respecto de la viabilidad de que se desarrolle la consulta nacional durante la pandemia, un tema que ha marcado el debate en los últimos días, tanto por los riesgos en materia de salud como por la legitimidad que tendría en caso de un bajo nivel de participación.

“El plebiscito del próximo 25 de octubre es imposible (...). Además, si no participa al menos una decena de millones de chilenos, ¿será válido su resultados? Insisto, es ilegítimo”, sostuvo el diputado de RN Cristóbal Urruticoechea, quien, junto a sus pares Harry Jurgensen (RN) e Ignacio Urrutia (Partido Republicano), fueron los únicos parlamentarios que rechazaron la iniciativa.