Ricardo Díaz, gobernador de Antofagasta: “Por tratar de evadir la responsabilidad de las seremis, se ha desviado la atención de los convenios a los Gores”

En medio del denominado caso líos de platas, el Gobierno Regional de Antofagasta, encabezado por Ricardo Díaz (ex RD), ha recibido varios cuestionamientos. De hecho, recientemente Contraloría emitió el preinforme de la auditoría realizada a los traspasos que la entidad ha realizado a entidades privadas, detectando una serie de falencias.

Entre ellas, se les cuestionó falta de control e inexistencia de registros de ocho millonarios traspasos. Sin embargo, el gobernador descarta que se haya incurrido en faltas a la probidad y asegura que se están realizando todas las mejoras necesarias para subsanar las observaciones. A su juicio, “intereses políticos electorales” son los que cruzan los reproches que reciben.

¿Cuál fue su primera impresión tras recibir el informe preliminar que emitió Contraloría?

Recibimos de buena forma las observaciones que hace Contraloría, en el bien entendido de que ojalá avancemos hacia una visión de mejora de los procesos de los gobiernos regionales -lo que es muy necesario- y no en este afán punitivo de andar denostando públicamente instituciones. Nos parece que el informe preliminar es bastante claro respecto de que en el gobierno regional de Antofagasta no hubo ninguna falta a la probidad en ninguno de los procesos que se analizaron. Lo que se ha manifestado son algunas inconsistencias administrativas que deben ser subsanadas.

¿Entre las medidas adoptadas ha resuelto, por ejemplo, la desvinculación de algún funcionario? Eso sí se ha dispuesto en otras regiones.

Hasta el momento no. Esto es un preinforme que está asociado a una investigación de Contraloría, donde también uno espera que se actúe con criterios de probidad, para resguardar el bien superior y el bien público para mejorar los procesos. Pero lamentablemente vemos que el contralor no ha estado actuando desde esta perspectiva, porque se están filtrando informes que son confidenciales y se está exponiendo el quehacer de funcionarios de trayectoria.

¿Considera que hay intereses políticos que están incidiendo en el surgimiento de denuncias o de investigaciones?

Claramente hay una arista política electoral en lo que ha sido el análisis de toda esta situación de los convenios con fundaciones, puesto que en una primera instancia, todas estas irregularidades, que son cuestionables, se dieron en una Seremi en particular. De ahí nosotros lo que advertimos es que, por tratar de evadir la responsabilidad de un organismo centralizado como las seremis, se ha pretendido desviar la atención de los convenios hacia los gobiernos regionales.

Lo único que se quiere tratar de demostrar es que han existido irregularidades, negociaciones incompatibles, tratos preferentes, situaciones que, por lo menos, en el caso de Antofagasta no han ocurrido. Entonces, lamentablemente, por un afán electoral e inmediatista, se está dañando un proceso descentralizador que mejoraba la vida de las personas. Porque cuando se intentan poner demasiadas trabas sobre los gores, no se está perjudicando a los gobernadores, se está perjudicando a gran parte de la ciudadanía. Por cierto que los gobiernos regionales tienen que mejorar sus procesos y tener mayor capacidad para ejecutar proyectos, pero fortalezcamos también su acción.

¿Pero no considera que les ha faltado mayor control?

En los gobiernos regionales se hace mucho análisis técnico, se pasan por muchos más controles que en el caso de las seremis. Por lo mismo, cuando tenemos que tomar una decisión la tomamos sobre la base de información pertinente. En el caso nuestro, con el convenio tan cuestionado con ProCultura, teníamos las rendiciones adecuadamente hasta el quinto mes. Ahí comienza toda esta situación mediática que genera que las familias desistan del proyecto, y bueno, ahí finalmente tenemos que tomar la decisión de terminar con el proyecto.

Creo que hay que hacer una diferencia en el actuar de los gobiernos regionales, que por lo menos en el caso de Antofagasta ha sido adecuado y siempre hemos protegido los recursos.

Si bien usted dice que no se detectaron faltas a la probidad, sí se constataron hechos que, eventualmente, podrían dar pie a aquello. Por ejemplo, que no pedían a las entidades comprobante de los ingresos o que había transferencias que no estaban en los registros.

Yo tengo una mirada distinta. Respecto de los registros de las transferencias, nosotros sí tenemos evidencia de que las transferencias han sido recepcionadas por la entidad ejecutora. De hecho, con la cartola de la cuenta bancaria sabemos que los dineros están donde deben estar, que es una cuenta especial para el trabajo. Lo que se nos pide ahora es que además de eso incorporemos una recepción formal, con una firma de lo que se está haciendo. Pero sí hay un registro.

Sobre el ingreso en el portal de proveedores, detectamos que se hacían los ingresos de todas aquellas iniciativas que estaban debidamente rendidas. Lo que hemos hecho ahora es anticiparnos y ya validamos los registros de todas las transferencias hechas, por lo que hoy eso ya está actualizado.

¿Y qué pasa con la carencia de protocolos que impidan fijar convenios con entidades con inhabilidades? Eso también se les advierte.

La capacidad de prever que se haga un convenio con alguna entidad que pueda tener conflicto en otra región o con otro servicio, es una debilidad a nivel nacional. Eso lo planteamos como gobernadores en la Comisión de Transparencia. Se hace necesario que el registro de instituciones colaboradoras del Estado tengan un sistema online en donde todos informemos y en donde la información esté en línea. Es más, pedimos que ese registro tenga datos del SII, de la Tesorería, del Registro Civil, para así ir constatando la información de las entidades.

Los fiscalizadores evidenciaron falencias en el control de la rendición de los recursos, pues estos los mantenían en planillas Excel, lo que constituye un riesgo. ¿Por qué esa era la modalidad, ¿están trabajando en ajustes?

Esto es un preinforme. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de explicar y explicitar mejor nuestros procedimientos. En este momento estamos en la licitación de un sistema informático que permita mantener en línea los registros de todo traspaso. Habíamos advertido esa debilidad, a principios de este año lo conversamos y buscamos proveedores que pudiesen brindarnos esos sistemas.

Inicialmente, usted defendió el convenio con ProCultura, pues, como indicó, fue validado por Contraloría y otros organismos. ¿Cómo fue la situación que tuvieron que enfrentar con ellos? Ese caso le ha costado duras críticas.

La defensa que yo he hecho ha sido siempre respecto de lo institucional, de los procedimientos que nosotros tenemos. Ese convenio no era sólo pintar fachadas, tenía que ver con un programa de empleo, capacitaciones. Y en ese sentido lo que nosotros también defendíamos es que venía desde antes de mi administración, no fue un proyecto que nosotros hayamos traído, no hubo vinculación con los dueños y que, además, pasó por la Subdere, por Dipres, por la misma Contraloría y validado por el Consejo Regional. Ahí tampoco se entregaron todos los montos y había boleta de garantía.

Por el caso referente a la fundación Germán Miric también ha debido hacer frente a cuestionamientos. Hay funcionarios de la Gobernación que han denunciado que ellos derechamente habrían realizado una triangulación de dineros y usted anunció una investigación por lo ocurrido. ¿En qué etapa está esa indagatoria?

Eso tampoco fue una asignación directa, sino que era parte de los proyectos que revisaba el Consejo Regional y que tenían una validación técnica previa. Hubo un actuar transparente, pero igualmente lo está revisando la unidad de control del Gobierno Regional en estos momentos. Entiendo que no se ha detectado ninguna falla en el procedimiento ni tampoco ningún conflicto de interés respecto a lo que pasó. Ahora, como esa fundación está asociada a una determinada tendencia política, al Partido Comunista, hay convenios que hemos trabajado con fundaciones y agrupaciones que también están asociados a otra determinada tendencia política.

Entre los últimos reproches que se le han hecho, se menciona la compra de un inmueble que presentaría fallas estructurales. ¿Eso también ha sido subsanado?

Ese es un proyecto del servicio de Patrimonio y Las Culturas. Es un proyecto que tiene un carácter de validar en el sentido histórico, sector de Antofagasta, el sector de la molinera. Ahí nosotros pagamos menos de lo que valía comercialmente, fue un proyecto que validó la Dirección de Presupuesto y que pasó por los procesos. Lo que se espera es poder construir un museo regional interactivo y el archivo regional, que son dos elementos con los que no contamos, y esperamos que cuando eso se construya se pueda valorar, como sí lo han hecho los vecinos de la zona.