Por amplia mayoría Senado rechaza acusación constitucional en contra de jueza Silvana Donoso

Por una amplia mayoría la sala del Senado rechazó esta jornada la acusación constitucional en contra de la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso.

La determinación se dio tras un extenso debate, que comenzó ayer miércoles y que se extendió hasta esta jornada. Sin embargo, la caída del libelo ya se veía venir ayer. Esto pues cerca de las 20.40 ya un total de 20 parlamentarios habían hecho pública su intención de rechazar los dos capítulos del texto, lo que sumado a tres legisladores inhabilitados (Francisco Chahuán (RN), Manuel José Ossandón (RN) y Guido Girardi (PPD), hacía que la acusación no pudiera conseguir la mayoría simple necesaria para su aprobación.

El proceso contra la magistrado comenzó el pasado 13 de agosto, cuando el libelo fue presentado por el diputado de RN, Andrés Longton, con firmas de un grupo de parlamentarios de oficialismo, la DC y la Federación Regionalista Verde Social por un eventual “notable abandono de deberes” y por “la transgresión de tratados internacionales” por parte de la jueza, quien presidió la Comisión de Libertad Condicional que en 2016 dejó en libertad a Hugo Bustamante, imputado hoy por el crimen de la menor Ámbar Cornejo, en Villa Alemana.

El pasado 10 de septiembre el escrito sorteaba su primera valla en el Congreso. Esto luego de que la Cámara de Diputados visara dicha jornada la constitucionalidad de la acusación por 73 votos a favor, 52 en contra y 14 abstenciones. Un resultado que era inesperado para la defensa de la jueza, más aún luego de que el día antes la Comisión que analizó la procedencia del libelo decidiera recomendar a la sala rechazar el texto por un voto a favor, uno en contra y tres abstenciones.

Así, el texto pasó al Senado. En el intertanto, Donoso quedó suspendida del cargo hasta el día en que la Cámara Alta -que actúa como juez en el proceso- definiera su futuro.

Y ayer comenzó el debate en la Cámara Alta, donde los parlamentarios estuvieron por no visar ninguno de los dos capítulos del libelo contra la jueza, quien podrá retomar su cargo como ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

A pesar de que aseguraron que no estaban de acuerdo con algunas decisiones y fallos de la magistrada, especialmente con la libertad de Bustamante, los senadores afirmaron que la ministra cumplió con la ley y la normativa vigentes en dicha época, por lo cual no procedía el “notable abandono de deberes”.

Los parlamentarios, además, afirmaron que en el caso de Ámbar falló también el sistema que debía protegerla, a pesar de las diversas alertas levantadas por la misma menor respecto al único imputado por su crimen.

En tanto, los senadores Guido Girardi (PPD) y Manuel José Ossandón (RN) se inhabilitaron de ver el libelo a raíz de la relación que ambos tienen con el hermano de la ministra, el abogado Samuel Donoso, mientras que Francisco Chahuán (RN) tomó la misma decisión porque su esposa, Sandra Ibáñez, es jueza de familia y, por tanto, la magistrada Donoso es un superior directo.

Así el primer capítulo por “notable abandono de deberes” fue rechazado por 8 votos a favor, 29 en contra y 3 abstenciones. Mientras que el segundo punto por “la transgresión de tratados internacionales” también fue negado por 1 voto a favor, 34 a favor y 5 abstenciones.

Minutos antes de las 9.00 de ayer miércoles, hora pactada para el inicio de la sesión especial, arribó hasta el Congreso la ministra Donoso.

Una de las sorpresas fue la presencia del abogado Luis Hermosilla -quien representó al exministro Andrés Chadwick en la acusación constitucional en su contra- como parte de la defensa de la jueza de la Corte de Apelaciones.

A la magistrado se le vio tranquila, vestida con un traje color ocre claro y dialogando a cada rato con sus abogados.

La sesión comenzó con la exposición de los diputados designados para exponer el caso frente a los senadores. Es así como Gonzalo Fuenzalida (RN), Daniel Verdessi (DC) y Andrés Longton (RN) tomaron la palabra para defender el libelo.

Los argumentos de los parlamentarios estuvieron centrados en uno de los testimonios considerados “clave” por parte de los acusadores, que dice relación con la exposición de las relatoras que fueron parte de la Comisión de Libertad Condicional de 2016. Ellas dijeron ante la instancia que analizó la procedencia del libelo que habían estudiado todos los antecedentes de quienes habían pedido que sus casos fueran visto por la instancia liderada por Donoso, pero que la jueza no solicitó ninguno de esos datos.

“Su abogado aquí presente, llegó a afirmar en la comisión de la Cámara de Diputados que la ministra se había enterado de estos informes por la prensa. Por la prensa. Falso. Estaban los informes. El faltar deliberadamente a la verdad para delimitar su responsabilidad resulta una conducta intolerable para cualquier funcionario público y más aún para quienes se espera que tengan la legitimidad moral para resolver conflictos en nuestra sociedad, un juez de la República de Chile”, afirmó Fuenzalida.

Pero uno de los momentos más polémicos fue cuando Longton emplazó a los senadores a aprobar el libelo.

“Si hoy ustedes rechazan esta acusación la próxima decisión, que es inevitable que ocurra, que tome la ministra Donoso liberando al siguiente asesino, femicida o violador, alejada de la ley y guiada solo por su capricho, será también responsabilidad de ustedes. Y cuando ocurra la próxima tragedia, serán ustedes los que también serán juzgados, no solo por sus conciencias, sino que por todos los chilenos que clamaron una vez por paz y seguridad para sus hijos y familia y a pesar de que estaba en nuestro poder entregárselo no lo hicimos”, dijo el RN.

Dichos que causaron molestia en la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), quien aseguró que dichas expresiones “son bastante inaceptables para esta sala”.

Lo que motivó a que Longton ofreciera disculpas a la sala y pidiera que sus dichos se retiraran del acta. “Fue una situación que me dejé llevar por la última parte del relato, precisamente por la intensidad de los hechos, presidenta, no fue mi intención ofender al Senado, pido que se retire del acta y no volverá a ocurrir”, dijo.

Los abogados de la defensa tomaron la palabra tras la intervención de los acusadores para defender a la magistrada.

Sus exposiciones se enfocaron en dar cuenta de una serie de vulneraciones que sufrió la menor Ámbar por parte de un sistema que debía protegerla y que no se podía convertir a Donoso en un “chivo expiatorio” de dichas faltas.

“Cuando decimos que se está intentando culpar a una ministra por las falencias de un sistema, lo decimos responsablemente y con información que está a manos de todos y que la acusación no ha comentado. Y el peligro de desoír esto, de centrar todo el problema en una ministra, miembro de una comisión, es apuntar a una sola persona con el dedo, como si su destitución eliminara el problema cuando los múltiples fallos vienen de la sobrecarga del programa del Sename, la falta de comunicación entre instituciones, la insuficiente oferta de ayuda, la falta de protección familiar y un largo etcétera”, dijo el abogado Jaime Winter.

Por su parte, Luis Hermosilla aprovechó su tiempo para criticar a los diputados acusadores y poner énfasis en los riesgos para el sistema judicial que podría producir la aprobación del libelo.

“La falta de argumentos aquí ha sido notoria, que se trata de suplir con agresividad, con insolencia, insolencia respecto de ella (Donoso), pero incluso insolencia que incluso llevó a que la señora presidenta de esta Corporación tuviera que representar el hecho a alguno de los diputados quien tuvo que excusarse y pedir que se retiraran del acta afirmaciones que yo francamente no había escuchado nunca, incluso en tribunales, respecto de eventuales complicidades respecto de actos futuros. Ese exceso de vehemencia es contrario a la argumentación”, dijo.

Agregó que “creo que las cosas están claras para este Senado. Aquí no existe notable abandono se deberes. Se fuerza el requisito que establece la Constitución, se fuerza a través de tratar de generar emociones negativas, se fuerza a través de buscar como una especie de empatía desde el sentido común, eso claramente no es suficiente. Si el principio de la inamovilidad de los jueces es un principio sagrado para el funcionamiento del Estado de derecho”.

“Puede no gustarnos las decisiones de los jueces, puede que no estemos de acuerdo, ocurre todos los días. Es más, los jueces se pueden equivocar, eso es absolutamente normal, para eso existe un sistema de recursos. Pero en nuestros jueces, en garantía de los derechos de todos, autoridades y ciudadanos, tienen que tener la libertad para poder resolver todos los días y en cada lugar del territorio nacional, sin el temor de que se levante una campaña en contra ellos y que sean cuestionados por el contenido o las decisiones que tomaron. Eso es un daño irreparable al funcionamiento de nuestra institucionalidad”, cerró el jurista.

La mayoría de los senadores estuvo por rechazar el libelo, argumentando que la jueza cumplió con la normativa vigente a la época, a pesar de que dejaron claro que no les acomodaba la decisión de la Comisión de Libertad Condicional.

Luz Ebensperger (UDI) afirmó que “discrepo de muchas posiciones y declaraciones que ha dado la ministra Donoso. Creo que tiene posición equivocada y ha tomado malas decisiones (...) sin embargo, resulta riesgoso que los partidos políticos estén llamados a remover a los jueces en virtud de las decisiones que toman cuando éstas no sean aprobadas popularmente”.

Su par PS, Juan Pablo Letelier, aseguró que “yo soy de aquellos que creen que algunos delitos no debiesen tener beneficios”. Añadió que “a mi no me gustaba la ley vigente en ese momento, pero por más que estudie lo que sucedió, no llegó a la convicción de que actuaron fuera de la ley”.

“Esta acusación siento que está motivada más bien por el asesinato trágico de Ámbar, situación de la cual nadie en esta sala es responsable”, complementó.

La senadora UDI, Jacqueline van Rysselberghe, una de las pocas que aprobó el libelo, argumentó que "creo que esta jueza actuó con sesgo. Yo puedo entender un error, puedo estar en desacuerdo con una decisión, pero no me digan que la libertad condicional es un derecho. Si durante muchos años los internos de Punta Peuco han pedido libertad condicional y no se la han dado. ¿Si fuese un derecho por qué no se la han dado a ellos?”.

El independiente Alejandro Guillier dijo, en tanto, que “aquí no se ha violado la ley, se ha aplicado un criterio rígido (...). No podemos echarle la culpa a una persona de las fallas de un sistema que hace rato viene colapsando”.

“No corresponde destituir a una jueza por aplicar una ley donde muchos son responsables y por una cadena de insensibilidad e ineficiencia del seguimiento de personas con el beneficio de libertad. Y castigando a una jueza no se va a solucionar nada”, añadió.

Isabel Allende (PS), declaró que “el haber dejado libre a un doble homicida, uno lo puede ver hoy como una muy mala decisión. Juzgar lo que ocurrió cuatros años después parece no ser algo muy objetivo. Espero que seamos más rigurosos al establecer los límites del beneficio de la libertad condicional”.

Mientras que Claudio Alvarado (UDI), dijo que “la ministra Donoso aplicó la ley vigente, la cual debido a sus falencia fue modificada posteriormente”.

El DC Francisco Huenchumilla sostuvo que “yo me pregunto por qué los diputados se demoraron cuatro años en ejercer esta facultad. La ejercen cuando uno de los beneficiados de aquella libertad colectiva, comete el asesinato repudiable de Ámbar (...) Es una de las acusaciones más débiles que me ha tocado ver a mí en el tiempo que llevo de senador”.

Pedro Araya (IDN), en la misma línea, dijo que “si tan aberrante resulta la actuación de la ministra Donoso, entonces conviene preguntarse porqué los diputados acusadores demoraron más de 4 años en presentar la acusación constitucional, porqué la acusación se presentó luego de la presunta reincidencia del señor Bustamante. ¿Significa esto que la actuación de la señora Donoso fue correcta, lícita o en el cumplimiento del deber mientras no haya reincidencia del imputado? ¿Si los hechos son tan graves y flagrantes, se hizo en su momento una denuncia por prevaricación u otro delito? Lo anterior no tiene ninguna lógica y se muestra el uso abusivo que se le está dando a esta herramienta constitucional”.

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, sostuvo que “ha quedado acá de manifiesto algo que ya conocíamos, la deficiencia y debilidad de los programas de atención a los niños, niñas y adolescentes”.

“Lamentando la muerte de Ámbar, estimo que el peor favor que podemos hacer para que estas cosas cambien, para enfrentar de raíz la violencia de género, para mejorar el sistema penitenciario y para proteger adecuadamente la infancia, es hacer recaer en una magistrada, con una correcta carrera funcionaria, la exclusiva responsabilidad de este hecho para que el Estado, todos nosotros, la sociedad y todos los que tenemos alguna responsabilidad en sus reglas de funcionamiento, quedemos a salvo y no asumamos ninguna responsabilidad”, complementó.