La citación ya está hecha y fue realizada por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD). Este miércoles desde las 11 horas se efectuará el primer sorteo para determinar qué diputados o diputadas deberán someterse a un test de drogas, mediante un sistema que los seleccionará de manera aleatoria.

De acuerdo a la citación, los convocados son los distintos jefes de comité parlamentarios, para “realizar el sorteo del test de pelo considerado en el Reglamento sobre control de consumo de drogas en diputadas y diputados”.

El reglamento de la medida fue aprobada el 13 de julio pasado y se transformó en norma legal al quedar dentro de la Ley de Presupuestos de 2022, que se aprobó a finales del año pasado. Pero, para su implementación, requería de un reglamento específico que la propia Cámara debía establecer.

La aplicación de esta prueba será semestral y comprenderá a todos los diputados, sin excepción, de manera aleatoria. Como es por sorteo, no todos los legisladores se van a testear cada seis meses, pero sí tendrán que al menos pasar por el control dos veces en los cuatro años de su período legislativo.

Los plazos que establece el reglamento, se basan desde la publicación del mismo en el Diario Oficial. Es por ello que se establece que “todos los diputados en ejercicio deberán someterse a un control de drogas dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de aprobación del presente reglamento”, lo que ocurrió el 13 de julio pasado.

Tras ello, el jueves 14 de julio, la Cámara envió el oficio al Diario Oficial, que en el plazo de una semana debía publicar un extracto del cambio reglamentario. A partir de la publicación comienza a correr un plazo de 30 días para los exámenes, que -para un primer grupo- a más tardar debieran realizarse cerca del 25 de agosto.

Luego viene un proceso de verificación y difusión de resultados que podría demorar 15 días más, donde se hará público el nombre de quien dé positivo en su examen. Además, para aquellos que se demuestre su consumo de drogas y estupefacientes, deberán autorizar el levantamiento de su secreto bancario.

Si existe una transacción por sobre las 800 UF (unos $26 millones), estos deberán justificar dichos dineros y de no poder hacerlo, el caso se derivará a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara o al Ministerio Público, de ser necesario.