Tricel designa a ministro Sergio Muñoz a cargo de la solicitud de disolución de Comunes

Fue hace casi 50 días que el Servicio Electoral (Servel) ingresó al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) una reclamación para disolver Comunes, uno de los tres partidos que forman el Frente Amplio (FA) y que preside Marco Velarde.

Sin embargo, desde ese 28 de diciembre del año pasado hasta la semana pasada la causa no tuvo mayor movimiento. El Tricel tuvo que esperar a que se renovara la nueva integración del tribunal para que la reclamación pudiera darse cuenta en la sala. Luego con los nuevos magistrados en sus cargos, el Tricel procedió a sortear al juez competente que será el encargado de aceptar o rechazar la disolución en primera instancia.

El sorteo ocurrió el martes y la suerte cayó en manos del influyente ministro de la Tercera Sala de la Corte Suprema, y ahora integrante del Tricel, Sergio Muñoz. Ese mismo día, el magistrado solicitó los antecedentes de la causa para comenzar a estudiarlos.

La misión de Muñoz será especial. Esta es la primera vez en la historia, desde que entró en vigencia la nueva Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, que el Servel activa el artículo 66 de dicha normativa y solicita la disolución de un partido político debido a la infracción “grave y reiterada” de las normas sobre financiamiento de los partidos políticos.

Junto con pedir los antecedentes para estudiarlos, Muñoz dio traslado de la causa. Esto significa, en lenguaje judicial, que el Tricel procederá a notificar de la reclamación al partido, trámite que aún no se había realizado. Una vez que se efectúe le notificación, comenzarán a regir los plazos que contempla el procedimiento.

Además, el traslado implica que Comunes podrá responder por escrito. Esta será la primera oportunidad para convencer a Muñoz de que rechace la solicitud. Para eso el partido está trabajando en el escrito que presentará esta semana junto a los abogados que lo representan en la causa: Claudia Sarmiento, William García y Sebastián Winter.

En su respuesta, Comunes debe hacer frente a las irregularidades detectadas por el Servel. Cuando activó el procedimiento, el organismo electoral informó que “el partido Comunes tiene rechazados los balances 2020, 2021 y 2022. Los montos no rendidos ni reintegrados, a la fecha, ascienden a $ 14.100.000, correspondientes al ejercicio contable 2020, y $ 128.586.823, por el ejercicio contable 2021”.

Los hechos a los que hace alusión el Servel se vinculan con la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía y en la que se constataron graves inconsistencias en la rendición de gastos de la campaña de Karina Oliva para ser gobernadora regional de la Región Metropolitana. Oliva, formalizada en la causa, fue la candidata del FA para disputar dicho cargo, que, finalmente, perdió los comicios ante el exdecé Claudio Orrego.

Esta crisis fue heredada por la directiva que hoy encabeza Velarde, proveniente de la gestión anterior, liderada en ese momento por Jorge Ramírez, exmilitante y expareja de Oliva.

Con el escrito de Comunes, Muñoz podrá resolver. Sin embargo, el partido solicitará abrir un periodo para rendir pruebas. Eso tiene un plazo de ocho días. Incluso, si así lo desea la colectividad y lo acepta el ministro, podría pedir la realización de diligencias fuera del tribunal, extendiendo el término probatorio por otros 30 días más.

Una vez que se rinda la prueba, Muñoz deberá acoger o rechazar la disolución del partido. Sea cual sea su decisión, podrá ser apelada. Ahí será resuelta, en segunda instancia, por el resto del pleno del Tricel, es decir los supremos María Cristina Gajardo, Arturo Prado, Mauricio Silva y el expresidente de la Cámara, Gabriel Ascencio.

Su pugna ante el Tricel se ha vuelto una cruzada para salvar a los militantes de Comunes que quieran competir en las elecciones municipales de este año. Si el partido se disuelve, sus militantes pasarán a ser independientes y -según el criterio del presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle- les aplicaría la ley antidíscolos, impidiendo que puedan participar de los comicios.

La crisis del partido, además, provocó que quedaran excluidos administrativamente del proceso de fusión del FA, en el cual Revolución Democrática y Convergencia Social pretenden, antes de las municipales, fusionarse en un solo partido. Pese a quedar fuera del ámbito administrativo, el diseño implica que más adelante se unan al nuevo partido del FA.