CC: comisión consagra derecho de propiedad, pero abre debate sobre mecanismos de expropiación
Chile Vamos -que en la instancia de la Convención Constitucional vio rechazada todas sus iniciativas en la materia- y la Sofofa consideran que no se establecen certezas jurídicas en la expropiación, lo que podría conducir a procesos como los liderados por Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. En tanto, quienes apoyaron la norma dicen que esta viene a corregir “una sobrerreacción” frente a esos temores, en la Constitución actual.
En las dos maratónicas sesiones de jueves y viernes de la Comisión de Derechos Fundamentales de Convención Constitucional, fueron las iniciativas de norma del Frente Amplio e Independientes no Neutrales las que se impusieron en materia económica. Aunque aprobadas con mayorías contundentes, no dejaron conforme a todos, particularmente a los convencionales de Chile Vamos, que manifiestan especial preocupación por el tratamiento de la expropiación.
Con 23 votos a favor y 10 en contra, fue aprobada en general la iniciativa que consigna que “la Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Los bienes incorporales sólo estarán amparados por este derecho cuando lo determine expresamente la ley”, mientras que “corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, sus límites y los deberes que emanan de ella; conforme a su función social y ecológica”,
En el articulado, mucho más minimalista que las extensas propuestas de otros colectivos políticos, además se establece que “los títulos administrativos que habiliten la prestación de servicios de interés general o la explotación de bienes comunes no quedarán amparados por este derecho y se someterán al estatuto que defina la ley, la cual deberá cautelar el interés social y el equilibrio ecológico”.
Para Aurora Delgado, una de las 12 convencionales que patrocinó la iniciativa, lo aprobado “representa avances fundamentales en las formas de entender este derecho. En primer lugar, asegura el derecho a propiedad a todas las personas, lo que es muy importante para nosotras. Pero además avanza en el reconocimiento de la función social y ecológica de la propiedad, haciendo un giro desde una mirada individualista de este derecho y hasta situarlo en el contexto de la sociedad y el rol que cumple en esta”.
Con el asunto ya negociado a la hora de la votación, optaron por retirar sus iniciativas tanto el Colectivo Socialista como MSC, cuyos constituyentes terminaron respaldado la normativa del FA e INN. “El objetivo es que aprobemos normas con amplios acuerdos, y para eso hemos identificado las normas que incluyan la mayor cantidad de elementos y que sean transversales. La norma del FA y de INC cumple con esos estándares y por eso hemos hecho el gesto de retirar la nuestra”, señaló Matías Orellana, convencional socialista.
Por otra parte, aunque persistieron en su propia propuesta, que fue rechazada, Pueblo Constituyente se plegó a una aprobación que solo careció de los votos de Chile Vamos. Estos últimos también persistieron en sus iniciativas, todas las cuales fueron votadas en contra.
Debate en torno a la expropiación
La dinámica descrita se repitió en la votación de los artículos centrados en la expropiación. Así, fue aprobado en general “nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por una causa de utilidad pública o interés general. Esta ley determinará también el justo monto del pago, su forma y oportunidad; y deberá considerar tanto el interés público como el del titular”.
La normativa del FA e INN, además señala en esta materia que “la persona propietaria podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales que determine la ley”.
Se trata de un tema especialmente sensible para los convencionales de Chile Vamos, que en sus propuestas ahondaba bastante más en lo relativo a la expropiación. Bernardo Fontaine, constituyente del distrito 11 y patrocinante de una de las iniciativas que fue rechazada, señala que “la Convención tramitará una débil garantía a la propiedad que, entre otras cosas, no establece forma de indemnizar las expropiaciones”.
La situación, desde su punto de vista es grave, dado que “volvemos a la Constitución que permitió a Allende y Frei expropiar sin pagar. Los fantasmas salen del cementerio”. Para quien la definición sobre propiedad es lo más relevante en la Constitución en materia económica, “hoy la Constitución le garantiza que si le expropian su vivienda para que pase el Metro, el Estado le pagará al contado el valor de su vivienda. Ya no. El valor de la indemnización dependerá de los políticos en el Congreso”.
Similar reacción tuvo Marcela Cubillos, convencional del mismo distrito y sector político, quien vía Twitter destaca que lo aprobado saca “de la Constitución las garantías ante una expropiación, es decir, deja el derecho de propiedad sin protección”.
Con ellos coincide Richard von Appen, presidente de Sofofa, quien plantea que la iniciativa “significa para nuestro país un retroceso de 50 años en esta materia y un gravísimo perjuicio para las personas, ya que sin justificación alguna, cambia reglas que han funcionado de manera eficiente durante todos estos años”.
Según destaca, dejar el mecanismo de indemnización a la ley “precariza el derecho de propiedad que actualmente está resguardado en la actual Constitución, pudiendo cambiarse reglas tan básicas como la determinación de la indemnización por los tribunales de justicia, el pago al contado (no en cuotas) y antes de la toma de posesión material del terreno, entre otras”.
Orellana tiene un análisis diametralmente diferente. “Es importante destacar que en materia de expropiación la Constitución actual ha sido caracterizada como una sobrerreacción a las políticas llevadas a cabo durante los gobiernos de los expresidentes Frei y Allende, que generaron un temor infundado en la elite empresarial chilena”, indica el constituyente del distrito 15, quien añade que “su actual regulación no cuenta con un correlato internacional”.
En ese marco, defiende la normativa aprobada, indicando que “refleja el equilibrio entre intereses individuales y colectivos, al seguir el ejemplo de la Constitución alemana y consagrar que la indemnización deberá considerar tanto el interés público como el de la persona propietaria”. En tanto, respecto al monto del pago, precisa que “su forma y oportunidad, serán determinados por ley, lo que refleja la profunda vocación democrática de esta Convención al entregar dichas definiciones a la sociedad”.
Más severa es la respuesta de Damaris González, una de las patrocinantes de la iniciativa aprobada y parte del Frente Amplio. “Nuestra propuesta de norma remite al Legislativo para que desde aquí se evalúe en cada caso concreto una ley, un monto compensatorio y también la forma y oportunidad para generarla. La propuesta considera que esto pase antes que se efectúe una expropiación”, recalca la representante del distrito 15, quien además destaca que si el expropiado no está conforme con la indemnización, de acuerdo al articulado, puede impugnarlo en tribunales en base a criterios como los que se manejan hoy, es decir tasaciones, avalúos fiscales y otros.
Así, señala que le parece “una falta a la verdad bastante osada que se incurra en hacer creer a la ciudadanía que la norma no presenta ninguno de estos alcances”, agregando que las críticas difundidas “buscan instalar que la norma desatiende todos estos procesos y hay dos opciones: o no se leyeron la iniciativa de norma o derechamente buscan desinformar”.
Votación sobre emprendimiento
Siguiendo la misma dinámica antes descrita, la comisión aprobó en general la propuesta de INN y del FA en materia de emprendimiento. “Lo central de esta propuesta es que deja atrás la idea de Estado Subsidiario y, al mismo tiempo, garantiza el derecho de cualquier persona a emprender. Esto quiere decir que se compatibilizan ambas facetas y se fortalecen las pymes en el marco de Estado Social”, indica González.
La Sofofa quedó nuevamente disconforme, ante el rechazo de la iniciativa popular que impulsó y que reunió más de 18.000 firmas. “Estamos en total desacuerdo”, señaló Von Appen, precisando que ese rechazo “pone en jaque la libre iniciativa individual, la libre asociación de las personas y el derecho a gozar de los frutos de su trabajo”.
Estas fueron las únicas votaciones de relevancia económica en la semana. Aunque también se esperaba que se abordara lo relativo al Banco Central, desde la Comisión de Sistemas de Justicia y Órganos Autónomos incluso ven complejo que se aborde la próxima semana.
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