En noviembre de 2017, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Ñuñoa otorgó a Inmobiliaria Fundamenta el permiso de edificación para su proyecto “Egaña Sustentable”. Su Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) tuvo luz verde un año después y al momento de comenzar a construir la empresa contaba con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), pero a fines del año pasado, el Segundo Tribunal Ambiental cambió todo: anuló parcialmente el permiso por el reclamo de un grupo de vecinos.

Sin embargo, el golpe final a la iniciativa -que empleaba un total de 1.280 personas, con una inversión de US$300 millones- se lo daría la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana (COEVA), agrupación encabezada por la delegada presidencial y exjefa de gabinete del diputado Gonzalo Winter, Constanza Martínez (34). Esto, luego que el 4 de abril de 2022 la entidad que integran también Seremis -nombrados por el gobierno central- revocó la RCA, debido a la disminución de horas de sol que tendrían vecinos.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) -órgano técnico que se encarga de la tramitación de los proyectos- había recomendado aprobar “Egaña Sustentable”, pero la COEVA decidió en sentido contrario y hoy el titular del proyecto alista una reclamación ante la Dirección Ejecutiva del SEA en la última instancia administrativa antes de acudir a tribunales.

Pero Fundamenta no es la única que ha sufrido un millonario revés durante los primeros 30 días del gobierno de Gabriel Boric.

Bajo la nueva administración se han aprobado 18 proyectos con una inversión total de US$1.137 millones, y se han rechazado seis iniciativas con una inversión total de US$518 millones. Cuatro de estos últimos contaban con un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable: Egaña-Comunidad Sustentable, de Plaza Egaña SpA (US$300 millones); Planta WTE Araucanía, de WTE Araucanía SpA (US$80 millones); Ampliación Líneas de Transferencia de Productos, de Oxiquim S.A. (US$10 millones), y Línea de Transmisión Río Toltén, de Sociedad Anónima Transmisora Valle Allipén (US$2 millones).

A ellos se suman: Subestación eléctrica Monte Mina y Línea de transmisión eléctrica Parinas, de Transelec Holdings Rentas Ltda (US$105,6 millones), y Proyecto Minero San Cayetano, de Sociedad Comercial Importadora y Exportadora Dicave Limitada (US$20,5 millones). Ambos contaban con informes elaborados durante la actual administración de gobierno que recomendaban su rechazo a las comisiones de Evaluación Ambiental de Antofagasta y Coquimbo, respectivamente.

Otro caso particular es el del Proyecto Inmobiliario Los Molinos (US$33,1 millones). La iniciativa, de propiedad de “Maestra Brisas del Biobío S.A., recibió un ICE negativo el 18 de marzo y seis días antes que fuera votado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, el titular presentó una carta para retirar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El proyecto consistía en el desarrollo de tres torres de 19 pisos cada una, con un total de 662 departamentos y pretendía ubicarse en Av. Los Carreras Poniente N°68, Concepción.

En contraste, los tres proyectos aprobados más grandes son: Parque Fotovoltaico Pauna Solar (US$496 millones), Ampliación Planta Solar Pampa Unión (US$360 millones) y Proyecto Solar Fotovoltaico Don Humberto (US$75 millones).

En conversación con Pulso PM, cuatro abogados expertos en la tramitación de grandes proyectos de inversión destacaron las certezas que debe otorgar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Fernando Molina, socio de Grupo Evans, explicó que “en la evaluación de este primer mes, existen algunos casos que son de especial preocupación, no tanto por la cantidad de proyectos rechazados, sino que por los fundamentos que se esgrimen. Este es el principal factor que afecta no solo a desarrolladores, sino que en general a la comunidad, porque no es posible anticipar y por lo tanto proponer medidas para hacerse cargo de sus efectos”.

Mario Galindo, socio de VGC Abogados, sostuvo que “el respeto de la recomendación del ICE, salvo claros errores técnicos, es de la mayor relevancia para el titular de cualquier proyecto. Si, como señalan algunos, se está prescindiendo de la recomendación contenida en el ICE y resolviendo rechazar proyectos que vienen con recomendación de aprobación, habrá que concluir que nuevamente la voluntad política se está imponiendo a la voluntad técnica y eso no es una buena señal”.

Jorge Canals, abogado en Moraga y Cia, añadió: “Me parece que existen señales muy complejas y desafortunadas, como la decisión de la comisión respecto a los edificios de Plaza Egaña. Independiente de que uno comparta o no las decisiones, una revisión puntual de un aspecto específico de una RCA no puede derivar en un rechazo total, más allá de las calidad de las intervenciones de algunas miembros de la comisión, y del comportamiento por redes sociales de la alcaldesa, que pone en entredicho la independencia del sistema, y lo sujeta a razones extra legales”.

Yordana Mehsen Rojas, abogada, LLM UC, MBA UC, fundadora de WeAre1, Of counsel en Grupo Evans, explicó que “una decisión contraria por parte de la Comisión (cuya integración es política) no siempre será fácil de sustentar en un proceso jurisdiccional, pudiendo revocarse dicha decisión, lo que finalmente implicaría ejecutar igualmente el proyecto respectivo con el sólo costo de haber desincentivado la inversión para quienes empiezan a desconfiar del sistema”.

Agregó que “si comparamos el inicio del gobierno del expresidente Piñera (desde el 11 de marzo al 20 de abril) con el actual gobierno del presidente Boric (11 de marzo al 20 de abril), podríamos pensar que efectivamente se están rechazando más proyectos, pues en el caso del pasado gobierno del expresidente Piñera, de 31 proyectos sometidos a calificación ambiental solamente se rechazó 1 (3,2%). En cambio, en el inicio del gobierno del presidente Boric, hasta el día de ayer, 20 de abril, de 40 proyectos sometidos a calificación ambiental, se han rechazado 6 (el 15%), de los cuales dos contaban con la recomendación de rechazo del SEA”.

A raíz de este artículo, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que encabeza la abogada Valentina Durán, respondió: “La Dirección Ejecutiva del SEA no participa y, por lo tanto, no le corresponde referirse a las resoluciones de estas Comisiones. Además, al existir la posibilidad de que se presenten recursos administrativos cuyo conocimiento es competencia de esta autoridad, una declaración que anticipe una respuesta a estos actos podría generar una inhabilidad que debemos evitar”.

“Una de las metas del Servicio es dar certeza jurídica a todos los actores del SEIA, tanto a titulares como a la comunidad. En este aspecto, conforme al procedimiento reglado, las Comisiones Regionales de Evaluación están facultadas para tomar una decisión distinta a la propuesta en el Informe Consolidado de Evaluación que elaboran las direcciones regionales, resguardando la debida fundamentación”, añadió.

“En cuanto a los tiempos de tramitación, es importante señalar que el SEA es un organismo técnico cuyos procedimientos están sumamente reglados, existen plazos legales que debe cumplir en toda la evaluación y en especial en algunas de sus etapas intermedias. Esto incluye el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), como resultado de la evaluación de impactos efectuada por los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental”, concluyó.