En 1997 y siete años después de titularse, el ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Marcelo Torres Bruce (58) ingresó a trabajar en Indura. Hoy, 27 años después, el ejecutivo se enfrenta al escenario más complejo de su carrera profesional. Hace dos semanas, 29 de abril, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento en contra de Indura y Linde por colusión en el mercado de gases industriales y medicinales, al menos, entre noviembre de 2019 y enero de 2021, en el que pidió sanciones solo contra la primera: Linde y los dos ejecutivos acusados se acogieron a la delación compensada.

El pasado jueves, el ex ejecutivo de Indura presentó un escrito ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), señalando que tomó conocimiento de la existencia de este proceso judicial, precisando que los lugares señalados por la Fiscalía para su notificación no corresponden actualmente a su domicilio.

En su requerimiento, la FNE pidió al TDLC que aplique multas a beneficio fiscal por un total de 37.999 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a US$ 31,3 millones ($ 29.841 millones). De este total, US$ 31,2 millones ($ 29.732 millones) corresponden a Indura y US$ 114.392 ($ 109 millones) a su ex gerente general.

“Con la finalidad de colaborar efectivamente en la substanciación del juicio y tener la oportunidad procesal de ejercer mi derecho a defensa, en base a la exposición de los hechos del modo en que verdaderamente ocurrieron, vengo en notificarme expresamente del requerimiento”, señaló Marcelo Torres.

En el mismo escrito, confirió patrocinio y poder a los abogados Javier Velozo y Pablo Pardo, socios del estudio Contreras Velozo, pero también a la abogada Paula Vial, penalista y socia de Vial y Asociados. Esta última ha participado en varios casos de connotación pública, como la defensa de Nicolás López, cineasta condenado por acoso y abuso sexual, y la ex ministra de Justicia Javiera Blanco, quien fue acusada de malversar gastos reservados desde Carabineros.

Un día después de asumir como gerente general de Indura, el 5 de noviembre de 2019, Marcelo Torres sostuvo una reunión con su entonces gerente general de Linde Chile, Sergio Novolli, en el café Tavelli en Las Condes. En dicho encuentro los gerentes generales abordaron diferentes aspectos comerciales de sus respectivas compañías, manifestando que “estaba difícil hacer ese repaso de precio, ese incremento de precio en los clientes, pero tenemos que seguir presionando por ello”. Luego ambos mantuvieron contactos por WhatsApp y llamados telefónicos que fueron infiltrados por la FNE. Ambos se conocen desde Colombia al haber participado en un encuentro gremial.

Marcelo Torres hoy “está jubilado”, cuentan sus cercanos. Él no niega los contactos con ejecutivos de la competencia (Linde), pero aclara que sus conversaciones estarían vinculadas a casos puntuales bajo el contexto de la emergencia sanitaria por Covid, como el traslado de insumos y estanques. “Su versión es muy distinta a la que plantea la fiscalía”, dice una de las fuentes consultadas, que pidió reserva de su identidad.

En diciembre del año pasado, la estadounidense controladora de Indura, Air Products, resolvió eliminar todos los cargos de country managers en Sudamérica de los países en los que está presente. Hoy Torres está en un proceso de transición y no es un empleado de la compañía, aunque mantiene un rol de asesor externo del directorio, dicen asesores. No asiste a la oficina en Apoquindo, pero sigue dialogando con el área legal de la compañía, a raíz de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

El exgerente general de Indura eliminó su perfil en la red social linkedIn.

Por su parte, en Indura dicen que en este caso no hubo afectación de los precios en las licitaciones que menciona la FNE en su requerimiento y que tendrían informes económicos que respaldarían esta afirmación.

En paralelo, el pasado viernes, el ex gerente de ventas de Linde Chile, David Livio Lori, delegó patrocinio y poder de representación en el juicio en los abogados José Joaquín Ugarte y Pablo Correa, socios de Ugarte & Correa. El ex ejecutivo argentino de la compañía, quedó exento de sanciones por la colusión, al igual que el ex gerente general de Linde Chile, Sergio Novelli Da Silva. Esto luego que la Fiscalía Nacional Económica aceptara la solicitud de la compañía de acogerse al programa de delación compensada. Por ello, el ex gerente de Indura es el único que arriesga penas de cárcel si la FNE decide acusarlo penalmente.

Pulso detalló hace unos días que el propio Lori fue objeto de denuncias internas por presuntas prácticas colusorias por parte de ejecutivos de Linde Chile. “En una situación que no me pareció y que se la hice saber a don David, él invita al gerente comercial de Air Liquide a una reunión en las oficinas de Linde. Air Liquide es francesa y está en el mismo rubro que Linde. Tienen plantas generadoras de gases y tienen una estructura muy similar y los clientes son los mismos”, afirmó en el marco de un juicio laboral entre Ascencio y Linde.

El ex gerente brasileño de Linde, Sergio Novelli, también delegó poderes de representación en los abogados Salvador Vial y Sebastián Infante, socios de Giroux Vial Abogados.