Los casos de colusión sin duda alguna han sido de los más bullados entre la opinión pública en los últimos años. Rabia, malestar y descontento son algunos de los sentimientos que han aflorado entre la ciudadanía debido a estas prácticas. Andrea Butelmann, es doctora en economía y fue parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia entre 2004 y 2014, y le correspondió revisar, por ejemplo, el caso de los pollos. Desde su experiencia, ve que se ha avanzado en investigar y fiscalizar a las empresas y que la gente debería valorar cuando encuentran carteles.

“Creo que esta rabia, no digo que no sea justificada, pero encuentro que tiene poca perspectiva, porque primero colusión ha habido siempre en Chile, no solo en estos últimos 30 años, sino que toda la vida y colusión hay en todos los países del mundo. Entonces más que rabia hay que estar muy feliz cuando los encuentran. Genera mucha rabia, pero en realidad debería generar aplausos de que los pillaron, que los castigaron. Es verdad que la gente encuentra que los castigos no son suficientes y de verdad no han sido suficientes, pero se ha avanzado mucho. Cada vez son más altas las multas y desde la última reforma hay castigo penal. La gente no entiende que en Chile las leyes no son retroactivas”, dijo en Pulso TV.

Y agregó que “hay que explicar que cuando uno encuentra un cartel es buena noticia, y dos que las multas han subido, ahora hay castigo penal, pero no se pueden aplicar leyes en forma retroactiva”.

Un tema que ha generado un amplio debate son las multas que se han aplicado en casos de colusión. De hecho, las más elevadas hasta el momento han sido la del caso pollos, las navieras y el papel tissue. La exministra del TDLC explica que las sanciones económicas han ido subiendo, pero enfatizó que la ley no se puede aplicar de forma retroactiva.

“Ya se han subido, se han subido tanto las multas monetarias que antes tenían un tope. Por ejemplo, en el caso de los pollos ni siquiera podíamos calcular cuál hubiera sido la multa óptima. Yo estaba en el caso de los pollos en el tribunal, ni siquiera fue necesario calcular la multa, porque como la calculáramos iba a ser mucho mayor que el tope, entonces pusimos el tope, y claro, no fue suficiente. Después de eso se cambió la ley, se eliminaron los topes, y hay posibilidad de terminar en la cárcel. Lo que pasa es que ninguna de las colusiones ha estado afecta a estos nuevos castigos, porque la ley no es retroactiva”, señaló.

En cuanto a las empresas más complejas en materia de libre competencia, dijo que están “los supermercados y su rol con los proveedores”.

Por otro lado, se refirió a la libre competencia en una época creciente de apps en el mercado. “Las apps son mercados de dos lados, entre más taxis andan dando vuelta más rápido me van a llegar a buscar cuando pida. Entonces me conviene que haya muchos choferes y a los choferes les conviene que haya muchos clientes suscritos a la app, eso se llama mercado de dos lados. Dadas estas externalidades, estas plataformas tienden a crecer, y si alguien quiere entrar y tiene poquitos choferes no tienen como competir, entonces tienden a crecer las grandes y es muy difícil entrar. Sin embargo, dado que existe el multihoming en ese tipo de plataformas, no es tan difícil que haya competencia, porque si no me atiende una app me voy a la otra. Las plataformas de dos lados tienden a disminuir la competencia, pero al mismo tiempo si hay mecanismos como el multihoming, ese poder de mercado se ve frustrada porque el consumidor con un click se cambia”.

El TDLC es un órgano jurisdiccional especial e independiente que fue fundado hace 17 años. En la última década ha cobrado una especial notoriedad cuando saltaron a la palestra los primeros casos de colusión en el país. La exministra del organismo, indicó que, a su juicio, hay ciertas tareas que podrían no estar a cargo del organismo, para acelerar los procesos.

“Su propio presidente reconoce que están un poco más lento, en parte porque tienen más cargas y en parte porque han asumido cargas que en mis tiempos no se hacían, como chequear si están bien hechas las versiones públicas con las versiones no públicas, que es un trabajo administrativo que desde mi punto de vista el tribunal no debería asumir”, señaló.

Asimismo, indicó que “creo que el tribunal no tiene nada que hacer revisando si la versiones públicas aportadas por las partes están bien hechas, si las partes las hacen mal es cosa de ellas, y si pasan bochorno es cosa de ellas. No creo que el tribunal tenga que hacerlo, quizás necesitarían más personal, no puedo saber lo que está pasando en un lugar que no estoy, pero sí hay cosas que se podrían mejorar (...) hacerse menos cargo de cosas administrativas que no les corresponde”.