Los gremios del comercio están preocupados por las mayores exigencias de la Ley N°21.368 que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas.

La normativa, promulgada en 2021, y que entró en vigencia en febrero de 2022, busca proteger el medioambiente, disminuir la generación de residuos y limitar la entrega de productos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos.

A través de una carta enviada el 5 de abril al ministro Álvaro Elizalde de la Secretaría General de la Presidencia, la Cámara Nacional de Comercio (CNC); la Cámara de Comercio de Santiago (CCS); la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur); la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga); la Cámara de Centro Comerciales, y la Asociación Gremial de Industriales Gráficos (Asimpres) alertaron los efectos de la normativa.

“Nuestro país no dispone de la capacidad ni la oferta suficiente de proveedores ni certificadoras para atender la importante demanda de plástico certificado que la industria gastronómica requerirá en el contexto de la limitación de entrega de productos de un solo uso. Esta situación conducirá a que el sector se vea en la necesidad de buscar proveedores internacionales que se sujeten a los requisitos de los plásticos certificados en Chile, lo que evidentemente requerirá de diversas negociaciones y tiempo”, consignó la misiva a la que tuvo acceso Pulso La Tercera.

El presidente de la Achiga, Máximo Picallo, calculó millonarios perjuicios y solicitó aplazar las mayores exigencias que establece la normativa a contar de agosto de 2024. A partir de esa fecha, la ley ordena que ningún local de comida podrá utilizar productos que no sean reutilizables, es decir, no solo queda prohibido al interior del local el uso de cualquier producto plástico, sino que también de cualquier otro material que no sea reutilizable.

“Tenemos una ley que está atrasada, porque el Ministerio del Medio Ambiente no generó el reglamento en febrero del año pasado y hoy está recién publicado para que los actores hagan consultas”, explicó a Pulso La Tercera. “La ley le costará US$30 millones anuales al sector gastronómico, y en septiembre con las fondas se darán cuenta de que es muy talibán”, añadió.

A través de Ley de Lobby, Achiga se han reunido con representantes de los ministerios de Economía y de la Secretaría General de Gobierno. La próxima semana prevé juntarse con autoridades del Ministerio del Medio Ambiente. El gremio está siendo asesorado por José Domingo Ilharreborde, socio de E-I Abogados, quien ha participado en las audiencias.

Luego de ocurrida la discusión del proyecto de ley en 2022, Achiga presentó dos estudios, uno de Quiroz y Asociados que aborda el impacto económico y otro que habla sobre las repercusiones ambientales, del Dictuc.

La presidenta Cámara de Centros Comerciales, Katia Trusich, coincidió con su par de Achiga y dijo que la puesta en marcha de la ley debe ser postergada. “Pensamos que se requiere más plazo para la entrada en vigencia de esta ley, ya que falta el reglamento y, en consecuencia, hay varios aspectos de la normativa que se desconocen. Apoyamos el espíritu de la ley, el cuidado del medioambiente y la adopción de nuevos hábitos en pro de la sustentabilidad, pero esta ley significa un cambio grande para la industria gastronómica, clave para los centros comerciales. Se requiere más tiempo para aclarar inconsistencias y preparar esta transformación que involucra muchos cambios operativos”.

También contó que junto con la Achiga, la CNC, la CCS, Fedetur, la Cámara de Centros Comerciales y la Asimpres, solicitaron al gobierno aplazar por 18 meses la entrada en vigencia de esta ley.

“Los centros comerciales actualmente son espacios de encuentro, en los que los restaurantes, gastronomía y patios de comida resultan muy importantes. La ley va a significar varios cambios en términos operacionales y para los locatarios de este rubro. Pero más que eso, porque el sector de los centros comerciales es dinámico y se adapta a las transformaciones, la preocupación radica en el poco tiempo que ha habido para aplicar una nueva normativa en la que se ven varias inconsistencias. Por ejemplo, se establecen diferencias entre los materiales que se podrían usar en el delivery y los que se podrían utilizar en un patio de comida. Parece incomprensible”, concluyó.

“La Ley de Plásticos de un solo uso, es una gran herramienta para el cuidado del medioambiente, sin embargo, su artículo 3° tiene problemas, creo que debe ser mejorado, dado que no se estudió en su oportunidad cuál es el impacto de dicha norma, en cuanto a que al prohibir productos de un solo uso, y no sólo plásticos, aumenta el consumo de agua, cuando Chile está en grave sequía. No se revisó el impacto en la salud, por mal lavado de loza, o el aumento de detergente en el mar y, en consecuencia, sus químicos. Y lo peor es que, al ser prohibición de productos, afectará gravemente a fonderos, ferias costumbristas y otros pequeños locatarios que entregan productos de un solo uso, por ejemplo, anticuchos en palos de madera no se podrán entregar, como tampoco los palitos de sushi, entre otros varios”, acotó Javier Naranjo, socio en Jara del Favero.

María Teresa Vial, presidenta de la CCS, sostuvo que “esperamos que se postergue la entrada en vigencia de la ley en 18 meses, y que se incorpore la posibilidad de que los establecimientos señalados puedan entregar para consumo en el local materiales biodegradables, incentivando la innovación en materiales distintos del plástico , que sean un aporte a la sociedad y una nueva fuente de empleo”.

En relación a esta demanda de los sectores afectados, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) señaló a Pulso La Tercera que “a nivel global enfrentamos una crisis de contaminación, especialmente por plásticos. Es por eso que, como país, avanzamos en aprobar una ley de plásticos de un solo uso que busca reducir la utilización de desechables en locales de expendio de alimentos. La ley establece claramente que la implementación es gradual, y hemos visto cómo ya lo están haciendo exitosamente algunos patios de comida de centros comerciales de la capital, lo que indica que vamos por buen camino. Esperamos que esto siga avanzando”.

La ley contempla sanciones que varían entre una y veinte Unidades Tributarias Mensuales (UTM) dependiendo del tipo de infracción y del producto comercializado, las cuales serán aplicadas por el Juzgado de Policía Local de la comuna donde se encuentre situado el establecimiento, mientras que la fiscalización será resorte de las municipalidades y cualquier persona podrá denunciar el incumplimiento de la normativa.

La gradualidad de esta ley otorga un plazo de tres años para su completa implementación; sin embargo, hay disposiciones que comenzaron a regir en 2022, como la prohibición de entrega de poliestireno expandido (plumavit) y así también las bombillas, los revolvedores, cubiertos (tenedor, cuchara y cuchillo) y palillos, todos de plásticos de un solo uso. En adición a esta prohibición, todos los supermercados estarán obligados a vender bebidas en formato retornable y a recibir dichos envases de las personas. Se entenderá por supermercado todo establecimiento comercial con tres o más cajas habilitadas para pago. “Esto permite, además de proteger al medio ambiente, disminuir los costos para las personas, ya que son más económicos”, consignó un comunicado de la época del MMA.

Para el caso de los servicios de delivery, a partir de 2024 solo pueden utilizar utensilios y envases de plásticos certificados, es decir, que estén elaborados a partir de recursos renovables, y que puedan ser compostados. Lo anterior, también se aplica a los consumidores que retira los alimentos del local.