La secretaría general del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) comunicó el lunes una nueva suspensión, hasta el 28 de diciembre, del arbitraje iniciado por Codelco y sus filiales Inversiones Copperfield y Exploraciones Mineras Andinas S.A. en contra de la República de Ecuador en relación con el proyecto minero de cobre Llurimagua.

La minera estatal chilena recurrió en diciembre de 2021 ante este organismo al amparo del convenio entre Ecuador y Chile para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, tras más de un año de iniciar un proceso de conversaciones amistosas y confidenciales respecto de sus inversiones en esta iniciativa que desarrollaba en conjunto con la estatal ecuatoriana Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami EP) desde 2008, y que era visto como el primer paso para su internacionalización. Ocho meses antes ya había solicitado un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional. Desde entonces ha habido varias suspensiones al proceso, por acuerdo de las partes, para tratar de llegar a un arreglo. “Hemos abierto una línea de contacto con los más altos ejecutivos de Codelco”, afirmó en junio el ministro de Energía y Minas de Ecuador, Xavier Vera.

La primera suspensión otorgó plazo a las partes hasta el 28 de agosto, lo que luego se extendió por otros tres meses, hasta este lunes. Cumplido el plazo, las partes lo extendieron por otro mes.

Llurimagua es considerado uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo, con una superficie cercana a las 5.000 hectáreas. Está ubicado en la provincia de Imbabura, a 80 kilómetros de Quito y las estudios proyectan una producción de 210.000 toneladas anuales durante 27 años. Por estar situado en una zona de alta protección ambiental, enfrenta la oposición de comunidades indígenas, que argumentan afectará el hábitat de especies en peligro de extinción y han interpuesto acciones legales para impedir que se explote. Pero no fue esta la causa de su paralización.

El proyecto de internacionalización de Codelco comenzó a escribirse en 2008, cuando la la chilena y la Empresa Nacional Minera de Ecuador (Enami EP) suscribieron un convenio marco binacional para la exploración minera, actividad que iniciaron en 2015 en varias áreas de interés, resultando Llurimagua las más promisoria. Este estipulaba que, finalizada la fase de exploración, se crearía una empresa para la explotación donde la estatal ecuatoriana participaría con 51% y Codelco con 49%, la que se encargaría de desarrollar, construir y operar el yacimiento.

Según la memoria 2021 de Codelco, la estatal constituyó la sociedad Exploraciones Mineras Andinas Ecuador S.A. en 2012 y a la fecha tiene un capital suscrito y pagado de US$ 8 millones. Su gerente general es Santiago Bustamante y tiene 22 profesionales y técnicos y 68 trabajadores.

En 2015 suscribieron el acuerdo de accionistas y tras largas rondas de negociaciones, en 2019 las partes acordaron los términos para conformar la sociedad. Sin embargo, a enero del año siguiente Enami EP aún no firmaba el acuerdo. Sin embargo, en su “Plan de Negocios, Inversión y Expansión 2020″ (el último que figura en su página web) destacaba que ese año perfeccionaría el vehículo asociativo con Codelco y que “la gestión minera, por su naturaleza, es altamente demandante de capital y tiempo, los cuales pueden ser optimizados a través de procesos de negociación que permitirán compartir el riesgo durante la exploración y explotación, como es el caso de la empresa chilena, quien hasta la fecha ha realizado la inversión de toda la exploración en el proyecto Llurimagua”, junto con detallar un plan de actividades de índole ambiental, relacionamiento con la comunidad; seguimiento técnico, geológico y minero conforme lo establecido en el convenio.

Pero en agosto de 2020 la ecuatoriana sorprendió anunciando que pondría en venta su 51% del proyecto, usando como argumento la crisis económica por la que atravesaba el país, lo que alteraba la alianza original, pero hasta la fecha no se concreta.

Tres meses después, Codelco envió una carta a la Procuraduría General del Estado ecuatoriano para solicitar el inicio de “conversaciones amistosas” sobre el acuerdo con Enami EP, a causa de la demora del directorio de la estatal ecuatoriana para aprobar la constitución de la sociedad y ratificar el pacto de accionistas. El plazo de esas conversaciones venció a los seis meses (mayo 2021), tras lo cual siguió gestionando reuniones. Además, en abril había solicitado un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional y en diciembre de 2021 activó el arbitraje en el Ciadi.

Un artículo publicado en enero de este año por el portal ecuatoriano Primicia atribuyó la demora a informes que alertan sobre “graves perjuicios para el país si se concretara la asociación” y según publicó, documentos oficiales advertían desde 2018 sobre una serie de violaciones legales y constitucionales en la negociación entre Codelco y Enami EP.

La publicación afirma que el escenario de que Codelco activara la cláusula arbitral para cobrar la inversión realizada en la fase de exploración de Llurimagua fue previsto como un riesgo probable en un informe de 2020, durante el gobierno de Lenin Moreno. Y agrega que, según ese documento, “el monto aproximado de la inversión de Codelco es de US$ 40 millones, sobre los cuales no han presentado a la Enami la información de respaldo en las condiciones solicitadas conforme a la normativa”. Además, planteaba que al menos cuatro empresas internacionales estaban interesadas en explotar el yacimiento.