El costo fiscal del nuevo reajuste del sector público

Hoy el sector público tiene una reunión clave con el gobierno para acordar una cifra de reajuste salarial y de esa manera ingresar el proyecto de ley al Congreso Nacional.

Por el momento, las posturas están alejadas. Por un lado, los trabajadores solicitaron un alza salarial de 7,5% nominal y 3% real (por sobre la inflación), mientras que el Ministerio de Hacienda puso sobre la mesa como primera propuesta un incremento de 4,1% nominal, lo que significaría una pérdida de poder adquisitivo de 0,4 punto porcentual considerando que a noviembre la inflación anual se ubicaría en 4,5%.

Esa propuesta, por ahora, está lejos de satisfacer las demandas de los trabajadores, por lo que esperan seguir negociando con el Ejecutivo para lograr un acercamiento.

Para los funcionarios del sector público, el piso que debe tener una oferta de Hacienda para recién comenzar a evaluarla, es que al menos cubra la inflación anual que considere noviembre 2023 y noviembre 2024 y que según las estimaciones que han considerado rondaría el 4,5%. Plantean que a ello se le debe sumar un extra para recuperar el poder adquisitivo. Y por lo mismo, para buscar acercamientos, el sector público bajó su propuesta de 7,5% a 7,2% nominal lo que se traduce en una baja desde el 3% a 2,7% real.

Pese a las demandas de los trabajadores, un alza en sus remuneraciones tiene un impacto relevante en las finanzas públicas.

El economista del OCEC-UDP, Juan Ortiz, realizó son escenarios posibles para tener un orden de magnitud del costo fiscal. Según los cálculos preliminares que hace el experto, un alza anual de 7,5% que es lo que piden los trabajadores, implicaría un costo fiscal cercano a los US$ 3.400 millones.

Mientras que un alza acorde con el aumento esperado del IPC promedio de 2025 que es 4,2% conllevaría un aumento de gasto nominal de US$ 1.900 millones.

El año pasado, el costo fiscal considerando solo el reajuste salarial llegó a los US$1.108 millones.