Servel se desmarca de polémica por recorte en financiamiento electoral: “Es una iniciativa del gobierno”

El próximo lunes, en el primerísimo lugar de la tabla de la Cámara de Diputados ya figura la reforma que amplía a dos días las próximas elecciones regionales y municipales, que incluye, además, un variado paquete de medidas electorales.

A pesar de que la Comisión de Hacienda de la Cámara aún no vota la iniciativa -lo cual se resolvería entre las 15.30 y 16.15 del mismo lunes-, la apuesta del gobierno es lograr que los diputados aprueben, en esa jornada, el proyecto en la sala.

Si bien la idea de realizar las elecciones en dos días -ante el inminente colapso de los locales de votación producto del voto obligatorio- generaba resistencia inicialmente en la oposición, ese punto ya dejó de ser el principal nudo de la reforma.

De hecho, se espera que esta propuesta para descomprimir el flujo de votantes -que el gobierno hizo propia y muchos legisladores aceptaron a regañadientes a petición del Servicio Electoral (Servel)- se apruebe con una holgada y transversal mayoría. Hasta el momento solo votarían en contra los diputados republicanos, socialcristianos y algunos independientes.

El mayor punto de discordia, sin embargo, será la votación de una indicación del gobierno que busca reducir el reembolso fiscal, que actualmente reciben los partidos y los candidatos por cada sufragio obtenido.

Consultado por La Tercera, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, aclaró que esa enmienda gubernamental para reducir el gasto fiscal “no es una iniciativa del Servel, es una iniciativa del gobierno, no fue una petición nuestra”.

Si bien el organismo que dirige proveyó la información técnica que sustenta la medida, agregó que el servicio “es prescindente” de la discusión política que hoy divide tanto al oficialismo como a la oposición.

La reforma que se votará este lunes en la Cámara, además de la extensión de dos días y del recorte del financiamiento, establece multa entre $65 mil y $200 mil a quienes no sufraguen.

También el proyecto consagra medidas simples como el uso del lápiz de pasta azul y la obligación de instalar dos cámaras secretas por mesa. No obstante, también regula otros puntos más delicados como la obligación del candidato a detallar sus contratos y gastos antes de la elección para evitar el abultamiento de cobros una vez conocida la votación.

La controversia por el financiamiento fiscal a las campañas se origina por la entrada en vigencia del voto obligatorio que debutará en comicios municipales y regionales. Dado que habrá una mayor concurrencia a las urnas (por primera vez en unos comicios no relacionados con el proceso constituyente), ello impactará directamente en las arcas fiscales, pues, si aumentan los votantes, inevitablemente también el Estado -a través del Servel- tendría que incurrir en un mayor desembolso de recursos, estimado en $30 mil millones adicionales.

Frente a ese fenómeno, el Ejecutivo proponía que el reembolso fiscal a los candidatos fuera rebajado de $1.500 a $970 por cada voto, mientras que la devolución, adicional, que se entrega a los partidos -que patrocinan a esos postulantes-, bajara de $560 a $370.

El presidente del Servel recordó que ya en una reforma electoral presentada el año pasado, la llamada “ley larga” para reforzar la obligatoriedad del voto, el Ministerio de Hacienda había expresado su interés en reducir el gasto público dado el impacto fiscal que tendría el sufragio obligatorio.

El problema es que esta materia divide a partidos del oficialismo y de la oposición. Incluso, es probable que en esta materia no exista el tradicional alineamiento de fuerzas opositoras y gubernamentales y, al final, el Ejecutivo sea apoyado sorpresivamente por diputados que suelen actuar con rebeldía (como la bancada PPD-Independientes) o tienen una mirada crítica de las políticas del Presidente Gabriel Boric (como los diputados republicanos o los independientes Johannes Kaiser y Pamela Jiles).

En la discusión que se dio en el Senado, la mayoría de los representantes del oficialismo, entre ellos la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y su par del PPD, Jaime Quintana, votaron en contra de la propuesta gubernamental que buscaba reducir el gasto público por concepto de reembolso por cada voto recibido.

Este cuadro estará mucho más revuelto en la Cámara. No obstante, por tratarse de una norma de quorum especial, la tarea se complica para La Moneda. No basta una mayoría simple y circunstancial de diputados presentes en la sala. Al menos se requerirá el respaldo de 78 legisladores en la Cámara.

El problema del Ejecutivo no termina allí. Incluso, si lograrse reunir la mayoría de 78 diputados que determinó la secretaría de la Comisión de Gobierno, con el respaldo del secretario de la Cámara, el Senado definió un quorum más alto de cuatro séptimos, es decir, 29 senadores en vez de 26, lo que generaría un conflicto entre las dos ramas del Congreso.