Veto por usurpaciones: PC se resta de primera votación y Tohá logra apoyos inesperados de diputados de derecha

Al menos tres estrategias distintas mostró la oposición este martes en la Comisión de Seguridad de la Cámara para enfrentar el paquete de observaciones (vetos en la jerga legislativa), que el Presidente Gabriel Boric envió al Congreso para intentar corregir la Ley de Usurpaciones.

El hecho puso nuevamente en evidencia las tensiones entre legisladores de derecha, que en las últimas semanas no lograron concordar un plan común para poner en aprietos a La Moneda.

Si bien las votaciones que se dieron en la comisión, presidida por el diputado Andrés Longton (RN), no son vinculantes (son meras recomendaciones a la Sala), en la jornada de este martes la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD) tuvo un apronte satisfactorio. Once de los catorce vetos fueron aprobados, a pesar de que el oficialismo en minoría en esta instancia legislativa.

Algunos legisladores como el UDI Jorge Alessandri, la independiente de derecha, Gloria Naveillán, y el presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, terminaron apoyando con resignación algunas de las propuestas de La Moneda que establecían penas intermedias y graduales para el delito de usurpación.

“Nos hicieron jaque mate, porque nos dejan sin alternativa. No podemos dejar sin ley a la gente que está viviendo una usurpación”, dijo Naveillán al apoyar el veto que establecía una pena, a criterio de juez (entre presidio menor en su grado mínimo o una multa de seis a diez UTM), cuando se trata de tomas en las que no hubo violencia contra personas, ni intimidaciones, ni daños en cosas.

Al justificar su voto a favor de este mismo punto, Jouannet -quien al igual que Naveillán representa a La Araucanía- dijo que ante el riesgo de que “no gane nadie” no podía ser “intransigente” y agregó que “si no avanzamos con esta ley, vamos a tener un festival de usurpaciones” en la Novena Región.

Ambos legisladores aludían al sofisticado entramado que logró establecer el gobierno en este paquete de observaciones. ¿La razón? La Constitución y las leyes le otorgan poderosas herramientas al Presidente para imponer su voluntad. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Congreso señala que cuando una de las observaciones presidenciales es desechada, los legisladores deben contar con dos tercios para reponer el texto que hubiera despachado originalmente el Parlamento. En caso de no reunir ese alto quórum, la legislación dice que no habrá ley en la parte objetada por el Presidente.

Con esta herramienta sobre la mesa, el gobierno propuso suprimir el marco de penas de cárcel que había aprobado el Congreso al despachar este proyecto el pasado 30 de agosto.

En reemplazo, La Moneda planteó dejar el presidio solo para los casos más violentos contra personas, luego fijar una pena inferior cuando hay daños y, por último, dejar en manos del juez si aplicaba una privación de libertad o una sanción pecuniaria a quienes protagonicen usurpaciones.

En caso de que la propuesta escalonada del Ejecutivo no fuese aprobada, regiría lo que dice actualmente el Código Penal que solo contempla multas para las usurpaciones (violentas o no violentas), independiente de las sanciones anexas que ameriten otras acciones derivadas de una ocupación, como los daños, las lesiones o, incluso, el homicidio.

En la lógica de optar por “el mal menor”, Naveillán y Jouannet, además de Alessandri (quien rechazó la propuesta intermedia para tomas no violentas), respaldaron la fórmula de La Moneda a las usurpaciones con daños: presidio menor en su grado mínimo a medio, dependiendo del monto del perjuicio material.

En momentos que se votaban estas penas intermedias, se ausentó de la sesión el republicano Cristián Araya, en cuya bancada también había resignación ante el encajonamiento del debate que había propiciado el gobierno.

De hecho, ese criterio imperó entre senadores de oposición la semana antepasada, cuando la Cámara Alta despachó el paquete de observaciones con un resultado favorable para el Ejecutivo. Ello derivó en recriminaciones de ciertos diputados de oposición que les reprocharon a sus senadores haberse “rendido”.

La postura más dura fue manifestada por los diputados de RN, Andrés Longton, Diego Schalper y José Miguel Castro, además del UDI, Henry Leal, quien representa a la Novena Región.

“No estoy disponible para un chantaje del gobierno”, dijo Leal.

“Más que un jaque mate, esto es una encerrona”, reclamó Schalper.

“Hay un ejercicio abusivo de una herramienta que busca acorralar el Congreso, que nos trata de llevar al mal menor”, dijo Longton.

La división opositora al final terminó favoreciendo la postura del Ejecutivo defendida por la ministra Tohá, quien, además, tuvo una suerte de tregua del PC, cuya bancada de diputados si bien es crítica de algunos de los vetos propuestos por el Presidente, especialmente los que implican aumentos de penas, optó por no participar de la sesión de la comisión.

En reemplazo de la legisladora comunista Alejandra Placencia, asistió el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter (Convergencia Social).

En la fase inicial del encuentro, cuando se votaron los aumentos de penas, tampoco estuvo presente Maite Orsini (RD), quien también ha sido crítica de ese tema.

Casi al final de la sesión se produjo un incidente. El diputado Longton a modo de palabras al cierre dijo con tono de broma que agradecía el aporte del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), quien se sumó tarde al encuentro y estuvo en silencio acompañando a Tohá.

En respuesta, Elizalde acusó hostilidad de parte del presidente de la comisión y le exigió respeto. A lo que Longton le repitió lo mismo, pero ya sin tono de broma: “Entonces trate de aportar un poco más”, le reprochó.

El ministro y varios legisladores reaccionaron airados, pero el diputado socialista Raúl Leiva intercedió y aclaró que todo fue fruto de una “broma malentendida”.

Al final, Elizalde y Longton hicieron las paces entre aplausos de los presentes.

El trabajo de la Comisión de Seguridad, que tuvo que sesionar en la mañana y en la tarde, culminará este miércoles con la entrega de un informe a la Sala de la Cámara.

Luego de ello, se dará paso a un debate y a una ronda de votaciones que se realizará cerca de las 14 horas. Esta será la última instancia que resolverá el éxito o el fracaso de este conjunto de vetos del Ejecutivo.