Desde este miércoles, y durante tres días, se extenderá la toma de muestras que buscan determinar el nivel de contaminación por petróleo que ocasionó el abandono de la ex Central Diésel Iquique, instalaciones ubicadas en un sitio que forma parte del barrio industrial en la ciudad del norte del país, y en las que hasta 2016 funcionó una generadora eléctrica operada por Engie Chile.

Las diligencias, que fueron fijadas por el Primer Tribunal Ambiental a solicitud de la compañía de capitales franceses, permitirán a la eléctrica recolectar sus propias pruebas en terreno, respecto a los combustibles y otras sustancias que quedaron en el lugar. “En dicha oportunidad deberán realizarse tanto las actividades preliminares, como también las campañas de monitoreo asociadas a las muestras de aguas y suelos”, dijo el tribunal especializado, en una resolución dictada el pasado 22 de diciembre.

El caso se da en medio del duro enfrentamiento judicial que sostiene la Zona Franca de Iquique (Zofri) contra Engie Chile, en una estrategia legal que sigue dos caminos: una ante el ente jurisdiccional especializado, y otra ante la Justicia Civil.

Francisco Tapia, abogado del estudio que asesora a la Zofri, Fix Abogados, y quien lidera la estrategia legal en sede ambiental, explicó que las actividades que comienzan este miércoles forman parte de una “diligencia que fue solicitada por Engie, y a la que nosotros accedimos que se hiciera siempre por el intermedio del Tribunal”.

El Primer Tribunal Ambiental definió dicho mecanismo para realizar las diligencias, rechazando así la solicitud de Engie de tener acceso irrestricto a las instalaciones, lo que les permitía ingresar a ellas de manera liberada. Las diligencias se dan previo a la inspección que realizarán personalmente los ministros del ente jurisdiccional, Sandra Álvarez y Mauricio Oviedo, diligencia que estaba citada para el 25 de noviembre, pero que fue suspendida y hasta el momento no ha sido reagendada, ya que quedó reservada para el término del período probatorio, el que aún no se inica a la espera que concluya la actual fase del proceso. En dicha ocasión, deberán asistir además de los minstros, personal técnico del tribunal, personal de la Capitanía de Puerto de Iquique de la Armada de Chile; el seremi de Medio Ambiente regional, Héctor Derpich; y el seremi de Salud de Tarapacá, David Valle.

En la ocasión estarán ambos equipos legales, además de los representantes de cada compañía, para supervisar la toma de muestras que permitirán a Engie actualizar los parámetros de un estudio de Muestreo y Análisis de Suelo, realizado en 2018 por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) -reconocida por el Ministerio de Medio Ambiente- el que ya había detectado que “las concentraciones de hidrocarburos en el suelo superan los límites establecidos en la norma de calidad canadiense para uso comercial e industrial”, según detalló Zofri en su demanda por daño ambiental.

Cabe recordar que en dicha demanda, Zofri presentó un reporte técnico elaborado por la consultora de estudios e ingeniería ambiental Teba, cuyo estudio sostiene que los monitoreos realizados en el lugar “detectaron valores muy por sobre las normas chilenas”, tanto para grasas y aceite, como para hidrocarburos fijos en descargas e hidrocarburos totales. Dicho documento también afirma que, aunque no se pudo determinar la extensión de la contaminación, “se trata de una contaminación severa a nivel de aguas subterráneas que representan, a juicio de los profesionales que analizan este documento, una amenaza para la salud de las personas y de los ecosistemas”.

Al respecto, Tapia explica que “nosotros ya tenemos presentado el estudio de aguas, y mandamos a hacer el de suelos también, pero ambas partes tenemos como precedente, y que acompañan la demanda ambiental, un estudio de 2018 que mandó a hacer Engie, y que ya tenía contaminación y, de hecho, por eso surge toda la discusión respecto a la remediación del suelo y del agua”.

En su análisis, dice que la eléctrica “querrá algún nuevo informe actualizado, pero ya hay bastante información acompañada en el juicio”, aunque remarcó que “obviamente, Engie tiene derecho a presentar su prueba durante el juicio”.

Consultada por las diligencias, desde Engie Chile señalaron que éstas permitirán “caracterizar ambientalmente el sitio”. Además, recordaron que el pasado 5 de diciembre la compañía contestó la demanda interpuesta por Zofri “controvirtiendo los hechos imputados e interponiendo una demanda reconvencional en contra de Zofri para hacer efectiva su responsabilidad, en caso de establecerse la existencia de daño ambiental en el terreno en el que operaba la Central Diesel de Iquique, solicitando al Tribunal que condene a Zofri y obligue a repararlo conjuntamente”.

La vía que sigue Zofri en la justicia ordinaria también tendrá novedades esta semana. De hecho, este jueves las partes se verán las caras ante el 2°Juzgado de Letras de Iquique, en el contexto de la audiencia de contestación, conciliación y prueba, que está citada para las 09:00 hrs de este 5 de enero. La diligencia forma parte de la segunda etapa procesal, luego que la demanda fuera acogida por el tribunal civil el pasado 22 de noviembre.

El cara a cara entre las partes se desarrollará en paralelo a la solicitud que realizó Engie Chile para declarar la incompetencia del Tribunal para conocer el caso, requiriendo además la suspensión del mismo, por considerar que la materia de la demanda, sus hechos y alegaciones “son idénticos a aquellos que se contienen en la demanda de reparación de daño ambiental” que se tramita ante el Primer Tribunal Ambiental.

Al respecto, el abogado de Zofri, Nicolás Zisis, quien lidera la estrategia en sede civil, comentó a Pulso que dicha parte ya prepara de manera preventiva su contestación ante dicha solicitud. “Eso todavía no lo resuelve el tribunal y nosotros estamos preparando nuestra contestación respecto de eso”, dijo.

Cabe recordar que la demanda civil de Zofri en contra de Engie Chile busca forzar a la eléctrica a realizar el correcto desmantelamiento de la planta, además de solicitar una indemnización por lucro cesante y daño emergente, cuyo monto no ha sido especificado.