A mediados de mayo, la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán envió ocho oficios a distintas reparticiones públicas a fin de resolver adecuadamente las 26 reclamaciones que han presentado opositores al proyecto minero Dominga de Andes Iron -propiedad de la familia Délano- ante el Comité de Ministros.

El organismo es un cuerpo colegiado que preside la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas (Ind) y corresponde a la máxima instancia administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Lo integran también sus pares de Salud, Begoña Yarza (Ind.-PS); Economía, Nicolás Grau (CS); Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS); Energía, Claudio Huepe (CS) y de Minería, Marcela Hernando (PR).

Se trata de una etapa clave en el proceso tramitación de la iniciativa que considera la explotación de hierro y concentrado de cobre como subproducto con una inversión de US$2.500 millones y que se ubica en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo. Y es que pese a que concita el apoyo de parte importante de la comunidad, una serie de entidades, como agrupaciones de pescadores y trabajadores del turismo, se han volcado en contra del proyecto de la mano de dos organizaciones ambientalistas: Oceana y FIMA, fundada por el abogado Fernando Dougnac.

La directora del SEA, Valentina Durán -nombrada en el cargo bajo la actual administración del Presidente Gabriel Boric- envió una serie de consultas en sus oficios. Las preguntas que apuntaron a la línea base del proyecto fueron dirigidas directamente a: Cristián Núñez, director General de Aguas (s); Francisca Perales (CS), subsecretaria de Servicios Sociales; Andrea Collado, directora nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG); Beatriz Román, directora (s) del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur); Carlos Huber, director general de Territorio Marítimo y de Marina Mercante; Cristóbal Cuadrado (RD), subsecretario de Salud Pública; Julio Salas (MU), subsecretario de Pesca y Acuicultura y Maximiliano Proaño (CS), subsecretario del Medio Ambiente.

Los distintos organismo consultados tienen un plazo de 20 días para contestar los requerimientos planteados por el SEA, que en este caso actúa como un órgano secretario encargado de coordinar a los estamentos públicos que participan en la evaluación de los proyectos de inversión.

Sin embargo, conocedores del SEIA explicaron que dicho plazo es posible que el Servicio pueda prorrogarlo.

Los oficios se enviaron tras una buena noticia para Andes Iron: el 18 de mayo la Corte Suprema rechazara los recursos que presentaron opositores a la iniciativa.

Desde Andes Iron comentaron que “la empresa está abierta y a disposición del Comité en el caso de que se requiera cualquier información. Nos interesa que el Comité de Ministros pueda tomar una decisión informada y técnica, por lo que, teniendo en cuenta el volumen de los antecedentes (más de 40 mi páginas en documentación), comprendemos que se puedan tomar un plazo que no sería breve”.

Los oficios enviados tienen entre dos y cuatro páginas. El más extenso es el que Valentina Durán envió al subsecretario del Medio Ambiente, a quien consultó si durante el proceso de evaluación ambiental se presentó información completa y suficiente para identificar y cuantificar las emisiones atmosféricas, factores, fuentes y la magnitud de las emisiones atmosféricas asociadas a las obras, en consideración a la condición basal del área de influencia del proyecto.

“Es preciso conocer si para efectos de la determinación del área de influencia se habría considerado que las especies del medio marino realizan actividades o comportamientos como alimentación, anidación, entre otros, y que dichos comportamientos son realizados también fuera del área protegida que podría coincidir con el área del proyecto, especialmente, en relación al pingüino de Humboldt, Chungungo o Lontra felina, Pato Yunco o Pelecanoides magellani, Lobo Marino de un Pelo u Otaria flavescens, Cetáceos y otras especies”, acotó en su oficio. También requirió información sobre la “suficiencia en las medidas de mitigación, compensación y reparación respecto al medio marino”.

En otro oficio, la directora ejecutiva del SEA consultó a Carlos Huber, director general de Territorio Marítimo y de Marina Mercante “la idoneidad y suficiencia de la información presentada, en relación a la construcción de las obras marítimas, considerando el sustrato y las anormalidades oceanográficas como las generadas por el fenómeno de ENSO (El Niño Southern Ocean Oscillation), y la planta desalinizadora, en particular, si las modelaciones de la dispersión y dilución de la pluma salina habría considerado las condiciones de borde, meteorológicas, batimetría, entre otras. En ambos casos, si se consideró la condición más desfavorable para evaluar los impactos sobre el medio marino.

“Si se acompañaron los antecedentes suficientes y adecuados para descartar impactos o evaluarlos adecuadamente respecto del medio marino considerando los efectos acumulativos y sinérgicos con otros puertos cercanos, en la etapa de operación por el transporte marítimo”, acotó en su oficio.

Al cierre de este artículo no hubo respuesta a las consultas planteadas al SEA.

Sin embargo, este lunes la directora ejecutiva, Valentina Durán, realizó su primera cuenta pública a a cargo del organismo y en un video de poco más de 17 minutos dio a conocer los primeros lineamientos de su administración.

“El mensaje es uno solo: el SEA es y será siendo un servicio profesional y técnico en la evaluación ambiental. Los profesionales que aquí laboran y a los cuales me tocan liderar, son de excelencia. Entonces, mi mensaje al mundo privado es de tranquilidad. Mi foco será asegurar una evaluación técnica de excelencia y que le dé certeza tanto a privados como a las comunidades. En la medida en que se presenten proyectos robustos, en diálogo franco y de respeto con la ciudadanía, con buenas consultorías, la evaluación de impacto ambiental sólo se robustecerá”, concluyó.

“Mi invitación es a terminar con la consigna antigua de que la evaluación ambiental es una traba para la inversión. Sabemos que no lo es. Tanto la evaluación ambiental, como la participación son condiciones del desarrollo sostenible y del clima de paz que se requiere para el desarrollo de los negocios y para la convivencia ciudadana”.