Asociación de gobernadores e indicaciones de Hacienda: “Mayores exigencias tienen que involucrar a todos los organismos del Estado, no solo a las regiones”

Esta semana se espera que el Ministerio de Hacienda ingrese indicaciones al proyecto de rentas regionales, que busca darle mayor autonomía presupuestaria a los gobernadores. Los problemas que han tenido los gobiernos regionales con las asignaciones directas a privados que están siendo investigados por la Fiscalía generó un cambio en la forma en que se estaba tramitando dicha iniciativa, ya que si bien antes de conocerse estos sucesos existían dudas entre los parlamentarios, ahora estas acrecentaron.

Frente a ello, el Ejecutivo propone una batería de 23 cambios que buscan ejercen una mayor fiscalización en la entrega de recursos y que se relacionan con siete grandes temáticas: restricción de la aplicación del DL 1263, que busca clarificar el rol de Contraloría General de la República, el sistema contable; modificaciones al ciclo presupuestario de los Gobiernos Regionales; limitación a la regulación del endeudamiento y demás facultades financieras, incluyendo la regla fiscal regional; modificaciones a las reglas sobre ingresos propios; modificaciones respecto al régimen de bienes; modificaciones respecto de los fondos, y reforzamiento de los mecanismos de control.

Si bien para la Asociación de Gobernadores Regionales los cambios van en la dirección correcta, sí plantean algunos cuestionamientos y también reclaman que no se está abordando el tema desde dónde comenzó todo este lío de platas con fundaciones: los seremis y su asignación directa a privados.

“Lo que vemos en la asociación es que estas indicaciones no resuelven el conflicto que se ha planteado. Lo que hubo fue que un servicio de administración central y algunas fundaciones utilizaron estos medios de mala manera y aquí no se ven indicaciones que apunten a solucionar esos problemas”, señala el presidente de la asociación y gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz.

En ese sentido, añade que “esperamos que la comisión de Transparencia haga propuestas para el conjunto del Estado, porque si bien los gobernadores estamos de acuerdo en tener mayores controles, incluso las propuestas nuestras son más exigentes, nos parece que estas exigencias tienen que involucrar a todos los organismos del Estado, no solo a los gobiernos regionales”.

Díaz plantea que si bien apoya el establecer mayores exigencias a los gobiernos regionales, “no me parece que haya que centrarse solo en los gobernadores regionales y no visualizar controles para aquellos organismos privados sin fines de lucro y hacia los servicios públicos centralizados”.

El gobernador argumenta que gran parte de la estructura del Estado tienen deficiencias en responder las demandas de los ciudadanos, especialmente en regiones, y por ello se busca dar mayor autonomía. Plantea que “es evidente que con estas restricciones que se están planteando habrá una baja en la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales. Por ello, lo que tiene que hacer el legislador es clarificar cuál será el criterio de evaluación de los gobiernos regionales”. Esto, porque “si pondrán tanta restricción, obviamente el criterio no debería ser nivel de ejecución de los presupuestos para evaluar los recursos que se destinan a cada región”.

Por tanto, el representante de la asociación dice que “o avanzamos hacia servicios descentralizados, o bien se cambia el criterio para evaluar a los gobiernos regionales”.

Este jueves la Asociación de Gobernadores asistirá a la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos para presentar los avances de la ejecución presupuestaria. “Aquí se han dicho muchas cosas, y no contando con toda la información pertinente. Se insiste en la baja ejecución de 2022, pero no se ha hecho una revisión de la ejecución de 2023 con las indicaciones que se hicieron en la Ley de Presupuestos 2023, donde se ha aumentado las transferencias hacia el sector público y ha aumentado la ejecución presupuestaria”, enfatiza Díaz.

Asimismo, acota que “no se ha dicho que la ejecución presupuestaria en 2022 comenzó en abril, ni tampoco que ese año no se permitían las transferencias al sector público. Entonces, son esos los antecedentes que no se han publicado, y cuando se empieza a explicitar la realidad es muy distinta”.