Comité de Ministros: el plan de la española Celeo para blindar el segundo mayor proyecto de transmisión eléctrica del país
La semana pasada, Mataquito Transmisora de Energía (MATE) presentó una serie de documentos al Servicio de Evaluación Ambiental para intentar revertir el rechazo de su proyecto Itahue-Hualqui, el segundo más grande en evaluación en el país. La empresa entregó planes específicos para mitigar el impacto en especies de anfibios, flora nativa y patrimonio arqueológico, en respuesta a observaciones.
En medio de las tensiones por la lenta expansión del sistema de transmisión eléctrica en Chile, un nuevo proyecto clave se prepara para enfrentar su prueba más compleja: la revisión por parte del Comité de Ministros, la máxima instancia administrativa contemplada por la legislación ambiental. Se trata de la iniciativa Itahue-Hualqui, que contempla una inversión de US$324 millones y es desarrollada por Mataquito Transmisora de Energía (MATE), filial del grupo español Celeo. El trazado busca unir subestaciones entre las regiones del Maule y Biobío y es, después de Kimal-Lo Aguirre, el segundo mayor proyecto de transmisión en evaluación ambiental.
El proyecto enfrenta observaciones de varios servicios públicos. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Subsecretaría de Salud Pública y el Consejo de Monumentos Nacionales han emitido reparos sobre los potenciales impactos que podría generar el trazado de las líneas sobre ecosistemas sensibles, fauna de baja movilidad y sectores de valor arqueológico o cultural. Entre los principales puntos señalados, destaca la afectación a diversas especies de anfibios nativos, algunas en categoría de conservación, y la cercanía del tendido con zonas protegidas por la Ley de Monumentos Nacionales.
Frente a estas observaciones, la empresa ingresó la semana pasada una serie de documentos al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con el fin de revertir el rechazo inicial del proyecto. Uno de los elementos clave del expediente es el “Plan de Rescate y Relocalización de Fauna de Baja Movilidad – Anfibios”, que busca mitigar los efectos del trazado sobre especies como Rhinella arunco (sapo de rulo), Pleurodema thaul (sapito de cuatro ojos), Batrachyla taeniata (rana de antifaz) y Eupsophus roseus (rana de hojarasca rosácea), todas en categoría vulnerable o casi amenazada.
El plan define 25 áreas de captura distribuidas a lo largo del trazado de la línea, con un total de 7,98 hectáreas, y 15 zonas receptoras con condiciones ecológicas similares. Las tareas de captura y relocalización serán ejecutadas por un equipo especializado y se realizarán justo antes del inicio de las obras en cada tramo. El seguimiento contempla tres ciclos reproductivos y la elaboración de informes anuales dirigidos a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Además del componente fauna, la empresa presentó una actualización de la línea de base vegetal asociada a modificaciones menores del trazado en los sectores de Rapilermo, Santa Delfina y Rodelino. En total, se evaluó una superficie de 57,7 hectáreas, donde se identificaron especies endémicas, leñosas en categoría de conservación y formaciones vegetales clasificadas como bosque nativo bajo protección legal.
El informe señala que las modificaciones del trazado buscan reducir el impacto ambiental redirigiendo parte de la línea hacia áreas con menor valor ecológico, como terrenos con plantaciones de Pinus radiata o Eucalyptus globulus, evitando zonas con presencia de Nothofagus obliqua y Cryptocarya alba. También se implementó un análisis de riesgo climático sobre las especies afectadas, como medida adicional para evaluar su vulnerabilidad.
Arqueológico
En paralelo, MATE incorporó una línea de base arqueológica que cubre las mismas modificaciones menores de trazado. El informe fue elaborado tras una campaña de prospección desarrollada en octubre de 2024, mediante inspecciones en terreno con transectas separadas cada 25 metros. La revisión no arrojó hallazgos directos de sitios arqueológicos en las zonas intervenidas, pero sí identificó la cercanía de registros históricos a varios kilómetros del proyecto, incluyendo muros pircados y dispersión de material lítico y cerámico.
Pese a no encontrar evidencias en superficie, el titular se compromete a implementar un plan de manejo arqueológico conforme a lo establecido por la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales. También incluye protocolos para detener las obras en caso de hallazgos fortuitos, y reportar inmediatamente al Consejo de Monumentos Nacionales.
El documento también advierte sobre variables que podrían afectar la detección de restos patrimoniales, como la visibilidad reducida por cobertura vegetal, la topografía del terreno y la obstrusividad del material arqueológico. Por ello, el plan contempla acciones complementarias como capacitaciones al personal en terreno y seguimiento técnico por parte de profesionales acreditados, con el objetivo de aumentar las posibilidades de identificación temprana durante la ejecución del proyecto.
Además, la empresa establece una cobertura de prospección diferenciada según la visibilidad de cada sector. En zonas de alta densidad vegetal, se aplicarán microruteos cada 10 metros, mientras que en áreas despejadas se mantendrán las distancias estándar. Esta metodología busca reforzar el carácter preventivo del levantamiento arqueológico y reducir al mínimo la posibilidad de una afectación no planificada sobre bienes patrimoniales.
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.