Senado acuerda por mayoría recurrir ante el TC para impugnar Comisión contra la Desinformación

En una tensa sesión, los senadores aprobaron este miércoles -con 18 votos a favor, 11 en contra y tres abstenciones- un proyecto de acuerdo presentado el martes que autoriza a la corporación solicitar al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie sobre la Comisión Asesora Ministerial contra la Desinformación creada por el gobierno.

La votación no era un mero acto declarativo. A partir de este proyecto de acuerdo, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), adquirió un mandato para tratar de impugnar la juridicidad de la mencionada comisión, ya que -a juicio de un grupo mayoritario de senadores- se inmiscuía en la “libertad de opinión y la de informar”, garantizadas constitucionalmente y que sólo pueden ser restringidas mediante una ley de quórum calificado y no por un decreto supremo. En este caso, el decreto fue firmado por las ministras Aisén Etcheberry (Ciencia) y Camila Vallejo (Segegob).

Además de otorgarle un poder a Coloma, el proyecto acuerdo, presentado por senadores de la UDI, RN, Evópoli, republicanos y Demócratas, buscaba hacer presente al Mandatario “la opinión” de la Cámara Alta respecto a que el mencionado decreto, publicado en el Diario Oficial el 20 de junio de 2023, “es inconstitucional por incidir en una materia de ley que debe ser discutida en el Congreso Nacional”.

A favor del acuerdo del Senado se manifestaron los legisladores patrocinantes, mientras que el oficialismo mayoritariamente votó en contra, salvo los socialistas Fidel Espinoza y José Miguel Insulza, quien explicó que su voto obedecía a cuestiones de forma, pues no se permitió debatir esta resolución. También se abstuvo el independiente Karim Bianchi.

En el escrito, se acuerda “autorizar a esta corporación a comparecer ante el Tribunal Constitucional, mediante el correspondiente requerimiento de inconstitucionalidad en contra del ya referido Decreto N° 12 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejerciendo todos los derechos que la Constitución y la ley le franquean y alegando los vicios de constitucionalidad que correspondan”.

Tras su aprobación, el requerimiento será presentado este jueves al Tribunal Constitucional, según adelantó el mismo senador Coloma, en vista de que vencía el plazo para presentar la impugnación. “Hay un principio clave. Hay normas que deben resolverse por ley y no por decreto. Lo que se está haciendo es defender ese derecho que es muy relevante, hay temas vinculados a la libertad de expresión”, explicó el presidente del Senado.

Antes de que se votara esta resolución, el tema tensionó el ambiente en el Senado.

De hecho, antes del inicio de la sesión, se vio al senador Daniel Núñez (PC) reclamarle a Coloma haber puesto este tema en la tabla del miércoles.

Ya iniciada la sesión, la también PC Claudia Pascual cuestionó que el escrito, recién presentado el martes, se viera al día siguiente, sin acuerdo de todos los comités.

Coloma retrucó que, a diferencia de las iniciativas de ley, los proyectos de acuerdo no requieren acuerdos y que se discuten en la medida que van ingresando a la secretaría.

En medio de la disputa, debió citarse a un encuentro de comités -solicitado por el PC- para abordar las críticas del oficialismo, alentadas por el mismo gobierno. Para endurecer la molestia, se pidió incluso suspender la sesión, solicitud que llegó a votarse, pero fue rechazada por la mayoría de los senadores opositores.

Ya en la discusión, la senadora Ximena Rincón (Demócratas), una de las impulsoras del proyecto de acuerdo, recalcó que este “es un tema sensible”, y que, a su juicio, los senadores deberían “tener una sola mirada, porque cuando perdemos espacio en la libertad de expresión tambalea la democracia”.

Luciano Cruz Coke (Evópoli), por su parte, explicó que el proyecto de acuerdo “no obliga a llevarlo al Tribunal Constitucional, solo da la posibilidad de hacerlo”.

Luego de la aprobación y al término de la sesión continuaron los coletazos políticos. La senadora y jefa de bancada del PPD, Loreto Carvajal, dijo que evaluarán la censura (solicitud de destitución) de la mesa que preside Coloma.

Sin embargo, inmediatamente la senadora y presidenta PS, Paulina Vodanovic, y la jefa de bancada de la DC, Yasna Provoste, pusieron paños fríos. “No lo hemos conversado (la censura a la mesa)”, dijo Vodanovic. “Al vicepresidente no (lo vamos a censurar)”, sostuvo con tono de broma Provoste, en el entendido de que su camarada Francisco Huenchumilla (DC) ocupa ese cargo y también saldría perjudicado con una solicitud de destitución de la mesa.

Independiente de eso, Vodanovic cuestionó que “aquí se está haciendo un uso indebido de esta herramienta (recurrir al TC, mediante una resolución del Senado)”. Además, frente a las dudas que han expresado los legisladores socialistas, señaló que “es legítimo tener críticas a esa comisión, lo que no es legítimo es mal usar la herramienta de los proyectos de acuerdo”.

Por su parte el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, defendió el actuar del gobierno. ”Estamos hablando de una comisión asesora, no vinculante, en un tema sensible para democracia como la desinformación. Y probablemente (la comisión) hará un estudio comparado de lo que están haciendo otros países respecto de cómo se regulan las fake news. Aquí nadie está hablando de vulnerar la libertad de expresión. Eso está fuera de discusión”.

A nombre del gobierno, el ministro de Justicia, Luis Cordero, ofició como vocero en este tema. “El decreto lo que hace es crear una comisión temporal, consultiva, que no tiene labores ejecutivas, simplemente con el objeto de tener la opinión de expertos”, dijo el ministro.

La Comisión Asesora Ministerial contra la Desinformación -cuyos integrantes de presentaron el 5 de julio- había sido duramente criticada por la oposición. Incluso, había generado dudas en sectores del oficialismo.

La semana pasada, las ministras Vallejo y Etcheverry -quien oficiará como presidenta de la instancia- habían expuesto ante la Comisión de Constitución del Senado, donde defendieron la instancia.

El gobierno ha dicho que la comisión no va a proponer proyectos de ley, ni realizará una revisión de redes sociales ni emitirá opinión sobre plataformas digitales y no definirá temas de la coyuntura. Sin embargo, los senadores, incluso algunos oficialistas, realizaron una serie de cuestionamientos ese día.