Secretaria general de Comunes asegura que no se les informó el allanamiento a la sede del partido y emplaza a la Fiscalía: “Corresponde que se muestre cómo se nos habría informado ”

La tarde del viernes se registró un procedimiento policial en la sede del partido Comunes, ubicado en la calle Concha y Toro. Se trató de un allanamiento, encabezado por el Fiscal Héctor Barros, enmarcado en las indagatorias de la Fiscalía por presunto fraude de subvenciones, a raíz de la denuncia levantada por Ciper sobre pagos millonarios a los asesores de la campaña a gobernadora regional de Karina Oliva, hoy candidata al senado.

Desde el partido rechazaron el operativo. La directiva transitoria emanó una declaración en calificaron de “desproporcionada” e “injusta” la acción policial. Misma reacción vino desde Apruebo Dignidad, coalición que integra Comunes, e incluso desde su candidato presidencial, Gabriel Boric, quien pese a quitar su apoyo a Oliva, cuestionó la forma en que se realizó el allanamiento. “La democracia que aspiramos las policías no allanan con metralletas a organizaciones políticas opositoras con transmisión en vivo a hrs de elección”, es parte de lo que escribió en una publicación en Twitter.

Este sábado, la secretaria general del partido, Camila Rojas, insistió en sus críticas al allanamiento y volvió a apuntar al gobierno como responsable, aunque no detalló nuevos pasos a seguir. “Lo ocurrido parece que fuese un acto de intervencionismo electoral y amedrentamiento a un partido que es opositor y además estamos a dos días de las elecciones”, aseguró en charla con Canal 13.

Además, Rojas detalló que la directiva transitoria del partido -tras la petición de renuncia al expresidente Jorge Ramírez, mencionado en la denuncia de Ciper- se enteró de lo ocurrido por televisión y no fueron notificados del operativo.

“Lo que puedo señalar es que a ninguno de los miembros integrantes de la directiva actual se nos informó, no se nos llamó, no nos llegó un correo. Por lo tanto o fuimos notificadas”, detalló.

Una versión a contrapelo de lo planteado por la Fiscalía, la que en voz del fiscal de Alta Complejidad Milibor Bugueño, aseguró que el operativo se decidió una vez que se les fuera negado el ingreso voluntario a la sede partidaria. “En primer lugar se intentó solicitar la autorización voluntaria para el ingreso y registro en distintos lugares. Como no se logró, se pidió autorización judicial respectiva y se están realizando estas distintas diligencias a través del día para reunir la mayor cantidad de antecedentes”, indicó ayer.

Pero, Rojas insistió por su lado. “Me enteré por las imágenes que empezaron a salir en los noticiarios -detalló en la misma entrevista-. A raíz de eso me comuniqué con mis compañeras que son parte de las directiva”.

Cuando se le preguntó por la versión de la Fiscalía, respecto a que no se consiguió la autorización voluntaria del procedimiento, Rojas no dudó en emplazar. “Si se insiste en que se nos informó, lo que corresponde es que se muestre como se nos habría informado”.

“Se avisó a la prensa y no a nosotros que somos parte de la directiva de Comunes, y se ha actuado con una diligencia desconocida hasta ahora -agregó-. Consideramos que el no habernos informado es faltar al debido proceso”.

Hasta ahora, no se han registrado más reacciones desde la Fiscalía o desde el gobierno respecto al procedimiento policial.