Cuatro mineras operadas por Antofagasta Minerals (Amsa) del grupo Luksic: Minera Centinela, Compañía Minera Zaldívar, Minera Antucoya y Minera Los Pelambres, solicitaron al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ser admitidas como terceros coadyuvantes de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el juicio por colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales que involucra a las empresas Indura y Linde Gas Chile.

En marzo de 2024 la FNE presentó un requerimiento ante el TDLC acusando a las firmas Indura y Linde Gas Chile de haber implementado un acuerdo colusorio que habría operado entre noviembre de 2019 y enero de 2021. Según la acusación, este pacto consistió en la asignación de zonas o cuotas de mercado entre ambas empresas. Su propósito, de acuerdo con la FNE, era que “cada uno mantendría aquellos clientes que ya abastecía”, lo cual habría restringido gravemente la competencia en el mercado afectado.

En su requerimiento, la FNE pidió al TDLC que aplique multas a beneficio fiscal por un total de 37.999 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a unos US$ 31,3 millones ($ 29.841 millones). De este total, US$ 31,2 millones ($ 29.732 millones) corresponden a Indura y US$ 114.392 ($ 109 millones) a su gerente general.

En cuanto a Linde y a dos de sus ejecutivos de entonces involucrados, la FNE solicitó al TDLC que los exima de la aplicación de multas por haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley para acceder a los beneficios del programa de delación compensada. En línea con lo anterior, la FNE pidió al TDLC, además, que declare la exención de responsabilidad penal por los hechos ilícitos respecto de los hoy exejecutivos de Linde cubiertos por dicho programa.

En su solicitud, Amsa argumenta que sus subsidiarias fueron “directamente afectadas por las conductas anticompetitivas denunciadas”, en particular, en relación con un proceso de licitación para la provisión de gases industriales esenciales para sus operaciones. Este proceso fue convocado por Amsa, pero sus compañías mineras eran las destinatarias finales y las contrapartes contractuales de los proveedores de gas industrial.

El documento presentado ante el TDLC expone que “los requeridos habrían hecho fracasar los resultados del proceso competitivo de contratación llevado a cabo por AMSA para las Compañías”. Uno de los episodios que destaca el escrito es la intervención que se produjo cuando una oferta competitiva de Indura fue retirada, a pesar de haber sido más favorable. Esta oferta, relacionada con la instalación de un estanque de nitrógeno líquido en el yacimiento Centinela, fue dejada sin efecto tras la intervención directa de Marcelo Torres y Leonardo Novelli, altos ejecutivos de Indura y Linde, respectivamente.

Amsa, que produce más de 650.000 toneladas de cobre al año a través de sus subsidiarias, enfatizó en su solicitud que la provisión de gases industriales como el nitrógeno, oxígeno y helio es fundamental en varias etapas de la extracción y procesamiento de minerales. En ese sentido, sostuvo que las prácticas anticompetitivas denunciadas afectaron directamente su capacidad productiva y generaron un perjuicio económico a sus operaciones. “Las compañías sufrieron directamente las conductas ilícitas de los requeridos”, señala el escrito

El interés de las empresas en este caso, según el documento, es completamente coincidente con el de la FNE, ya que ambos buscan proteger la libre competencia en el mercado y sancionar las conductas anticompetitivas. “El interés de las compañías en relación con el resultado de este juicio es armónico con la pretensión de la FNE”, subraya el documento patrocinado por los abogados Nicole Nehme y Benjamín Mordoj.

Las mineras solicitan la reparación integral de los daños causados por las conductas colusorias, en caso de que el tribunal determine que los hechos denunciados han sido probados. Amsa busca no solo que se impongan sanciones a las compañías y ejecutivos involucrados, sino también una compensación económica por las pérdidas sufridas como resultado de estas prácticas. Así, el documento presentado al tribunal concluye: “Se solicita la reparación integral del daño causado por las conductas que, en definitiva, el Tribunal tenga por acreditadas”, lo que abre la puerta a una posible demanda por daños y perjuicios, en caso de que se acredite el impacto de estas conductas en la licitación señalada.

Desde Antofagasta Minerals explicaron a Pulso que la compañía “promueve una minería responsable, con cumplimiento a las normas y a las buenas prácticas. Por eso, condenamos conductas como la colusión asociada al suministro de gases industriales, en la cual hemos sido víctimas. El Grupo Minero espera que se apliquen las sanciones que corresponden una vez que estos procesos hayan concluido. Al hacerse parte del proceso en el TDLC, buscamos colaborar con la investigación y esclarecer los hechos”.