A través de un escrito presentado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, los abogados Mario Vargas y el ex diputado Eduardo Lagos, socios de Lagos, Vargas & Silber, asumieron la defensa de Francisco Coeymans, exgerente general de Primus Capital. El ejecutivo es investigado por el Ministerio Público por presuntos delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y lavado de activos.

Este movimiento marca el inicio de la nueva estrategia de defensa de Coeymans, involucrado en uno de los mayores fraudes de los últimos años, que incluye facturas falsas, modelos peruanas, fiestas y sociedades ficticias constituidas por venezolanos con visas de tránsito. La acción ocurre tras su extradición desde Perú, donde permaneció durante 240 días.

Actualmente, los abogados Vargas y Lagos están gestionando que la audiencia de control de detención de Coeymans sea incorporada como una causa agregada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, tras la conclusión de los trámites de extradición en la Corte de Apelaciones.

Si tienen éxito, el ejecutivo sería trasladado al Centro de Justicia durante la tarde. Esta audiencia resulta clave, ya que, aunque fue formalizado en ausencia y la jueza Mariana Leyton dictó una orden de detención en su contra tras no presentarse, en abril, ahora se definirá el recinto penitenciario donde deberá permanecer. La defensa busca que sea enviado al penal Capitán Yáber en lugar de Santiago 1, aunque la decisión final dependerá de Gendarmería, que debe confirmar la disponibilidad de cupos.

En el penal permanecen recluidos otros imputados por el fraude al factoring: Marcelo Rivadeneira, quien según la fiscalía se encargaba de conseguir los talonarios de cheques falsos usados por Coeymans, y el abogado Antonio Guzmán, quien según la parte querellante, habría sido parte fundamental para urdir las sociedades de papel.

Varios abogados ya han dejado la representación de Coeymans.

El primer abogado en renunciar fue Juan Domingo Acosta, quien junto a su equipo de juristas dejó el caso tras la ausencia de Coeymans en la audiencia de formalización del 3 de abril en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, cuando Coeymans no se presentó. Días antes había viajado a Perú.

La representación entonces la asumió Mario Vargas, quien renunció el 13 de mayo argumentando desconocer en detalle la carpeta investigativa y el caso. Sin embargo, con este nuevo escrito, retoma la representación del imputado. En su presentación, Vargas delegó el poder conferido en los abogados Carlos Eduardo Lagos Herrera y Diana Belén Venegas Araya. Sin embargo, para volver a asumir, Mario Vargas presentó un poder extendido por Francisco Coeymans el 1 de abril de 2023.

El 8 de agosto, Manuel Guerra, otro abogado que representaba a Coeymans, renunció al patrocinio y poder, señalando que, aunque el imputado estaba privado de libertad en Perú, estaba informado de su decisión. Guerra, exfiscal de la zona oriente, fue posteriormente vinculado al caso “Audio” por intercambiar mensajes con el abogado Luis Hermosilla, acusado de soborno, delitos tributarios y lavado de activos.

Al igual que Manuel Guerra, Mario Vargas también estuvo vinculado al denominado caso Audio. En abril de este año, el abogado presentó un recurso de protección para evitar que el Ministerio Público entregara los chats de Luis Hermosilla al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Vargas reconoció la existencia de conversaciones con Hermosilla, las cuales, según él, pertenecen al ámbito de su vida privada. “Así las cosas, resulta altamente peligroso para todos vernos expuestos al escarnio público sin razonabilidad alguna”, argumentó el abogado en su presentación.

Sin embargo, en junio la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la acción judicial de Vargas, argumentando que no puede controlar una investigación que se lleva adelante de forma autónoma por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Este lunes en la audiencia de extensión de plazo de investigación solicitada por la Fiscalía al cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Coeymans fue representado por un defensor penal público. Ahora volverá a tener un defensor privado.

Uno de los nuevos abogados de Coeymans, el ex diputado Eduardo Lagos acumula una trayectoria vinculada a casos de alta connotación pública. Uno de ellos es su representación a Best Quality Products SPA, sociedad que en 2021 solicitó la quiebra de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) y presentó una querella contra el entonces alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Además, Lagos asesora al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, acusado por la Fiscalía de corrupción, con una solicitud de pena de 10 años de cárcel y una multa. Actualmente, el estudio Lagos, Vargas & Silber representa a Aguilera en millonarias demandas de indemnización de perjuicios contra medios de comunicación como El Mostrador ($1.300 millones) y Canal 13 ($4.500 millones).

Eduardo Lagos Herrera también ha sido mencionado en una querella presentada en 2017 contra el juez árbitro Manuel Valderrama Escobar, vinculada a una subasta anulada de un predio. En este caso, según la acción penal, Lagos actuó como abogado de la Compañía Minera Santa Laura Limitada, empresa beneficiada en el litigio. Los querellantes lo acusan junto a Valderrama de presuntos delitos de prevaricación, desacato y estafa, señalando que habrían diseñado un esquema para adjudicar el terreno a un precio irrisorio, generando un perjuicio económico estimado en $7.000 millones. La querella también denuncia irregularidades en el remate, presuntamente realizado en contravención de órdenes judiciales de suspensión. Según los denunciantes, Lagos tuvo un rol activo en la adjudicación y en la preparación de los procedimientos cuestionados, en beneficio de su cliente.

El ex diputado Gabriel Silber es el último socio que se integró a Lagos, Vargas & Silber. El ex parlamentario postuló a alcalde por la comuna de Pudahuel en las elecciones del 26 y 27 de octubre de 2024, en calidad de independiente, pero no resultó electo.

El estudio está detrás también de la disputa entre el consorcio entre Codelco y la bielorrusa Belaz y la chilena Movitec, contratado en 2021 para remover tierra y construir caminos en Rajo Inca, la división Salvador, una causa donde un fallo en el que participó la ex ministra Ángela Vivanco ha sido cuestionado. “Tenemos la absoluta tranquilidad; todas las actuaciones y resoluciones judiciales son de carácter público, y en las misma se ejerció el más absoluto control jurisdiccional por las partes”, indicaron los abogados en septiembre pasado.