La Convención Constitucional definió que habrá una nueva estructura para el Poder Judicial en el país. En el borrador de la nueva Constitución no se menciona directamente a los “Tribunales Tributarios y Aduaneros” (TTA). La idea, comentan algunos convencionales que integraron la comisión de Sistema de Justicia, es que los nuevos Tribunales Administrativos que crea el borrador de la nueva Constitución tengan varias salas, una de las cuales sería la tributaria y aduanera. Pero eso no se concretaría hasta que se dicte la ley que lo regule.

Hasta ahora, el borrador señala que “los Tribunales Administrativos conocen y resuelven las acciones dirigidas en contra de la Administración del Estado o promovidas por ésta y de las demás materias que establezca la ley. Habrá al menos un Tribunal Administrativo en cada región del país, los que podrán funcionar en salas especializadas”.

Considerando esto último, el abogado Luis Cordero, experto en derecho administrativo y académico de la Universidad de Chile, comenta que los temas tributarios y aduaneros “efectivamente podrán funcionar en salas especializadas, porque el texto permanente del borrador de nueva Constitución así lo permite”.

De todas maneras, hay quienes creen que esto pudo quedar mejor detallado y advierten por la norma transitoria que se votará este martes en el pleno, donde se propone que una vez que entre en vigencia la nueva Constitución, el Presidente deberá presentar, dentro de un plazo de tres años, un proyecto de ley para establecer los Tribunales Administrativos, “fusionando a los Tribunales Tributarios y Aduaneros, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal de Contratación Pública y al Tribunal de Propiedad Industrial en los nuevos Tribunales Administrativos para su integración al Sistema Nacional de Justicia. Si el proyecto de ley no fuese despachado en un plazo de cuatro años desde la entrada en vigencia de esta Constitución, los tribunales señalados se integrarán directamente al Sistema Nacional de Justicia”.

Desde su implementación en 2010, los Tribunales Tributarios fueron instalándose gradualmente. Hoy existen 18, cuatro en la Región Metropolitana y uno en las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas. Es una instancia independiente que resuelve los conflictos que se generan entre particulares y el Fisco. Están sujetos a la supervigilancia de la Corte Suprema y no del Servicio de Impuestos Internos (SII) y del Servicio Nacional de Aduanas, como era antes.

Para la socia del estudio Recabarren & Asociados, Soledad Recabarren, ”dado el nivel de especialización que debe tener quien resuelve conflictos tributarios, no es posible pensar que el juez un tribunal administrativo, que además ve otros temas como contratación pública, propiedad industrial y otros, pueda tener la especialización requerida en todos los temas que están bajo su resolución”.

Así, comenta que “dado que se estimaba que era un error fusionar tribunales con tan alto nivel de especialización, se solicitó que en una norma transitoria se regulara que el tribunal administrativo tendría diferentes salas, siendo una de ellas exclusivamente de temas tributarios. Desgraciadamente, esta norma no fue aprobada”.

Es por esto que la experta tributaria menciona que “tendremos que confiar que la ley que posteriormente regule los Tribunales Administrativos reconozca que los TTA por su nivel de especialidad requieren una regulación especial, y se pueda mantener un tribunal separado de las otras materias a las que esta sujeta el Tribunal Administrativo, y cree la sala especial para materias tributarias”.

Agrega que “el no reconocer el grado de especialidad que tienen muchas de las materias que hoy deben ser incorporadas en los Tribunales Administrativos pone en riesgo la certeza jurídica, por cuanto en materias como ésta se requiere un nivel de manejo técnico muy superior a la que tiene un juez de jurisdicción común”.

El abogado y profesor de derecho tributario, Rodrigo Ugalde, cree que sería un error si se llegaran a fusionar los TTA con otros tribunales. Lo anterior, porque considera que ello conduciría en la práctica “a la eliminación de los actuales TTA como tribunales independientes y especializados, creando en su lugar órganos con competencias diversas y disímiles, como los Tribunales Administrativos, por lo que difícilmente se podrá hablar de especialización en materia tributaria y aduanera, por más que se diga que la ley que se dicte fijará las bases del orden jurisdiccional de los Tribunales Administrativos, un procedimiento de aplicación general y los procedimientos especiales que correspondan, pues ya no se estará frente a un órgano jurisdiccional que tiene competencias limitadas solo a las tributarias y aduaneras”.

Ugalde añade que “sería un innecesario retroceso de todo lo que se ha avanzado en los últimos 12 años en materia de justicia tributaria y aduanera, desde la dictación de la Ley N° 20.322, de 27 de enero de 2009, que creó a los TTA como órganos jurisdiccionales independientes y especializados, encargados de resolver los conflictos entre los contribuyentes y el SII y Servicio Nacional de Aduanas”.

El socio de Tax Advisors, Christian Blanche, recuerda que en el borrador de la nueva Constitución se establece que los nuevos Tribunales Administrativos podrán funcionar en salas especializadas, pero cree que la norma transitoria que se votará este martes crea “un grado de incertidumbre respecto de lo que sucederá en materia tributaria, puesto que los TTA desaparecerán al ser absorbidos por los Tribunales Administrativos”.

A juicio de Blanche, “la norma propuesta incurre en un grave error al disolver a los TTA, ya que como se ha dicho por innumerables especialistas en la materia, se perderá la especialización que han ganado en los 12 años de existencia que poseen. Lo anterior se hace más patente, teniendo presente la complejidad que involucran las controversias tributarias y aduaneras, debido a que contemplan temas jurídicos y contables, sus normas son permanentemente modificadas y muchas veces en forma deficiente, todo lo cual acarrea problemas de interpretación que no tienen otras ramas del derecho. A lo anterior se agrega la existencia de una norma general antielusiva cuya aplicación permite a la autoridad fiscal reclasificar los actos y contratos en caso de abuso de la forma jurídica o de simulación”.

Con todo, el tributarista dice que “la incertidumbre para el contribuyente es mayor, ya que al desaparecer los TTA se desconoce si habrá una doble instancia y si se podrá recurrir al tribunal de casación. En otras palabras la propuesta constitucional no garantiza la tutela judicial efectiva en materia tributaria”.

La Asociación Nacional de Magistrados Tributarios y Aduaneros (ANMTTACH) asegura que la norma transitoria que se votará este martes en el pleno “está en abierta contradicción con lo establecido como principio general del sistema de justicia y que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Esta mala noticia constituye, además, un grave error ya que por un lado hace perder la especialización que por tantos años se buscó alcanzar, y por otro, transforma a estos tribunales especiales en tribunales generales, que conocerán de una amplitud de materias, en los que difícilmente se podrán abordar, adecuadamente y con la profundidad necesaria, temas que requieren un conocimiento especifico”.

La Asociación recuerda que existe “en la doctrina variada literatura que reconoce el derecho de las personas como sujetos de impuestos para acceder a una justicia especializada, situación que se ve amagada con la idea de fusionar a los TTA en los Tribunales Administrativos, y no solo eso, sino que junto con garantizar el acceso, también reconoce el derecho de los contribuyentes para que su caso sea resuelto de modo sencillo, dentro de un plazo razonable, ante un tribunal competente, independiente, imparcial y especializado, mediante el pleno ejercicio del derecho de defensa y de acuerdo con la naturaleza del derecho sustancial, en igualdad de condiciones procesales y mediante una resolución suficientemente motivada en derecho, todo lo cual estimamos, se perderá indefectiblemente, al aplanar la justicia, haciendo que tribunales con la debida especialización, deban conocer de materias para las cuales no tienen ninguna experiencia. Ello, sin duda alguna, afecta la tutela jurisdiccional efectiva”.

El exsubdirector jurídico del SII, Bernardo Lara, afirma que “establecer los TTA en Chile fue un trabajo de estudio y legislativo de alrededor de 20 años para obtener lo que tenemos hoy que es un eficiente sistema de administración de justicia tributaria años contribuyentes. Es parte de la seguridad jurídica darle certeza a los contribuyentes e inversionistas que Chile tiene un sistema de justicia tributaria independiente y que funciona razonablemente bien”.

En esa línea, Lara cree que “significaría un retroceso fusionar los TTA con otros organismos que administran justicia como son el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de la Contratación Pública o el Tribunal de la Propiedad Intelectual que si resuelven materias puramente administrativas en cambio los TTA resuelven conflictos con implicancia pecuniaria a los contribuyentes”.