Vocera de la Suprema por Aula Segura: “Las leyes se tienen que aplicar, no es decisión de cada autoridad”

Una discusión sobre la aplicación de la Ley Aula Segura ha surgido durante los últimos días, luego de que diputados de Renovación Nacional (RN) presentaran el lunes un requerimiento ante la Contraloría General de la República en contra de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. ¿El motivo? Acusan un presunto incumplimiento de dicha ley y abandono de deberes.

Un día después, en relación a esa acusación, la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá cuestionó dicha legislación y advirtió que cuando la Ley Aula Segura se utilizó “tuvimos los peores periodos de violencia en los colegios” y que el resultado “fue catastrófico”.

En medio del debate, esta mañana la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco fue enfática en señalar que las leyes “se deben aplicar” y que “esto no es una decisión a gusto”.

“Las leyes se tienen que aplicar, no es decisión de cada autoridad determinar si se aplican o no se aplican las leyes. Las leyes están para que se apliquen en todos los casos que corresponden y la ley nos rige a todos”, señaló en diálogo con Radio Universo.

“Otra cosa es que a uno le puedan parecer buenas o malas las leyes, o ser de su agrado o no, porque todos, incluso los jueces, tenemos leyes que pueden no gustarnos, pero no podemos hacer esa selección y un juez no puede decir ‘mire, a mí no me traiga a nadie por esta ley’ o ‘o la ocupe en tribunal porque a mÍ no me gusta’. Eso es improcedente”, complementó.

En esa línea, apuntó a la necesidad de que “las autoridades se coordinen (...) para que justamente las leyes se apliquen, independiente de las iniciativas que haya de reformas”.

Y en caso -según señaló- de que las leyes no cumplan su propósito, afirmó que “hay herramientas para que lo cumplan, y me parece muy bien que la en este momento vicepresidenta del país esté preocupada de estos temas para hacer los ajustes del caso. Las leyes tienen que funcionar, si no funcionan las leyes hay que revisar porqué”.

Frente a los actos delictuales que han ocurrido en establecimientos educacionales, la ministra vocera de la Corte Suprema, durante el diálogo, manifestó preocupación.

“Es extremadamente preocupante que niños y jóvenes participen en hechos delictuales o que terminen los centros o establecimientos de educación transformándose en escenarios de hechos delictuales”, aseveró.

Horas después de las declaraciones de la vocera de la Corte Suprema, la vicepresidenta de la República se refirió nuevamente a la Ley Aula Segura, ocasión en la que reiteró sus reparos respecto a su aplicación.

Tras una presentación en la Onemi, Tohá afirmó que eventuales cambios a la herramienta jurídica “es algo que debiera, en propiedad, desarrollar y responder el Ministerio de Educación”.

Y si bien aseguró que “como Ministerio del Interior, y desde la perspectiva de preocuparnos de la seguridad de las comunidades, estamos dispuestos a dar todos los debates”, reconoció que “creemos que ese instrumento nació de una manera, en un contexto y quedó marcado de una forma que no lo hace eficaz, y hace pensar que no es la mejor manera para enfrentar este tema”.

En esa línea, insistió en buscar “otros instrumentos que nazcan validados, legitimados por las comunidades y que nos ayuden a que las comunidades aíslen a estos grupos (que provocan hechos de violencia) y no que se pongan del lado de ellos y solidaricen con ellos”.

Asimismo, frente a la violencia en establecimientos educacionales, la vicepresidenta advirtió que hay que “poner límites, es necesario ponerse firmes y detener estas prácticas, estas actitudes que dañan a las comunidades, a los colegios, a los entornos y que no han tenido desde el punto de vista de poner demandas estudiantiles, ninguna utilidad, incluso han sido perniciosas para ese propósito”.

“No puede ser que los colegios se transformen en lugares de riesgo”, enfatizó, y apuntó también al fortalecimiento de los recintos educacionales para “recuperarlos”.

El martes, Carabineros realizó un nuevo balance nacional, en el que se informó que durante este 2022 se ha intervenido en 396 eventos registrados, principalmente en liceos emblemáticos en la comuna de Santiago, dejando como resultado 108 jóvenes detenidos.

Según detalló el director nacional de Orden y Seguridad, general inspector Enrique Monrás las detenciones han sido principalmente por los delitos de “desórdenes, maltrato de obra, atentados a la autoridad, barricadas y por utilización de artefactos incendiarios (6 aprehendidos por lanzar molotov)”.

El 53% de las detenciones se realizaron en el perímetro del Instituto Nacional. En tanto, el 48% restante fue sorprendido en inmediaciones de otros 10 establecimientos emblemáticos tales como Carmela Carvajal, INBA, Barros Borgoño, Confederación Suiza, Liceo de Aplicación, liceos 1 y 7, entre otros.

El registro fue calificado positivamente esta mañana por la vicepresidenta, quien aseguró que “es una buena noticia que esté habiendo detenciones y que se logren identificar a los grupos que hacen estas acciones”.

“No son las comunidades, no son las y los estudiantes, son grupos pequeños que tienen una gran capacidad de causar daños y de intimidar a las comunidades”, remarcó.

“Que eso dé buenos resultados es una buena noticia, por mucho tiempo no había ningún resultado, y como consecuencia se generó la sensación de que esto no podía cambiar”, recalcó Tohá.

Sin embargo, la vicepresidenta puntualizó que “no se trata solo de actuar del punto de vista disciplinario”, sino que también de “desarrollar la agenda que tiene el Ministerio de Educación con el plan de liceos históricos, para hacernos cargo de las deficiencias que hay en esos colegios”.

Durante el diálogo, Vivanco también se refirió a la aplicación de la Ley Antiterrorista. La utilización de esta legislación ha sido cuestionada por el propio Presidente Gabriel Boric, quien durante su gira por la región de La Araucanía -además de reconocer la existencia de actos de carácter terrorista- descartó que la herramienta jurídica sea una opción para el gobierno.

A juicio de la vocera de la Corte Suprema, “la problemática que tiene nuestra actual ley es justamente que exige la demostración de un dolo o un ánimo terrorista que no es sencillo de demostrar”.

Y es que, según explicó, “muchas personas que cometen actos que pueden ser calificados de terroristas por el común del público se escudan diciendo que lo hacen por reivindicación de derechos u otra cosa”, lo que provoca dificultades para demostrar un “ánimo” terrorista.

“Cuesta mucho la demostración de ese ánimo, por eso muchas veces la fiscalía opta por ir muchas veces por la ley común, en vez de ir por la Ley Antiterrorista”, explicó la ministra.

Incluso, advirtió que “si al juez le piden, de acuerdo a la ley, que tiene que llevar adelante el proceso penal de acuerdo a un determinado ánimo, y ese ánimo no son capaces aquellos que entablan la acción de demostrarlo, bueno, entonces el juez se ve obligado a desechar el caso o a que se reconduzca por otro camino”.

Frente a ese escenario, apuntó a la necesidad de que los órganos colegisladores revisen esta situación.

“Se tiene una ley, las leyes están para aplicarlas, y si las leyes no son conducentes al propósito que tienen, entonces hay que revisar su cambio o su modificación”, comentó Vivanco.