Clínica Las Condes: directores electos por accionistas minoritarios rechazan nuevamente los balances

En septiembre, Clínica Las Condes debió enviar dos veces a la Comisión de Mercado Financiero sus balances a junio. En la primera versión, no todos los directores firmaban los estados de resultados, y en la segunda se especificaba claramente que los dos directores electos por los accionistas minoritarios de ese entonces -Juan Enrique Allard y Christian Traeger- rechazaban los estados financieros. Ahora, el panorama se repite....con otro protagonista.

“Certifico que Juan Enrique Coeymans rechaza la aprobación de la Fecu. Christian Traeger Gimeno rechaza la Fecu”, se lee en la declaración de responsabilidad de los directores que acompaña los estados de resultados a septiembre. Traeger es director por Inversiones Castilla, ligada a Sergio Gómez, que tiene del orden de un 8% de la propiedad. Coeymans es independiente, pero salió electo a mediados de octubre con el apoyo de Castilla, luego que el accionista controlador -la sociedad de Cecilia Karlezi- decidiera revocar el directorio.

El resto de la mesa la componen miembros ligados al grupo controlador. Además de Alejandro Gil, presidente y pareja de Karlezi, están Paola Bruzzone, Renata Harasic, Emilio de Ioannes y Carlos Lizana. Como otro director independiente está Juan Gamper.

Fuentes al tanto precisan que el rechazo responde a lo mismo que imputaron cuando se negaron a firmar los balances de junio. Y dice relación con aquellos perjuicios derivados de la atención de pacientes Fonasa que, si bien, hoy están judicializados, se están reconociendo como ingresos y no como cuentas por cobrar. Y que tampoco se han provisionado.

Fue el 29 de junio cuando Clínica Las Condes justamente demandó a Fonasa por indemnización de perjuicios. Exigen que se les pague la totalidad del costo que implicó atender pacientes Fonasa durante la emergencia del Covid-19. Los perjuicios reclamados ascienden a los $37.867 millones. Y la causa acaba de entrar a la fase probatoria.

“Los abogados externos que patrocinan el juicio estiman que las probabilidades de obtener un resultado favorable en el juicio son elevadas, toda vez que la acción jurisdiccional y su régimen de responsabilidad se encuentran expresamente previstos en la ley, dando lugar a la indemnización de perjuicios directos en contra del Fisco”, señala la compañía en sus balances a septiembre.

El establecimiento acusa que todo el contexto de la emergencias sanitaria ha tenido y tiene múltiples perjuicios financieros para la clínica.

Tal es así que reveló una serie de medidas que han debido tomar para hacerle frente a ese escenario. Una de ellas, girar $18.000 millones en líneas de capital de trabajo, además de negociar líneas adicionales como respaldo. La clínica informó que, además, ha re perfilado el mix de deuda financiera, principalmente a través de recompras de los Bonos E y F, financiados mayoritariamente mediante excedentes de caja y nuevos financiamientos. A lo anterior, se suman eficiencias en la estructura de costos y gastos para generar una menor carga financiera.

La compañía reportó ingresos por $203.353 millones a septiembre, un alza de 39% frente a igual lapso de 2020. Además, tuvo utilidades por $21.666 millones, frente a una pérdida de $12.234 millones de doce meses atrás.

Las cuentas por cobrar de la empresa siguen subiendo: a septiembre, la cifra saltó a $ 168 mil millones, versus $ 108 mil del cierre de diciembre de 2020 y los $ 148 mil millones de junio de este año.

La pandemia llevó al gobierno a decretar el estado de excepción constitucional, intervino la red privada de salud y fijó el precio máximo por las prestaciones derivadas del Covid. El Estado fijó como el valor máximo a pagar el equivalente a los precios GRD (Grupo Relacionado a Diagnóstico), una tarifa que el Estado licita regularmente para atender a pacientes Fonasa en la red de prestadores privados. Esos valores, según CLC, equivalen a entre el 30% y el 50% del precio que cobra regularmente a sus pacientes y la mitad de lo establecido en la Ley de Urgencias. Por lo mismo, demandó el pago del valor de mercado y no a precios GRD. En medio de la disputa, la Contraloría, en julio de este año, determinó que Fonasa debía cancelar las prestaciones realizadas a valor GRD. En sus balances, CLC informó que el 7 de septiembre de 2021 inició el proceso administrativo de cobro ante Fonasa.