Tres de oposición y dos oficialistas: Así será la comisión que revisará la acusación constitucional contra Montes

Durante la jornada de este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados sorteó los nombres que integrarán la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS).

En la mañana, la oposición -RN, UDI, Republicanos, PSC , PDG e independientes- presentó un libelo en contra del jefe del Minvu por su eventual responsabilidad en el Caso Convenios.

La comisión estará representada en su mayoría por la oposición: Cristian Labbé (UDI), Víctor Pino (Ind), Natalia Romero (UDI), Emilia Nuyado (PS) y Tomás Hirsch (Acción Humanista).

De la lista, además de los parlamentarios que firmaron el libelo, fueron excluidos los diputados Daniella Cicardini (PS), Carmen Hertz (PC), Ricardo Cifuentes (DC) -por ser parte de la mesa- y Maria Luisa Cordero (ND-RN), que se encuentra desaforada.

Antes de comenzar el sorteo, el diputado republicano Johannes Kaiser intervino. “Mi pregunta es si ¿la diputada Catalina Pérez que está en razón de un potencial conflicto de interés, está también excluida de la lista?”, consultó el parlamentario. “Cualquier diputado que crea que otro parlamentario tiene conflicto de interés, tendrá que recurrir a la comisión de ética”, le respondió el secretario de la Cámara, Miguel Landeros.

Cabe recalcar que la comisión tiene como fin elaborar un informe con la sugerencia de proceder o no la acusación constitucional. Este informe -que no es vinculante-después será evacuado a la sala.

Con respecto a los pasos a seguir, hay tres días de plazo a partir de la presentación del libelo para notificar al acusado. Luego, se debe reunir la comisión y escoger quién la presidirá.

Diez días más tarde, el ministro Montes desde que recibió la notificación, podrá presentar su defensa por escrito o acudir a la comisión revisora. La comisión tendrá seis días para estudiar el libelo y pronunciarse. Una vez terminado el plazo, la Cámara baja deberá sesionar para definir si se procede o no con la acusación.