Este martes el gobierno acudió a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para hacer la primera presentación sobre la reforma previsional, iniciando así su tramitación. Gran parte del foco que pusieron los ministros del Trabajo y de Hacienda estuvo en la reorganización industrial, donde proyectan que, gracias a los cambios incluidos en la reforma, el efecto agregado será de un alza de 23,8% en la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE).

Ese cálculo incluye el efecto que se generaría por la separación de la industria, el término de comisiones indirectas, el cambio de modalidad de cobro de comisiones, el reemplazo de los multifondos, la eliminación del retiro programado y la licitación de rentas vitalicias.

De todos los temas que abarca la reorganización industrial, la separación de la industria -centralizar las funciones de afiliación, recaudación y pago de pensiones en un ente público y dejar a privados solo la inversión de fondos- es el ítem mediante el cual el gobierno calcula que habrá un mayor impacto en las pensiones, donde proyecta un efecto de 11% en las pensiones: es decir, casi la mitad del total.

En parte el gobierno argumenta que al separar a la industria se podrán transferir las economías de escala a los afiliados por la vía de menores comisiones.

Hace algún tiempo la Asociación de AFP había encargado un estudio al economista y presidente de Gerens, Patricio Arrau, para hacer un análisis respecto de dichas economías de escala. El análisis ya está listo, y es precisamente en el cual se apoyó la Asociación de AFP a la hora de rebatir los argumentos del gobierno.

El documento de Arrau, con fecha del 9 de noviembre, “revisa la evidencia proveída por la Subsecretaría para las economías de escala en la función de soporte o administración, que justificarían la centralización de todas estas actividades en un solo ente estatal”. Ahí analiza distintos estudios que se han realizado a nivel mundial sobre economías de escala en la administración de cuentas para los fondos de pensiones, incluyendo la literatura internacional que citó el mismo gobierno.

En palabras simples, una de las conclusiones a las que llegó Arrau es que en algunos casos la literatura internacional señala que no se puede comprobar “ni el tamaño óptimo ni si las economías de escala son continuamente decrecientes”. Otros estudios que se han basado en el caso de Holanda, aseguran que efectivamente existen economías de escala, pero las principales se encuentran en fondos que tienen entre 100 y 10 mil afiliados (Bikker and De Dreu, de 2009). Y el óptimo se logra con menos de 100 mil participantes para el periodo 1992-2004. En cambio, el nuevo ente público, tendría 11,5 millones de afiliados. En tanto, actualmente la AFP que tiene menos afiliados es Cuprum, con 592.635, y lidera Provida, con 2.806.473.

Es más, en el documento, Arrau asegura que no es descartable que se generen deseconomías de escala, es decir, aumentos de costos, porque argumenta que la literatura ha identificado que en grandes corporaciones se generan problemas de gestión en una serie de ítems que enumera.

En primer lugar, en el documento Arrau concluye que “los estudios econométricos que estiman economías de escala se han basado principalmente en la base de datos que mantiene el Banco Central de Holanda con detallada información de costos de los fondos de pensiones de dicho país. Estos estudios concluyen muy categóricamente la existencia de muy altas economías de escala en la vecindad de las escalas que tienen las muestras utilizadas en los estudios. En efecto, el estudio seminal que desencadena esta línea de investigación (Bikker and De Dreu, de 2009) tenía la mayoría de los fondos en escalas de 100 y 10.000 participantes. Estiman una escala óptima menor a los 100.00 participantes para el periodo 1992-2004″.

En segundo lugar, dice que “estudios posteriores han intentado controlar por nuevas variables que afectan los costos, tales como la calidad y complejidad de los fondos, nuevas funciones de costos estimados y modelos econométricos que incorporan las llamadas 11 ineficiencias-X. Si algo puede concluirse de los estudios (Bikker et al (2012), Bikker (2017) y Alserda et al (2018)), es que la literatura no ha podido llegar a concluir ni el tamaño óptimo ni si las economías de escala son continuamente decrecientes. Las clases de tamaños, la calidad y la complejidad de los fondos cambian en el tiempo y con ellos la función de costos. Los estudios recomiendan consolidación de los fondos pequeños. En los fondos de mediano tamaño, digamos 400 mil participantes, y grandes, fondos de más de un millón de participantes, no se detectan economías de escala significativas (conclusión estudio Alserda et al (2018)).

Igualmente Arrau aclara en el informe que “parte del problema es que no tenemos una base de datos que permita estimar en forma robusta las economías de escala para grandes escalas fuera de la muestra, y menos para 11 o 12 millones de participantes. Mientras no existan suficientes fondos con varios millones de participantes, las estimaciones resultan válidas para fondos entre 100 y un millón de participantes y no pueden concluir mucho más que la consolidación de fondos pequeños”.

Así las cosas, el documento dice que “en ningún caso los estudios avalan la propuesta de la Subsecretaría que propone centralizar en un solo ente la administración de soporte de todos los afiliados. A agosto de 2022 existen 11.549.599 afiliados o RUN únicos, que tienen 12.704.846 cuentas, dado que varios tienen cuentas en más de un multifondo. No existe evidencia de que a ese nivel de escala existan economías de escala”.

Es más, agrega que “es probable que existan las deseconomías que ha identificado la literatura para las grandes corporaciones, tales como, ineficiencias debido a creciente burocracia; problemas de gestión en la función de contratación, por sobrecontratación; creciente lujo en edificios corporativos y beneficios salariales; costos adicionales debido a escasez de profesionales calificados; costo relacionados con exceso de confianza de parte de los administradores o equipo de gestión; crecientes costos de comunicación entre distintos segmentos de la compañía; crecientes costos de monitoreo de los trabajadores y equipos de gestión de parte de los altos ejecutivos; la baja de motivación y compromiso de los trabajadores y equipos de gestión en compañías grandes; ineficiencias en el control de gasto presupuestarios respecto de contrataciones, equipos adquiridos, u oficinas; creciente competencia interna entre segmentos de la compañía”.

Añade que “el nuevo ente público, APA, por muy buena gobernanza que tenga, tendrá estos mismos problemas de gestionar escalas de participantes tan significativas”.

Adicionalmente, señala que “no existen estimaciones con datos más cercanos y actualizados. Las nuevas tecnologías digitales probablemente han modificado la función de costos de soporte muy significativamente. Si bien se puede suponer que se incrementan los costos fijos de sistemas e inversión en tecnologías y se bajan los costos marginales del producto, ello puede implicar que la función de costos converja rápidamente a una forma del tipo-L, es decir a una función de costos que agota o diluye los costos unitarios rápidamente en la escala de participantes”.

En esa línea, concluye que, “en definitiva, es muy posible que al hacer crecer tan significativamente la escala en el nuevo ente público, los costos se incrementen, sin que ellos se compensen con eventuales y muy improbables reducciones en los costos de producción en la función de producción, que no ha sido posible probar”.