El megaproyecto de Inmobiliaria L&L Ltda -propiedad de PyG Larraín- denominado Conjunto Armónico Portezuelo, ubicado a los pies de Cerro Alvarado en la comuna de Vitacura, está en pausa.

El pasado 13 de enero el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomendó a la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana rechazar la Declaración de Impacto Ambiental de la iniciativa, debido a que el titular “no subsanó los errores, omisiones e inexactitudes planteados en el Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (ICSARA) del 10 de febrero de 2022″. Esto, en relación a complementar con estudios recientes el análisis del riesgo para el proyecto por la falla de San Ramón, como riesgo sísmico y riesgo de desprendimiento de rocas desde laderas de cerros adyacentes.

El proyecto considera una inversión de US$250 millones y podría generar 250 empleos en su fase de construcción, pero su tramitación no ha estado exenta de problemas. Inició su evaluación ambiental el 7 de septiembre de 2018 y según la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el titular preveía partir con las obras el 2 de enero de 2020.

En todo caso, a pesar de que recomendó rechazar la DIA de la iniciativa, en su resolución Jeannette Morales, directora regional (S) del SEA, consignó que “el proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable” y “cumple con los requisitos de otorgamiento de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales”. Así, a su juicio, el proyecto inmobiliario “no genera ni presenta los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de evaluar un Estudio de Impacto Ambiental”.

La iniciativa considera la construcción y posterior operación de un proyecto inmobiliario compuesto de 15 edificios, desagregados en 9 edificios habitacionales y 6 edificios destinados a apart hotel.

Posteriormente, el 20 de enero de 2023, el SEA decretó una medida provisional de suspensión del procedimiento de evaluación del proyecto “Conjunto Armónico Portezuelo”. “Resulta evidente que el cumplimiento de la sentencia que retrotrae el procedimiento de evaluación mientras existen recursos pendientes, contradice el fin integrador de la evaluación en el marco del SEIA y en última instancia, la protección al medio ambiente, generando distintos escenarios de incertezas jurídica, además de atentar en contra del carácter indivisible de las Resoluciones de Calificación Ambiental, el cual constituye una garantía en favor de la naturaleza y los terceros”, sostuvo la autoridad ambiental.

En su resolución, Morales develó que el representante legal de Inmobiliaria L&L Ltda., Gerardo Larraín, envió al organismo una carta en la que solicitó retirar de la tabla de la Comisión de Evaluación Ambiental N°1/2023 la calificación de la DIA del proyecto “Conjunto Armónico Portezuelo”.

En su carta, el ejecutivo detalló la presentación de una Orden de No Innovar en la Corte Suprema, pidiendo que se suspenda la tramitación ambiental por 30 días hábiles, prorrogables por 30 días más y hasta que se resuelva un recurso de casación. En efecto, la inmobiliaria en el máximo tribunal del país busca revertir la sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago del 1 de octubre de 2021. Esto, luego de que un grupo de vecinos de Vitacura presentara una reclamación en contra de la resolución del 18 de febrero de 2020 dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana que calificó favorablemente la iniciativa de la inmobiliaria.

La acción de los vecinos contó con el patrocinio de dos destacadas abogadas de la plaza y hoy autoridades. Se trata de Valentina Durán, directora ejecutiva del SEA, y de Ana Lya Uriarte, ministra Secretaria General de la Presidencia. Durán actualmente es jefa directa del actual director regional del SEA de la Región Metropolitana, Arturo Farías, entidad que ahora recomienda rechazar la DIA del proyecto.

El fallo del Tribunal Ambiental de Santiago acogió parcialmente el reclamo de los vecinos y dejó sin efecto parcialmente la RCA del proyecto, “sólo en cuanto al análisis del riesgo relativo a la falla de San Ramón”, ordenando al SEA que complemente la evaluación sobre este aspecto, sobre la base de estudios geológicos recientes.

El Tribunal Ambiental ordenó retrotraer el procedimiento a etapa del primer ICSARA. Luego de ello, se deberá dictar una RCA complementaria que aborde adecuadamente el aspecto reprochado, acotó el laudo. Igualmente el fallo destacó que la nueva revisión debe contar con la participación del Sernageomin, Onemi y la Municipalidad de Vitacura.

Frente a los cuestionamientos, la inmobiliaria sostuvo que “en teoría, esta falla es capaz de generar un riesgo sísmico para toda la ciudad de Santiago. Sin embargo, en las evaluaciones ambientales de los demás proyectos inmobiliarios en la Región Metropolitana no se ha empleado el mismo estándar que para el proyecto Conjunto Armónico Portezuelo”.