Proyecto UDI busca modificar asignaciones según tamaño de distritos

Una nueva forma de establecer la dieta parlamentaria y las asignaciones con que cuentan diputados y senadores para realizar su labor es la propuesta que impulsará la bancada de diputados de la UDI, a través de un proyecto de ley que ingresarán en los próximos días al Congreso.

El tema ha tomado fuerza en los últimos días, en medio de cuestionamientos por los viáticos y otros beneficios que reciben los parlamentarios y el reajuste del sector público, donde el alto "sueldo" de los legisladores genera duras críticas, lo que significó que la discusión por las remuneraciones fiscales dejara fuera del alza a las más altas autoridades, entre estas a los congresistas.

Con su proyecto, no obstante, los diputados de la UDI incorporan un elemento adicional: la inadecuada forma en que, a su juicio, se distribuyen los recursos para el desarrollo de la labor parlamentaria, es decir, las asignaciones.

Este debate también estuvo presente durante toda la discusión del proyecto de ley que, en 2017, modificó el sistema electoral binominal, aumentando el número de diputados y senadores y delineando nuevos distritos y circunscripciones que, en la mayoría de los casos, significó un aumento del tamaño territorial que cada parlamentario representa.

Pese a las voces en contra, predominó la postura que defendía el entonces gobierno de Michelle Bachelet: el aumento de parlamentarios no supondría un peso más para el Fisco.

Debido a que la dieta está establecida en la Constitución y ninguno de los proyectos presentados para rebajarla ha avanzado en el Congreso, el "impacto" del cambio de sistema recayó principalmente en los recursos destinados a gastos operacionales, asesorías, personal de apoyo y otros.

El texto de la bancada UDI -al que tuvo acceso La Tercera- tiene por fin sacar la regulación de la dieta del artículo 62 de la Constitución y entregar esa responsabilidad al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, órgano externo compuesto por cinco miembros, entre quienes debe haber un exconsejero del Banco Central; un exdecano de una facultad de Administración, de Economía o de Derecho de cualquier universidad reconocida oficialmente por el Estado; un exsenador y un exdiputado que se hayan desempeñado como parlamentarios durante un mínimo de ocho años, y un exministro de Hacienda o de Economía, Fomento y Reconstrucción, o un exdirector de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

A este órgano, la iniciativa UDI entrega también la responsabilidad de fijar las asignaciones "en atención a los siguientes criterios: número de población, dimensión geográfica, accesibilidad, entre otros".

Según explicó el diputado Juan Antonio Coloma, "este es un debate que ya se dio cuando se discutió el redistritaje. Fuimos muchos los que cuestionamos el aumento del tamaño de los distritos sin que hubiera aumento de recursos para el trabajo en terreno. Lo que buscamos ahora es corregir esa desproporción que se generó".

El jefe de bancada UDI, Javier Macaya, destacó además que "contribuye a una buena gobernanza que sea un ente autónomo el que fije las remuneraciones de los parlamentarios".

Adicionalmente, el texto propone que "las remuneraciones de los altos cargos de las empresas públicas creadas por ley y las empresas del Estado que cumplan una función estratégica serán determinadas por el Presidente de la República, en atención a criterios que garanticen competitividad con su área".b

Recordando que se trata de una propuesta incluida en el programa de gobierno, el jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya, enviará al Presidente Sebastián Piñera una carta exigiendo que se agilice la tramitación de una reforma constitucional para disminuir el número de parlamentarios, y fijar así en 120 el número de diputados y 40 los senadores.

Tras un acuerdo adoptado por la bancada, Macaya transmitirá al Mandatario su interés porque el gobierno ponga "discusión inmediata" al proyecto ingresado por la UDI y RN el 19 de abril pasado, y que no ha tenido avance alguno a la fecha.

Esta es la máxima urgencia que se contempla para tramitar una iniciativa y supone seis días para que el texto sea despachado por la respectiva Cámara.

En la misiva -a la que accedió La Tercera-, el diputado expone que, en los últimos días, "nuestra clase política ha sufrido una serie de cuestionamientos a raíz del gasto que implica el ejercicio de la labor parlamentaria", destacando que ello fue expuesto "de manera permanente" a la administración de Michelle Bachelet en medio de la discusión del cambio de sistema político.

El legislador expresa, además, que "una de las razones que nos llevaron a ganar la última campaña presidencial fue justamente la propuesta que nuestra coalición le hizo al país, donde se mostró el desastre que había generado la Nueva Mayoría, cuyas propuestas no eran más que acciones ideológicas muy alejadas de lo que Chile necesitaba y quería". En contraste -continúa-, "esta reforma implica un cambio acorde a lo que la ciudadanía espera".

En este contexto, la bancada gremialista pide a Piñera debatir la rebaja en el número de parlamentarios de manera urgente y a través de una discusión "seria, dejando de lado los populismos y la ideología".

Según explicó Macaya, el objetivo de esta ofensiva es responder a "una reforma ideológica de la izquierda que ha contribuido a un mayor desprestigio del Congreso. Por eso, le exigimos al Presidente que cumpla con el programa y discutamos el proyecto con la máxima urgencia".