Una larga exposición fue lo que comenzó haciendo este martes el gobierno sobre su propuesta contenida en la reforma previsional para que el 6% de cotización adicional que establece el proyecto se destine a un Seguro Social. El asesor del gobierno en esta materia, Cristóbal Huneeus, expuso ante la mesa técnica de pensiones los cálculos y argumentos que hay detrás de la solidaridad que busca hacer el gobierno con la totalidad de la cotización.

“Sin duda que hoy ha habido un buen avance en una voluntad de diálogo importante, así que espero que esto sea una noticia en desarrollo para que podamos prontamente legislar”, dijo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, luego de la tercera sesión de la mesa técnica convocada por el gobierno, con el objetivo de viabilizar la reforma al sistema de pensiones, y en la que participan parlamentarios y técnicos de los partidos políticos.

En esta, la primera sesión de la mesa técnica sin la UDI, no sólo el gobierno hizo una exposición, sino que también el asesor de RN, Alejandro Charme, que en la última media hora de la reunión presentó la propuesta que modeló para la bancada de dicho partido. Respecto de esta, si bien ya había trascendido un documento, este martes por primera vez se mostró de manera oficial dicha propuesta al Ejecutivo.

Ella contempla que el 6% se destine en su totalidad a cuentas individuales, pero haciendo una solidaridad previa para quienes aportan dichas cotizaciones, esto es, los futuros pensionados. La propuesta también plantea hacer solidaridad para actuales pensionados mediante la Pensión Garantizada Universal (PGU), según años cotizados. Desde el gobierno solicitaron al representante de RN que entregue las cifras que se usaron para los cálculos.

Pero más allá de lo que ocurrió este martes en la mesa técnica, también hubo una polémica fuera. Durante la mañana empezó a circular una declaración del diputado republicano Juan Irarrázabal señalando que el partido se restaba de la mesa técnica, sumándose a la UDI. Sin embargo, un rato después, el jefe de bancada de los diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, salió a aclarar que seguirían en dicha mesa, pero que no acudirían los parlamentarios, sino los técnicos, tal como ocurre actualmente con representantes de otros partidos en dicha instancia.

En todo caso, hubo molestia de la colectividad al ver que el gobierno presentó la propuesta de un 6% de cotización al Seguro Social, tal como está hoy en la reforma previsional, y sin enseñar la nueva estructura que habían socializado anteriormente, donde se destinaba un 4% a solidaridad y 2% para los seguros sociales, desechando las cuentas nocionales.

El diputado Moreno dijo que estaban evaluando ir parlamentarios a la mesa técnica, pero decidieron mantener sólo a los técnicos en ella. “Dado las faltas a la verdad de la ministra respecto al 6% de las cotizaciones, dado que volvieron a hablar de cuentas nocionales, dado que siguen planteando una discusión no en términos técnicos, sino en términos políticos, es que tomamos la decisión de que solamente se mantengan en esta mesa los técnicos”, comentó.

RN propone hacer solidaridad intergeneracional al incrementar la PGU que reciben los actuales pensionados, según años cotizados. El documento que elaboró la colectividad recuerda que la actual reforma previsional del gobierno propone subir la PGU a $250 mil para todos, lo cual irrogaría un gasto fiscal equivalente a US$1.515 millones. Ahí se señala que esto tiene “el inconveniente que dicho aumento no incentiva a la formalización en el empleo y, por consiguiente, a cotizar en el sistema”.

Por eso, RN apunta a que haya un incremento de la PGU por años cotizados, ”de manera tal que quien haya cotizado 30 años o más, perciba un incremento de $300.000 mensuales. Esto quiere decir que todos los chilenos mayores de 65 años recibirán la PGU actual e incluso se podría elevar a la línea de la pobreza y para aquellos que hayan contribuido al sistema se les incrementa según los años cotizados, llegando a la suma de $300.000″.

En ese sentido, el documento detalla que evaluaron cuatro escenarios para la PGU. De ellos, tres tienen un menor costo fiscal que la propuesta del gobierno, y el escenario restante tendría el mismo costo fiscal.

Para los futuros pensionados, en el pilar contributivo obligatorio, RN propone elevar la actual tasa de cotización para pensiones que hoy es de 10%, a un 16%, destinando todo a cuentas individuales, pero haciendo solidaridad. Acá plantea hacer una “distribución de cotizaciones previsionales con destino a las cuentas de capitalización individual de las mujeres, bajo una perspectiva decreciente en el tiempo, puesto que no podemos establecer como permanentes las inequidades del mercado laboral y demás situaciones que contribuyen a ella. Esta solidaridad consiste en que como máximo un 10% de la cotización adicional del 6% de los hombres que cotizan un mes respectivo se destinará exclusivamente a las cuentas de capitalización individual de las mujeres que cotizan dicho mes. Se estima que un 0,4% o 0,4pp. son necesarios para corregir tal brecha”.

La propuesta de RN agrega que “la distribución entre las mujeres se hará por partes iguales, beneficiando aún más a las mujeres que tienen una remuneración o renta inferior al promedio de los hombres”.

Se han realizado un total de tres reuniones de la mesa técnica, contando la de este martes, pero probablemente habrá más de las que estaban presupuestadas inicialmente, dado que el calendario está retrasado. Y precisamente en la última cita a la que asistió la UDI, que fue la del viernes pasado, se abordó la reorganización industrial de las labores que hoy desempeñan las AFP y la eficiencia en costos que estima el gobierno que habría por este motivo.

En la presentación que hicieron a los técnicos el viernes pasado, el Ejecutivo enseñó cifras respecto de cómo sería la composición del gasto al incorporar en el sistema a un gestor centralizado para las actividades de soporte, separando dicha función de las AFP, al licitarla a un privado.

Al respecto, el gobierno sostuvo que habría una “disminución de costo por centralización de operaciones de 39% aproximadamente”. Esto, porque según da cuenta la presentación, el gasto total anual del operador centralizado sería de US$ 198,1 millones. De ello, el gasto asociado a la contratación del personal representa US$ 86,3 millones, el gasto administrativo sería de US$ 33,5 millones, y el gasto en contratación de servicios equivale a US$ 78,3 millones. Todo eso se compara con los US$ 325 millones que implica el gasto total de una operación descentralizada, explica el documento.

En el detalle, la presentación muestra que, sobre la dotación, “en base a las cargas operacionales del sistema, los niveles de automatización de los procesos, eliminación de procesos producto de la centralización y una cobertura geográfica de 100 localidades, se obtiene una dotación para una entidad centralizada de 2.711 personas para la entrega del soporte, es decir administración de cuentas y servicios al afiliado (personal equivalente en la estructura actual descentralizada promedio de 2022 es de 3.696)”.