Caso Primus: exgerentes acusados por cheques falsos denuncian “fuerte campaña comunicacional de desprestigio” y piden reserva de juicio laboral

El caso Primus no acaba. Ignacio Amenábar, exgerente comercial y Francisco Coeymans, exgerente general de Primus denunciaron al factoring de iniciar una “fuerte campaña comunicacional de desprestigio” en su contra y solicitaron decretar la reserva de los juicios laborales en contra de su exempleador.

La nueva arremetida de los exejecutivos cuestionados por Primus ocurre a sólo días que el factoring presente sus descargos a las demandas laborales. El plazo vence este jueves y en la compañía trabajan intensamente en elaborar una “contundente contestación”.

“Desde la fecha de la notificación de la demanda, la contraria Primus Capital S.A., ha incendiado en una fuerte campaña comunicacional de desprestigio en contra de mi representado esencialmente a través de los medios de comunicación Pulso / La Tercera y Diario Financiero, lo que es un hecho público y notorio, entre otros, atribuyéndose la calidad de comisión especial y atribuyendo responsabilidad legales y penales a mi parte como sustituto de resoluciones judiciales, perpetuando una afectación al derecho de honra de mi representado”, consignó el escrito del abogado de ambos ejecutivos, Claudio Alvarado, socio de Clyde & Co, que representa a Coeymans y Amenábar.

Ambos ejecutivos, acusados por Primus de elaborar un esquema para defraudar a la empresa a través de cheques falsos, presentaron el 27 de junio dos denuncias de tutela laboral en contra de la compañía. En sus presentaciones, aseguran que fueron apartados de sus funciones y se enteraron de un informe de auditoría interna que reveló ciertas operaciones de factorización que habrían sido respaldadas con cheques bancarios posiblemente falsificados.

Francisco Coeymans estuvo nueve años en la empresa y antes trabajó en Contémpora Servicios Financieros, Penta Financiero, Banco Penta y EuroAmérica. En esta última fue gerente comercial. Amenábar dejó otra gerencia comercial, la de Contémpora, donde trabajó 14 años, para sumarse a Primus.

Coeymans tiene 45 años y egresó de Ingeniería Comercial en la Universidad Católica. Amenábar tiene 48 años y egresó de la Universidad de los Andes. El primero estudió en el Saint George’s y y le decían Coco. Así bautizó una de sus sociedades de inversión: Asesorías e Inversiones Coco Limitada.

Ambos están hoy fuera del sistema financiero y aducen en su demanda que el daño reputacional y moral exige la millonaria indemnización que reclaman. Ignacio Amenábar acompañó un certificado sicológico, emitido en mayo, que habla de un trastorno adaptativo, con síntomas ansiosos y depresión con alteración de los ritmos de sueño originados por la crisis laboral. “El paciente refiere estar siendo objeto de gravísimas acusaciones de conductas ilícitas e inadecuadas”, dice el certificado de la sicóloga que lo atiende desde marzo, cuando estalló todo.

Este lunes, los exgerentes de Primus solicitaron a los juzgados laborales de Santiago decretar la reserva de la causa debido a que en el marco del proceso se han expuesto datos sensibles. Ejemplo de ello es que en las demandas “se ha citado documentación clínica relativa al estado de salud de mi parte y se han acompañado certificados médicos al efecto”, consignó uno de los escritos presentados.

“Como podrá apreciar su señoría, es posible advertir que nos encontramos frente a un juicio en el que se han expuesto una serie de antecedentes que guardan relación con datos reservados de mi parte razón por la cual resulta imperativo mantener los antecedentes respectivos bajo la reserva decretada por la autoridad respecto de datos ya allegados como aquellos que se puedan allegar durante el proceso”, acotó la petición.

En paralelo, una nueva demanda laboral en el marco del caso sumó Primus. Esta vez Daniela Vásquez, exejecutiva que trabajó durante nueve años en la firma y que manejaba gran parte de la cartera que administraban Coeymans y Amenábar interpuso una denuncia de tutela laboral. La acción es patrocinada por el abogado Francisco Moya Naulín, socio de BMS Sport Legal.

Por otro lado, Primus lanzó una nueva arremetida en tribunales para intentar recuperar parte de los dineros que formaron parte de la trama de los cheques falsos. Hace unas semanas Pulso publicó que el factoring pidió la quiebra de 24 sociedades por deudas por $ 42.145 millones.

Hace unos días interpuso dos nuevas demandas de liquidación forzosa. La primera de ellas después de las masivas peticiones de quiebra, ocurrió el pasado 29 de julio cuando solicitó la liquidación forzosa de la Sociedad Comercializadora Northia SpA., asegurando que adeuda $2.764 millones. La segunda es Sociedad de Inversiones Santa Sofía SpA por pasivos que ascienden a $957 millones.

En ambos casos, Brian Moore, director de operaciones y finanzas, y Fernando Menchaca, gerente de finanzas, actuaron en representación de Primus en la entrega de los pagarés.

Sociedad de Inversiones Santa Sofría y Sociedad Comercializadora Northia SpA son representadas por Juan Pablo Bañados Gavilán. Se trata de un emprendedor que se encarga de la manutención de canchas deportivas y en 2020 creó una nanopartícula capaz de bloquear el paso del oxígeno que evita el inicio de las llamas.

Mientras, el abogado Diego Diéguez presentó una demanda de jactancia en contra de Primus Capital y negó que Diéguez Abogados SpA mantenga una deuda pendiente con el factoring. La acción viene en respuesta a la demanda de liquidación forzosa que inició Primus en contra de la sociedad por el no pago de un pagaré que suma $90.965.453.