En una carrera contra el tiempo se encuentra el gobierno para evaluar en una próxima reunión del Comité de Ministros, tres de los cuatro proyectos de inversión escogidos como prioridad antes de finalizar su mandato.

Se trata de la Línea 7 de Metro de Santiago (US$2.528 millones); la Central de ciclo combinado Los Rulos de Cerro el Plomo S.A. (US$594 millones) y el Proyecto Blanco de Minera Salar Blanco S.A. (US$527 millones).

Tal como lo informó Pulso PM, originalmente el plan del Ejecutivo era, además, dar luz verde al proyecto de Saneamiento del Terreno Las Salinas de Inmobiliaria Las Salinas Limitada -filial de Empresas Copec- (US$55 millones). Sin embargo, debido a que en su tramitación se sigue a la espera de un informe de parte de las autoridades de Salud, su votación pasaría a estar en manos de la administración del presidente electo Gabriel Boric.

El Comité de Ministros es la máxima entidad administrativa encargada de evaluar los reparos a un proyecto de inversión sometido a estudio en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA. Por esta instancia, que comúnmente es la fase previa a la judicialización, han pasado y se han discutido proyectos tan relevantes como HidroAysén y Dominga.

Pero la premura del Ejecutivo por votar las reclamaciones en contra de dichos proyectos antes del 11 de marzo desató un conflicto entre el ministro del Medio Ambiente, Javier Naranjo, y el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Hernán Brücher. Esto, luego que el pasado martes el secretario de Estado citara al jefe del servicio para manifestar su malestar, luego que este último citara a sesión del Comité de Ministros, pero sólo incluyera en tabla la Línea 7 del Metro y no las otras iniciativas. En la conversación el ministro estuvo acompañado de su jefe de gabinete, Esteban Montaner.

Así, la nueva línea del ferrocarril metropolitano -que busca unir Renca con Vitacura- se votará el próximo 23 de febrero y al encuentro están citados los ministros de Medio Ambiente; Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería.

En la conversación, el director del SEA habría expresado su oposición a acelerar los procesos de evaluación de los proyectos restantes (Central de ciclo combinado Los Rulos y Proyecto Blanco), aduciendo una serie de complicaciones internas de parte de sus equipos técnicos, como que parte del personal clave de la institución está de vacaciones y que algunos de sus funcionarios que deben exponer forman parte de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (ANFUSEA).

Tal fue la molestia del ministro, según fuentes que conocen del impasse, que al terminar la reunión con el director del SEA, en su rol de presidente del Comité de Ministros le envió un correo electrónico en el que exigió citar a una nueva sesión para abordar los otros dos proyectos pendientes.

Según cifras obtenidas a través de la plataforma de Transparencia Activa, el Servicio de Evaluación Ambiental cuenta con una dotación total de 435 funcionarios -al mes de enero de 2022-, de los cuales 324 se encuentran con la modalidad de contrata, 88 están en honorarios y sólo 23 son de planta. El pago de las remuneraciones brutas de dichos funcionarios tuvo un costo de $1.161 millones para el Estado de Chile.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente declinaron responder consultas sobre el conflicto con el SEA, aunque confirmaron que buscan someter a evaluación los tres proyectos mencionados.

Consultado sobre el encuentro, la Dirección Ejecutiva del SEA sostuvo: “El Servicio de Evaluación Ambiental tiene a cargo la secretaría técnica del Comité de Ministros, en tanto, el Ministerio de Medio Ambiente ejerce la presidencia de dicho Comité. En este contexto, siempre se realizan y realizarán reuniones de coordinación para efectuar las sesiones, propias entre dos órganos del Estado y conforme a lo planificado”.

La presidenta de ANFUSEA, Andrea Espinoza, declinó responder las preguntas sobre una eventual aceleración en la tramitación de los proyectos que el gobierno busca aprobar en el Comité de Ministros, por parte de la dirección del SEA, asegurando que antes de cualquier pronunciamiento debe conversar con los equipos y consultar a las bases regionales. Sólo se limitó a manifestar que la presentación de la propuesta de modificaciones al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental D.S. 40, a 23 días del término de este gobierno, es absolutamente inoportuna.

Quien sí tuvo palabras sobre la premura por aprobar proyectos de inversión fue la presidenta de la Federación de Funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente, Yovanka De Negri. A su parecer, “ante la llegada de un gobierno de Gabriel Boric, el gobierno y el sector de la sociedad que representa se siente amenazado, porque en el mismo programa del presidente electo se plantea una reforma profunda del Sistema de Evaluación de Impacto Ambienta. Hoy el Comité de Ministros tiene interés en aprobar los proyectos que ya ingresaron y que pasaron por la evaluación, antes que asuma la autoridad que viene”.

En paralelo, el Ministerio del Medio Ambiente publicó para consulta ciudadana la propuesta de modificación al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

“El SEA, actuando como lo ha hecho a lo largo de todo este gobierno, intenta antes de terminar su período tramitar un cambio al reglamento del SEIA para disminuir la protección ambiental. Lo pone en consulta ciudadana. No se hace cargo de ninguno de los problemas que tiene el Reglamento para la ciudadanía (como la ilegal interpretación de participación ciudadana en las DIA), sino que se concentra en simplificar la modificación de proyectos”, sostuvo al respecto el director ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa en Twitter.

Sin embargo, cercanos al Ministerio del Medio Ambiente explicaron que los cambios que se proponen no son significativos y las críticas sólo apuntan a levantar un punto político. En el artículo 2 del SEIA, existe una serie de definiciones que no forman parte del reglamento, pero que igualmente se utilizan en las evaluaciones, como impacto acumulativo e impacto sinérgico, las cuales con la propuesta pasan estar consideradas.

Otra de las modificaciones apunta a dos subtipologías que son el literal O5 y O8 del Reglamento del SEIA, donde en ambos se incorporan materias de economía circular, que tienen que ver con materia de los residuos y su valorización. Es decir, el gobierno lo que busca con ambos cambios es fomentar que puedan generar proyectos de economía circular, en residuos orgánicos e industriales, según se indicó.