Estudio de Salud Libre asegura que los costos GES superan en un 30% lo expresado en la prima universal

Las listas de espera GES han crecido veinte veces desde el año 2012 hasta la actualidad. Esto, pese a que “las Garantías Explícitas en Salud (GES) están financiadas a través de la Ley de Presupuesto y cuentan con el respaldo de un estudio de verificación de costos y demanda, por lo tanto, no deberían comportarse igual que las prestaciones que no cuentan con ninguna garantía”, señala un estudio realizado por Salud Libre.

El informe detalla que, según el estudio de verificación de costos, por persona el costo promedio por GES es de 5,112 UF para ambos sistemas, es decir, incluyendo a Fonasa e isapres. Sin embargo, la prima universal que fija el Ministerio de Hacienda, está en 4 UF anual desde 2023 y hasta 2025, “generando una distorsión que podría explicar las listas de espera del sector público”, puntualiza Salud Libre.

En ese sentido, afirma que “el costo promedio individual por beneficiario para ambos sistemas excede la prima universal expresada en el decreto supremo entre un 28% y un 39%”. Esto, considerando que según los cálculos de Salud Libre, dicha prima universal que fijó el Ministerio de Hacienda en 4 UF, y que dura por tres años, implica que los costos GES en 2023 superan en 28% lo expresado en la prima universal, para 2024 esa diferencia sería de 33%, y la proyección para 2025 es que la diferencia puede alcanzar el 39%.

“Lamentablemente nos hemos acostumbrado a conocer el número de incumplimientos en forma periódica y a buscar alternativas de resolución, pero nadie ha caído en la cuenta de que específicamente estas prestaciones deberían contar con los recursos financieros para su ejecución tal como dice la expresamente la ley GES”, acota Victoria Beaumont, del movimiento ciudadano Salud Libre.

El informe dice que “la existencia de 62.713 garantías de oportunidad GES incumplidas en la actualidad no deberían tener explicación alguna en el financiamiento y si el problema es de recursos materiales, infraestructura y profesionales en la red pública, estas capacidades técnicas deberían buscarse fuera de la red pública en el entendido que se cuenta con los recursos asignados en la Ley de Presupuestos para dar cumplimiento a estas garantías que le son obligatorias al Fonasa”.

Agrega que “otra alternativa sería que el Estudio de Verificación de Costos (EVC) utilizado para determinar los recursos necesarios para financiar las garantías GES subestime los costos reales de otorgar dichas prestaciones. En este caso, los recursos dispuestos en la Ley de Presupuestos serían insuficientes para financiar las prestaciones garantizadas y por lo tanto generando los incumplimientos. El problema está en la misma ley que, junto con validar el estudio de costos y demanda esperada por el GES, pone un límite al gasto que ha ido distanciando las primas de los costos reales para el Estado”.

El documento de Salud Libre ocurre en momentos en que las isapres están a la espera de lo que pueda fallar la Corte Suprema, en el último gran frente judicial que tiene pendiente la industria, dado que sus afiliados han judicializado el ajuste del precio GES, el que se realiza cada tres años. En sus alegatos que realizaron el 13 de julio, las isapres argumentaron que el ajuste del precio GES que hacen no es comparable con la prima universal que fija el Ministerio de Hacienda para el sistema público.

Al respecto, Salud Libre dice que “si bien este fallo aún está abierto, existe una probabilidad cierta que se mandate algún cambio en el ámbito de la política pública. La judicialización de esta materia en isapres corresponde al alza de las primas, criticándose que las alzas no se adecuan a la demanda real esperada por GES en dichas instituciones. Sin embargo, en el caso de las isapres también hay costos que el estudio de verificación no estaría considerando como las licencias médicas, gastos de administración y el IVA de las cotizaciones adicionales, gastos que el Fonasa también desconoce”.

“A la luz de esta evidencia, es urgente una revisión exhaustiva de los gastos de ambos sistemas y el reordenamiento del modelo de financiamiento del GES, como una política pública tendiente a la universalidad que creemos se debe fortalecer”, indica el informe.