El 29 de octubre de 2018 ingresó a su primer trámite constitucional el proyecto que ratifica la integración de Chile al TPP11. El acuerdo, firmado por once países del Asia Pacífico, fue suscrito el 8 de marzo del mismo año en una actividad realizada en Santiago de Chile, que encabezó la entonces presidenta Michelle Bachelet y su ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.

La firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, también conocido como TPP11), vino a retomar las negociaciones del acuerdo original, que habían quedado suspendidas tras la salida de Estados Unidos en febrero de 2017, bajo la presidencia de Donald Trump.

A casi 4 años desde que se inició su ratificación en Chile, el polémico acuerdo de integración económica multilateral sigue generando reacciones disímiles en el arco político nacional, incluso al interior de la coalición de Gobierno. Posiciones que quedarán reflejadas en la votación que llevará a cabo la Sala del Senado este miércoles 28, a partir de las 16:00 horas, según consigna la tabla de la Cámara Alta.

El proyecto necesita mayoría simple para su aprobación, lo que equivale a 26 senadores. Incluso la cifra puede ser menor, dependiendo del número de legisladores que estén presentes en la sala el día de la votación. Y las matemáticas indican que la bancada de derecha aportaría con 25 votos a favor (1 republicano, 12 de RN, 9 de la UDI y tres de Evópoli).

Así, en teoría se requiere solo un voto a favor, pero al menos cuatro senadores de distintos sectores de la centroizquierda estarían inclinados por aprobar: José Miguel Insulza (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD), Ximena Rincón (DC) y Matías Walker (DC).

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, también conocido como TPP11) es el tercer tratado de libre comercio más grande del mundo. Integrado por 11 países (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), que en conjunto conforman un mercado en torno a las 500 millones de personas, representa cerca del 13% del PIB mundial (US$11.023 mil millones a 2018).

El acuerdo, que entró en vigor el 30 de diciembre de 2018 tras conseguir sus primeras seis ratificaciones (Japón, México, Singapur, Nueva Zelanda, Canadá y Australia), incluso puede ser abandonado por un Estado, entregando la notificación respectiva a los miembros, en un proceso que demora 6 meses.

En concreto, el TPP11 establece la construcción de una zona de libre comercio en el Asia Pacífico, y permitirá mejorar el acceso a importantes mercados como Japón, Canadá, Malasia y Vietnam, para aproximadamente 3.000 productos chilenos, según reseñaba un documento de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) en 2019.

Con dichos mercados, Chile ya cuenta con acuerdos bilaterales, al igual que con el resto de los países que conforman el bloque, los que se mantendrán vigentes y convivirán con el TPP11. Así, se prevé un mayor alcance y complementos a las disposiciones de algunos de esos tratados.

Entre los beneficios proyectados se estima que 3.100 productos de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y lácteos tendrán tasas arancelarias de 0%, cifra que algunos productos tardarán en conseguir durante hasta 16 años, como el pisco en Malasia. Otros, como tejidos de lana de alpaca en Japón o filetes de salmón en Vietnam obtendrán el beneficio por completo con la sola entrada en vigor del acuerdo.

El TPP11 es el primer tratado que incluye un capítulo especial para las pymes, con el objetivo de promover la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas en el Asia Pacífico. En ese sentido, incorpora el intercambio de información sobre reglas de origen, aranceles, y regulaciones en comercio de servicios. También crea un Comité específico que permitirá a dichas empresas compartir experiencias y aprovechar de mejor manera los beneficios del tratado.

Uno de los puntos que por estos días acapara las críticas y aprensiones en torno al tratado multilateral es el sistema de resolución de controversias, en particular referido a las posibles disputas que puedan surgir entre un inversionista y un Estado. En dicho punto, el TPP11 no introduciría modificaciones en los mecanismos establecidos con los países que ya conforman el bloque, puesto que los acuerdos comerciales ya firmados con dichos estados contemplan las mismas herramientas.

Sin embargo, el propio Gobierno adoptó la estrategia de neogciar side letters o cartas laterales, documentos bilaterales que revisten el caracter de tratado internacional, para no aplicar el mecanismo que establece el tratado en su capítulo 9, sección B.

“Para nadie es una sorpresa que la coalición haya sido muy crítica del TPP11. Desde esa perspectiva, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales ha estado trabajando con los distintos países firmantes para ver la suscripción de side letters (acuerdos complementarios) que nos permita cumplir con el programa de gobierno, avanzar con el TPP11 y hacernos cargos de algunas de las críticas”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola el lunes 12 de septiembre.

Todo, a pesar que incluso la plataforma Chile Mejor sin TLC reconoce que el TPP11 no modifica sustancialmente el escenario sobre resolución de controversias inversionista-Estado. En una carta enviada ayer al Presidente Gabriel Boric, la instancia que agrupa a grupos opositores al tratado afirma que “si Chile lograra cartas laterales para no aplicar el arbitraje de diferencias estado-inversionista (ISDS, por sus siglas en inglés) del TPP11, eso no modifica los TLC que Chile ya tiene con todos los países del TPP, y en los que ya otorgó ISDS a los inversores. (...) Las cartas laterales sobre ISDS ni siquiera pueden asegurar eficacia respecto de lo que buscan pues tendrían que modificar al mismo tiempo los tratados de libre comercio con 10 países”.

Con todo, el texto del tratado considera en su capítulo de inversiones que el demandante podrá someter su reclamación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), “siempre que tanto el demandado como la Parte del demandante sean partes del Convenio del CIADI”, o también recurrir a las Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Adicionalmente, si ambas partes lo acuerdan, pueden someter la reclamación ante “cualquier otra institución arbitral o cualesquiera otras reglas de arbitraje”.