Sólo una reunión por Ley de Lobby sostuvo el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg el mes pasado. El 17 de enero, el persecutor se reunió durante una hora con el gerente general de Cabify Chile, Álvaro Pasquez, para abordar los efectos que provocará la puesta en marcha del reglamento de la ley que regula a las aplicaciones de transporte de pasajeros, cuyo reglamento se encuentra en estudio en la Contraloría General de La República (CGR).

El acta oficial del encuentro consignó: “el gerente general de Cabify Chile, Álvaro Pasquez, solicita reunión con el Fiscal Nacional Económico para analizar y levantar la importante preocupación que hemos señalado a los Ministerio de Economía y de Transportes por la pronta implementación de la Ley 21.553 y que afectan gravemente a la Libre Competencia”.

“Recientemente, el Ministerio de Transportes envió a la Contraloría General de la República (CGR) el reglamento técnico que regula aspectos de la Ley, pero tal y como está planteado este reglamento, se estarían generando barreras artificiales a la entrada y asegurando cuotas de mercado que benefician directamente a los incumbentes dominantes, afectando la entrada de nuevos competidores o que competidores más pequeños no puedan competir en el mercado de una manera sana”, acotó el mismo documento.

Al encuentro, el ejecutivo venezolano asistió acompañado de la abogada Paula Droguett, quien anteriormente asesoraba a BEAT y Sergio Saldías, gerente de asuntos corporativos de Cabify Chile.

Cabify Chile declinó responder a Pulso si presentó un requerimiento a la Fiscalía Nacional Económica por los hechos en los que manifestó su preocupación. Al mismo, desde la FNE evitaron responder la consulta.

Por medio de una declaración por escrito, Cabify Chile explicó a Pulso: “El reglamento enviado a Contraloría General de la República genera consecuencias graves contra la libre competencia entre los actores hoy presentes en el mercado y barreras de entrada para las EAT (Empresas de Aplicaciones de Transportes) y conductores que están por venir. Es por eso que ingresamos un requerimiento a la CGR en el que abordamos cinco puntos donde advertimos cómo se afectará la libre competencia y otros vicios de legalidad que comprometen la validez del reglamento y que esperamos que el Ministerio de Transportes corrija”.

“Sabemos que el congelamiento del registro de conductores se establece por ley, pero en el reglamento se asignan reglas para su reemplazo, que empeorarán la situación de competitividad en el mercado”, añadió.

“Reiteramos también que no estamos en contra de la ley, es más creemos que es buena y necesaria, pero no hay que dejar de lado la afectación que tendrá el reglamento en la calidad del servicio para las personas que cuentan con este y que lo han integrado a sus hábitos de movilidad”, concluyó.