Pleno de la Convención votará propuesta que deja fuera a la Corte Suprema como último tribunal para revisar las decisiones de la justicia indígena

Desde que el pleno de la Convención Constitucional aprobó de manera definitiva el principio de pluralismo jurídico, hay un punto clave de la propuesta que aún no se ha zanjado por parte de los convencionales. Se trata del rol que tendrá la Corte Suprema respecto de las decisiones que tomen los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas.

Actualmente, el máximo tribunal del país es la última instancia, es decir, tiene la palabra final respecto de todo lo que se resuelve en el Poder Judicial. Su rol en el presente es también de unificador de jurisprudencia, eso quiere decir que se encarga de hacer que el derecho sea aplicado e interpretado de la misma forma, siendo así el garante de cómo debe fallar toda la magistratura.

Dado que la Convención aprobó crear dos sistemas de justicia -uno nacional para las personas no indígenas y otro para los pueblos originarios- que “coexisten coordinados en un plano de igualdad”, la gran pregunta que falta despejar es qué decidirán los convencionales respecto de la Corte Suprema.

Pese a los intentos de algunos constituyentes por mantener al máximo tribunal como la última instancia para recurrir en el territorio nacional, hasta ahora todas esas indicaciones han sido rechazadas. De hecho, la Comisión de Sistemas de Justicia aprobó en particular que los supremos no tendrán facultades para revisar las decisiones que se tomen en la jurisdicción relativa a los actos de integrantes de los pueblos indígenas.

En los próximos días la comisión deberá despachar al pleno un nuevo informe con los artículos correspondientes a la segunda parte del primer bloque de normas. En ese informe irá el siguiente artículo:

Del recurso de revisión de los actos de la jurisdicción indígena. Las decisiones de la jurisdicción indígena sólo serán revisables por el tribunal de integración plurinacional que establezca la ley, a través de un recurso de revisión por vulneración de derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los cuales Chile es parte.

De constatarse la vulneración, el tribunal dictará una sentencia que reemplace la decisión en base a una perspectiva intercultural, con el fin de maximizar la protección de derechos individuales y colectivos”.

Artículo aprobado en particular por la comisión de Sistemas de Justicia

Esto quiere decir que si la norma pasa el filtro del pleno, quedará en manos del futuro Congreso -que será plurinacional y aún no hay claridad de si será unicameral o bicameral- tramitar una ley para crear un nuevo tribunal, distinto a la Suprema, una especie de nueva corte que tendrá como única función revisar los recursos que se presenten en contra de las decisiones que tomen los pueblos indígenas para resolver sus contiendas.

Los ministros del máximo tribunal ven con preocupación esta idea y esperan que el artículo, tal como está planteado, sea rechazado por el pleno para que vuelva a la comisión para ser arreglado. Entre los integrantes de la cúpula del Poder Judicial está la convicción de que existe necesidad de que la eventual nueva Constitución preserve el rol del máximo tribunal como titular de la última palabra respecto de las decisiones judiciales que se adoptan en todo el país.

Por eso, los magistrados son de la postura de que es necesario que la administración de justicia por parte de los distintos pueblos originarios -consejo de ancianos, lonkos, etc.- confluya con las atribuciones de la Corte Suprema para así unificar la jurisprudencia del país y mantener certezas jurídicas de quienes son usuarios del sistema de justicia.

Los convencionales comentan que es altamente probable que este artículo sea rechazado. Si eso pasa, el objetivo es negociar una postura que le atribuya esta facultad de revisión a una sala de la Corte Suprema. Esa sala, en todo caso, para quienes promueven esta idea, debería ser integrada por ministros del máximo tribunal.

Este detalle, dicen las mismas fuentes, no es algo obvio, dado que hay algunos convencionales que han optado por un camino intermedio. Este ha consistido en crear una nueva sala, distinta a las cuatro instancias que ya existen, y cuya integración no será solo de jueces, sino que también de antropólogos y expertos en ciencias sociales. La iniciativa no tuvo éxito en la comisión y fue rechazada.

El convencional Andrés Cruz (Colectivo Socialista) confirma que el ánimo será rechazar este artículo. “Tal como ha sido propuesta la norma, puede poner en riesgo el principio de unidad jurisdiccional. Por lo tanto, nosotros vamos a promover que esta norma vuelva a la comisión desde el rechazo en el plenario para efectos de redactar de mejor forma la disposición, de modo tal que quede consignado que el órgano que va a conocer este asunto será una sala de la Corte Suprema. Ese es nuestro objetivo para así mantener la unidad de jurisdicción a salvo”, sostuvo.

En el actual Poder Judicial los jueces dicen que este punto es una de las decisiones más relevantes que deberá tomar el pleno de la Convención y que las consecuencias de lo se decida son de “extrema” importancia para el futuro de la judicatura. Las mismas fuentes agregan que en caso de que el pleno apruebe la idea de que la Corte Suprema no tenga nada que decir sobre las decisiones de los pueblos indígenas se terminarán creando dos sistemas de justicia que convivirán en paralelo sin ninguna unidad ni coordinación entre ellos.