A casi un año del denominado caso Primus, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó esta semana una querella criminal contra el exgerente general del factoring, Francisco Coeymans, su exdirector comercial, Ignacio Amenábar, el abogado Antonio Guzmán y el técnico en cocina Marcelo Rivadeneira, a quienes acusa de un millonario fraude tributario.

Según el escrito ingresado al 4° Juzgado de Garantía de Santiago, los querellados habrían implementado una estructura criminal sofisticada para desviar dinero mediante la simulación de operaciones de factoring, utilizando facturas ideológicamente falsas, empresas de papel y testaferros. Todo, con el propósito de obtener ganancias ilícitas a costa del patrimonio de Primus Capital.

A los cuatro el Ministerio Público los tiene imputados por asociación ilícita, uso malicioso de instrumento privado mercantil, lavado de activos, administración desleal, alteración de datos informáticos y acceso ilícito a un sistema informático, en el marco de un fraude financiero. A estos delitos se suma ahora la acusación del SII, que los señala por presentar declaraciones de impuestos falsas, o utilizar documentos falsos para evadir impuestos, o recibir beneficios indebidos.

A la fecha, tres de estos querellados en el “esquema defraudatorio” descrito por el SII están en el anexo penitenciario Capitán Yáber, mientras que Ignacio Amenábar cumple arresto domiciliario total.

De acuerdo con la querella, los imputados crearon sociedades fachada sin actividad real, respaldadas por información financiera y comercial falsa. A través de estas empresas, obtenían autorización para emitir documentación tributaria electrónica, lo que les permitía simular transacciones inexistentes y acceder a financiamiento fraudulento.

“El grupo recurrió a la creación de sociedades de papel, captación irregular de clientes para operar con Primus y el uso de testaferros e instrumentos financieros falsos para simular operaciones de factoring. Como resultado, Primus recibía documentos de créditos falsos o irregulares, facilitando la disposición de cuantiosas sumas de dinero a favor de los supuestos clientes”, señala la acción del SII.

El organismo sostiene que la red delictiva operó durante años sin ser detectada, en parte gracias a la manipulación de los sistemas contables y administrativos de Primus Capital. Los imputados autorizaron créditos a empresas ficticias y usaron cheques falsos y depósitos inexistentes para respaldar las transacciones.

Uno de los casos emblemáticos descritos en la querella involucra facturas emitidas a Minera Gaby S.A., una filial de Codelco disuelta en 2012. A pesar de su inexistencia, Primus Capital validó documentos tributarios por $1.723 millones sin verificar su autenticidad. “Minera Gaby S.A. había sido disuelta por absorción en 2012, por lo que las facturas eran falsas”, concluye el documento.

La investigación del SII establece que Francisco Coeymans era el principal coordinador del fraude. Junto a Ignacio Amenábar controlaba los procesos internos de la compañía y aprobaba la incorporación de sociedades fachada como clientes.

Por su parte, Antonio Guzmán y Marcelo Rivadeneira operaban fuera de la firma, encargándose de crear sociedades ficticias y captar testaferros para simular movimientos comerciales.

“Coeymans y Amenábar reclutaron dentro de la compañía a un grupo de ejecutivas para gestionar de manera diferenciada las carteras fraudulentas e incorporar supuestos clientes”, sostiene la querella.

El documento también detalla que los imputados realizaron múltiples transferencias de dinero entre sus cuentas personales y las sociedades falsas para dificultar la trazabilidad del fraude.

Según la querella, un grupo de sociedades emitió facturas electrónicas afectas por un IVA de $667.908.106 y un neto de $3.515.305.785, además de facturas exentas por $1.416.250.493 a empresas que ya habían cesado sus actividades.

Las verificaciones de domicilios también revelaron inconsistencias: “En algunos casos, se declararon giros como arriendo de maquinarias, transporte, reparación de vehículos, construcción, venta de huevos y lácteos, y fabricación de piezas de carpintería, actividades que no correspondían con lo declarado al inicio de operaciones”, indica la querella.

Uno de los aspectos más llamativos del caso es la utilización de ciudadanos venezolanos como testaferros, quienes fueron inscritos como representantes legales y accionistas de diversas sociedades involucradas en el fraude.

Entre los nombres mencionados en la querella figuran Nerberleycis Juana Reyes Escalona, Henry Mackhoward Madrid Romero, Richard Jhonjaner Dávila Méndez, José Ángel Junior Ostos Laya, Rosmer Omar García Fernández, Orbelis Benilde Vargas Molina y Daniel Alejandro Vargas Parra. Todos ellos de origen venezolano, aunque la querella no menciona su nacionalidad.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) solicitó que se ubique y tome declaración como testigo a Yusmary del Valle Zambrano Vega, quien aparece como firmante autorizado de documentos electrónicos en 66 de las 68 sociedades mencionadas en la querella.

“Las sociedades fueron creadas por personas sin los ingresos necesarios para costear el capital declarado. Además, en la recopilación de antecedentes se han detectado coincidencias en domicilios (falsos o inexistentes) y correos electrónicos, y la mayoría ha operado por un tiempo limitado”, detalla el informe del SII.

“Muchas de estas personas figuran como accionistas o representantes de múltiples sociedades sin capacidad financiera ni conocimiento para gestionarlas, lo que evidencia que fueron utilizadas para ocultar la verdadera identidad de los beneficiarios finales”, enfatiza la querella.