Denuncias por acceso a lagos caen 57% en 2021 y gobierno inicia proceso para delimitar bordes costeros

Dos años han pasado de aquel 6 de febrero de 2019 cuando el llamado caso Pérez Cruz encendió las alarmas respecto a los límites de aquellas propiedades que colindaban con los lagos. Ese día, el presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, expulsó a tres mujeres de lo que llamó “su jardín” en Lago Ranco, una zona que en realidad era de uso público.

De ahí en adelante, las autoridades intensificaron las fiscalizaciones en la misma proporción que se elevaron las denuncias. De hecho, ese año hubo 1.789 reclamos por acceso a las playas, cuando un año antes –en 2018- las denuncias sumaban sólo 479.

Tras ese boom, los datos van a la baja. Según información del ministerio de Bienes Nacionales, en 2021 hubo apenas 279 denuncias durante la temporada estival, desde el 15 de diciembre de 2020 al 15 de marzo de este año, un 57% menos que las 647 de 2020. Desde la cartera explican que tal caída respondió, en parte, a la pandemia, que generó menos viajes.

“El año 2019 tuvimos un peak de denuncias, marcado por casos emblemáticos como el de Lago Ranco. Desde ahí, impulsamos tanto una campaña informativa nacional que reconoce el derecho de todas las personas y las familias a llegar a las playas de río, mar y lagos como la puesta en marcha de plataformas digitales que facilitan tanto el acceso a estos bienes nacionales de uso público como denuncias por falta de ellos”, destaca el ministro Julio Isamit. “La temporada de playas 2021, fue distinta, tanto por la pandemia, que significó una importante disminución en la movilidad de las personas, pero también porque poco a poco se ha avanzado en un cambio cultural que reconoce que las playas son de todos”, añade la autoridad.

Del total de reclamos, un 24% se originó en la región de Coquimbo; seguido de la zona de Los Lagos con un 14%, y luego por La Araucanía y Los Ríos con 10,3% y 8,6%, respectivamente.

Y las razones se centraron en problemas de acceso. De las 279 denuncias, 90 dijeron relación con pasos cerrados. Y ahí, la región de Los Lagos llevó la delantera, con 21 reclamos, de las cuales seis acusaciones fueron por no tener acceso y tres por el hecho de que terceros impidieran el paso.

Y es que la ley es clara: los terrenos que van entre la línea de baja y alta marea (en el caso del mar) y de aguas mínimas y máximas (en el de lagos y ríos) son bienes nacionales de uso público o playa y no son objeto de apropiación. Y entre la alta marea y 80 metros, hacia la tierra es terreno fiscal. Sin embargo, en aquellos títulos de dominio en que señalan como deslinde el océano, la bahía, el mar o el lago, no se generan los 80 metros; el límite entonces es solo la alta marea, por lo que la orilla del lago no es “antejardín” de nadie.

“Muchas veces los lagos del sur de Chile no tienen fijada sus líneas de más altas mareas, lo que dificulta determinar con claridad dónde termina la propiedad privada y dónde comienza el espacio público”, reconoce el ministro Isamit.

Dado ello, el gobierno anunció post caso Pérez Cruz que delimitaría bien las líneas de playa para justamente separar lo privado de lo público. Desde Bienes Nacionales señalan que en febrero del año pasado el Departamento de Estudios Catastrales de la División de Catastro de la cartera, junto con la Seremi de Los Ríos, inició justamente el programa de Fijación de Líneas de Playas de Lagos Navegables en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Se tomaron inicialmente tres sectores de Lago Ranco; uno del lago Tagua Tagua, otro del Todo los Santos, y tres del Llanquihue. Además, aseguran que, con funcionarios del ministerio, se empezó a trabajar en la fijación de líneas de playa en zonas del lago Cólico y Villarrica.

Según precisan desde la cartera, la tarea no termina ahí. Para este 2021, se contempla una nueva licitación que delinee nueve áreas adicionales en Panguipulli, Puyehue, Riñihue, Calafquen, Llanquihue y Rupanco.

Si bien, las denuncias más llamativas han sido las generadas en el sur de Chile, las zonas de playa más reclamadas están hacia el norte. Del catastro de Bienes Nacionales, se desprende que Playa Blanca, en Coquimbo, lleva la delantera en número de reclamos, con 32. De ellos, 24 responden a cobro de estacionamientos. Le sigue Playa La Virgen en Atacama con 12, también por el mismo motivo.

Lago Tinquilco en La Araucanía, y Playa Punta de Parra en Biobío, aparecen empatados con 7 denuncias. El primero mayoritariamente por carecer de acceso, y el segundo por cobrar por estacionarse.

Hoy, existen 546 concesiones marítimas en trámite en la zona de Los Ríos; una de ellas –la número 44.675- corresponde justamente a Ximena Cousiño Prieto, esposa de Matías Pérez Cruz.

Tras el bullado video de 2019, el empresario se abocó a regularizar su situación, ya que el mismo escándalo reveló que, si bien Pérez Cruz tenía dos ramblas y una boya de amarre en terreno público, el propietario carecía de una concesión marítima que lo autorizara. De hecho, en el expediente se habla de una concesión ilegal desde 2008.

En octubre de 2019, Cousiño ingresó una solicitud a la Subsecretaria de Fuerzas Armadas –entidad que administra los permisos en las zonas de playa- pidiendo una concesión marítima menor, es decir, con una duración de hasta 10 años para –se lee en la petición- dar apoyo náutico a una propiedad privada en el sector Quillaico, de Lago Ranco, haciendo uso de mejoras fiscales consistentes en dos rampas, y permitir el fondeo de una boya de amarre para embarcaciones menores de 25 TRG.

Durante el 2020, tanto la Capitanía de Puerto como la Subsecretaría de Fuerzas Armadas pidieron todos los antecedentes, y hoy sólo faltarían temas menores para poder adquirir la concesión. “(En este momento, el proceso) se encuentra en la Capitanía de Puerto de Lago Ranco, a la espera de la emisión del conglomerado informe técnico, para su posterior remisión a esta subsecretaría”, señalaron desde la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

Desde el gobierno reconocen que los antecedentes dan cuenta de un uso ilegal del área reconocido por los ocupantes desde 2008. Por ello, subrayan, de otorgarse la concesión, la solicitante deberá pagar como multa la renta y/o tarifa por uso del sector más la tarifa correspondiente por uso de mejora fiscal que corresponda al lapso de la ocupación ilegal con un máximo de cinco años.

De rechazarse la solicitud de Pérez Cruz –lo que se ve improbable- los bienes ocupados indebidamente deberían desalojarse, sin perjuicio de que se persiga judicialmente el pago de las indemnizaciones que correspondan por todo el tiempo de esa ocupación ilegal, mediante el envío de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, subraya la autoridad.