Vocera de la Suprema y posibilidad de modificar prisiones preventivas por estallido social: “Las reformas se tienen que hacer para todos los casos y no para personas determinadas”

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, abordó esta mañana diferentes temas de la contingencia nacional.

Uno de los puntos por el cual fue consultada está vinculado a los presos durante el contexto del estallido social. ¿Es posible iniciar reformas a la prisión preventiva?

“Siempre y cuando las reformas tengan por objetivo una mejora general del sistema, a mi me parecen positivas. Cuando las reformas solamente miran casos concretos se comete a veces el error de estar pensando en A, B o C, las reformas se tienen que hacer para todos los casos en que esto proceda y no para personas determinadas”, dijo Vivanco.

Siguió diciendo que desde ese punto de vista, “si hay reformas en esta materia, tiene que considerar a todos aquellos que puedan estar en la misma posición”.

Más adelante indicó que “cualquier sistema que exista de prisión preventiva, de libertad provisional o de cualquier otra especie siempre es perfectible y el punto es que esa perfectibilidad tiene que ver con aquello que el país requiere y necesita”.

Sobre el proyecto de amnistía, la vocera expresó que los beneficios se le pueden a dar a una persona que ya ha sido condenada, que esté efectivamente en esa posición. “Por supuesto que siempre los órganos colegisladores pueden idear distintas fórmulas para la prisión preventiva, siempre y cuando esa fórmula se corresponda con la hipótesis concreta, es decir, no se van haciendo prisiones preventivas a la medida ni para agravar ni para atenuar la prisión preventiva de personas concretas, es decir, no hay leyes para Juanito o Pedrito según el caso, sino que la prisión preventiva corresponde a ciertas hipótesis”.

El 30 de marzo la ministra de Justicia, Marcela Ríos, -en el marco de una reunión con el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, quien le presentó el informe anual del organismo que documenta el estado de los derechos humanos a nivel global y también nacional- también se había referido a las prisiones preventivas.

La secretaria de Estado había señalado que “la prisión preventiva en Chile, tanto respecto del estallido social como en términos generales, es un problema. Lo estamos conversando y tratando a partir de la Comisión de Revisión del Sistema Penal, es algo que estamos trabajando”, aseguró.

Añadió que existen “dos preocupaciones centrales, una que la prisión preventiva no se utilice como un castigo anticipado y eso nos preocupa sobremanera y, en segundo lugar, tenemos condiciones carcelarias que muchas veces no aseguran el respeto de la dignidad de las personas privadas de libertad y tendemos a mezclar a personas que están en proceso abiertos con personas que ya han sido condenadas”.