A más de dos años del rechazo del proyecto inmobiliario “Egaña-Comunidad Sustentable” en Ñuñoa, la investigación por presunto delito de prevaricación avanza con nuevos antecedentes. El expediente contiene nuevas declaraciones y documentos presentados ante la Policía de Investigaciones (PDI), en un caso en el que la empresa cuestionó la votación de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana (Coeva RM).

Alfredo Palominos, gerente de arquitectura de Fundamenta, detalló ante la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana cómo la decisión de la Coeva RM, en abril de 2022, impactó financieramente al proyecto.

Según su testimonio, la paralización implicó la desvinculación de 500 trabajadores y la interrupción de maquinaria en terreno, lo que generó costos adicionales que alcanzaron más de medio millón de UF. Palominos reveló que hasta el momento de la paralización, el proyecto había representado una inversión superior a los US$ 100 millones, financiada por el Banco de Chile y otros inversionistas.

“La decisión de paralizar el proyecto implicó la desvinculación de 500 trabajadores en terreno, la desmovilización de grúas y maquinaria, y el montaje de medidas para proteger la obra detenida”, afirmó Palominos. “Todo esto representó un costo económico enorme para la empresa, que fue asumido íntegramente por Plaza Egaña SpA”, añadió.

Fundamenta cuenta con la asesoría legal del estudio Lagos, Vargas y Silber

Además de los aspectos económicos, Palominos apuntó a posibles conflictos de interés dentro de la comisión evaluadora. Señaló que algunos miembros de la Coeva RM tenían vínculos personales y profesionales que no fueron declarados y que podrían haber afectado la imparcialidad del proceso. “Tenía información de la animadversión de varias personas que integraban la comisión, como Patricia Hidalgo. Constanza Martínez y Gonzalo Winter, quienes se relacionan y son íntimos amigos. Me pareció raro que el resto de las comisiones en el país siguieran sesionando, mientras que la de la Región Metropolitana se suspendiera en dos ocasiones”, explicó el gerente.

La comisión era presidida por la entonces delegada presidencial de la Metropolitana, Constanza Martínez, quien anteriormente había sido jefa de gabinete del diputado Gonzalo Winter. Este último en redes sociales, según Fundamenta, se había mostrado contrario al proyecto. Patricia Hidalgo, otrora seremi de Desarrollo Social, también formaba parte de la Coeva RM.

Uno de los puntos más críticos mencionados por Palominos fue la designación de algunos seremis que participaron en la votación, quienes asumieron apenas un día antes de la sesión del 4 de abril de 2022. “Es difícil entender cómo pudieron tomar una decisión tan importante cuando acababan de asumir el día anterior y no tuvieron tiempo suficiente para revisar cuatro años y medio de antecedentes”, cuestionó Palominos. “Conocimos la designación de los seremis y su toma de cargo el mismo día de la votación”, agregó.

“La mayoría de los seremis no fundamentó su voto en nada. Algunos se basaron en razones que no formaban parte del proceso de evaluación, como los cambios sociales tras la pandemia o la antigüedad de los permisos viales”, dijo.

Palominos también entró documentos y correos electrónicos a la PDI para respaldar sus acusaciones. Entre ellos, registros de sesiones de la Coeva RM y comunicaciones previas a la votación del 4 de abril de 2022, que muestran la coordinación entre algunos miembros de la comisión.

Por su parte, el abogado Rodrigo Benítez también prestó declaración ante la PDI. Como asesor del proyecto, Benítez explicó cómo la resolución que paralizó el proyecto generó graves consecuencias, desde la desvinculación de trabajadores hasta el incumplimiento de contratos con proveedores y bancos. Benítez describió irregularidades en la votación del 4 de abril de 2022, en la que varios seremis, según lo publicado en prensa, coordinaron su rechazo al proyecto a través de un grupo de WhatsApp.

Según Benítez, esto no es común en este tipo de instancias, donde las decisiones deben basarse en los antecedentes técnicos. “Había algún tipo de coordinación”, afirmó.

El ex subsecretario de Medio Ambiente del gobierno de Piñera también mencionó que algunos seremis no fundamentaron sus votos de acuerdo a los estándares técnicos establecidos. “El estándar que ha establecido la Corte Suprema, es que cuando se vota en contra (aprobar o rechazar), se requiere de un alto grado de fundamentación técnica que debe ser expresado por el seremi en la sesión”. Sin embargo, en esta votación, según Benítez, “la mayoría de los seremis se basó en el argumento de la Seremi de Medioambiente, que no entregó ningún antecedente técnico que respaldara sus dichos”.

El 14 de abril de 2024 la ex jefa de litigios del Servicio de Evaluación Ambiental, Yordana Mehsen, sostuvo en una entrevista en Ex-Ante que “al inicio de este gobierno hubo rechazos a proyectos por razones políticas”. A raíz de esa declaración, Fundamenta solicitó que la abogada declarara, pero los esfuerzos de la PDI por realizar la diligencia han sido infructuosos. La consultora medioambiental de WeAre1 se encuentra en Europa desde octubre de 2023 y desde junio de este año la PDI trata de concretar la orden de la fiscal Patricia Cerda de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Consultada por Pulso, la abogada respondió: “Yo no he indicado que hubo rechazos de proyectos en el SEA por “motivos políticos”. “En la entrevista que se cita por la PDI, fue hablada e indiqué que ha habido rechazos por motivos no técnicos en una minoría de casos, lo cual es real, porque me he dedicado a revisar proyectos en que presentan discrepancias entre lo recomendado fundadamente por el Servicio de Evaluación Ambiental y que luego, de manera contradictoria, se ha resuelto por la Comisión de Evaluación (rechazando sin argumentos técnico-jurídicos claros)”.

“En ese momento, una vez que vi mi entrevista en la prensa, le pedí al periodista encarecidamente cambiar la frase ya que estaba errada, pues yo nunca dije ‘motivos políticos’ y se podía malinterpretar (tengo los WhatsApp en que solicito aquello). Sin embargo, dicho periodista no hizo el cambio. Sobre mi supuesta inasistencia a declarar para la PDI, fue un mal entendido. La PDI nunca me envió la cita para la declaración, sólo coordinamos para un día y mucho más adelante me llegó link de la videollamada, lo cual vi a último momento ya que tenía 7 horas de diferencia con Chile. Luego de esto, tampoco volvieron a contactarme para la declaración. Además, en su momento, señalé al funcionario de la PDI que no estaba al tanto de ningún tema de prevaricación y que, desde mediados de 2021 ya no trabajaba en el SEA, motivo por el cual tampoco insistí en que me citaran nuevamente (no es un tema en que pueda aportar más)”, dice a Pulso.