La defensa de las empresas del gas: informes de Hermann González, Alexander Galetovic y el expresidente del TC, Carlos Carmona

Revuelo causó el informe final que entregó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre el mercado del gas. Ayer a casi tres meses del documento preliminar, la FNE publicó su informe final en el que no sólo confirma todas sus propuestas para aumentar la competencia, sino también refuta las críticas realizadas por las empresas del sector.

Una de las recomendaciones que entregó el estudio de mercado que hizo la FNE es la que propone que Gasco, Lipigas y Abastible no participen en la distribución de gas licuado. Adicionalmente, confirmó las propuestas para aumentar la competencia, lo que se traduciría, según indica la entidad, en importantes ahorros para los consumidores de gas licuado y gas natural.

Durante la discusión -abierta tras el primer estudio preliminar de mercado-, las distintas compañías encargaron informes a distintos especialistas. Entre ellos el economista Hermann González, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Alex Galetovic y al expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Carlos Carmona.

Gasco encomendó a Hermann González, ex coordinador de asesores del ministerio de Hacienda, un estudio titulado “Análisis económico y propuestas para el debate público”, el que entrega una serie de propuestas para ser analizadas, pero también critica y muestra sus reparos al informe que emanó la FNE. “Estas conclusiones se basan en estimaciones econométricas que son discutibles”, y por ello “se recomienda someter estas estimaciones a una revisión por parte de un tercero imparcial, que podría ser, por ejemplo, una institución de educación superior de reconocido prestigio”.

Asimismo, el documento subraya que “la solución a los aparentes problemas de competencia en el mercado del gas pasa por agregar más competencia, pero resguardando la calidad y seguridad del servicio que reciben los consumidores. Prohibir la participación de los distribuidores mayoristas en la venta al consumidor final no parece ser la mejor solución para agregar competencia y mejorar las condiciones de acceso a este producto por parte de los hogares”.

Es más, añade que “una duda razonable en este sentido es si esta propuesta permitirá que las bajas de costos se traspasen a precios al consumidor de forma más expedita y directa de lo que ocurre hoy en día”.

Asimismo, el informe de Hermann González enfatiza que el estudio de la FNE no considera dos elementos clave para el precio interno: el primero es que la determinación del precio del gas depende en gran medida de condiciones internacionales, toda vez que la mayor parte del consumo de este producto corresponde a importación, por lo que se debe considerar los costos de transporte, el tipo de cambio y los costos de distribución y comercialización, entre otras variables. El segundo es que, además de resguardar que el precio se determine en condiciones competitivas, “es importante resguardar tanto la calidad del servicio prestado a los consumidores, como la seguridad, del producto y del abastecimiento”.

El documento de González dice que, en relación con las opciones de política que se deducen de este análisis, se pueden separar en dos categorías: microeconómico y las macroeconómicas. Entre las primeras están aquellas destinadas a aumentar la competencia, como, por ejemplo, facilitar la movilidad de los distribuidores minoristas, lo que se puede lograr reduciendo la duración de las cláusulas de exclusividad o permitiendo que los distribuidores minoristas puedan elegir entre participar en un modelo de distribución monomarca o multimarca.

Y en el segundo grupo de medidas, las macroeconómicas, sostiene que al considerar la forma en que se determina el precio del gas y su importancia para los hogares es razonable pensar en restablecer un mecanismo de estabilización como el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) creado en 1991, con un esquema que sea sostenible financieramente en el tiempo y/o en la entrega de transferencias directas para que los hogares de menores ingresos puedan enfrentar alzas significativas en los precios.

Otro análisis que encargó Gasco fue al académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Alexander Galetovic. En su análisis rebate uno a uno a uno los reparos que mostró la Fiscalía sobre el mercado del gas licuado en su primer análisis.

En resumen, el documento dice que en los cálculos de la FNE sobre los márgenes obtenidos en la investigación de la Fiscalía “pareciera que no corrigió el margen bruto por inflación y en todo caso ignoró la evolución de los restantes componentes del margen, particularmente las comisiones e incentivos a distribuidoras minoristas”.

Asimismo, afirma que sobre el cuestionamiento de que los traspasos de precios a consumidores cuando sube el valor son más rápidos que cuando el precio baja, el texto sostiene que “como variable independiente, instrumentalizó erróneamente el costo del GLP, que es exógeno, con el precio del petróleo Brent; la velocidad del ajuste del precio del GLP que reporta es excepcionalmente lenta, no es replicable y está fuera de rango de las estimaciones de la literatura y al estimar la Fiscalía no incluyó efectos fijos por comuna”. Acota que si se corrigen esos “errores” emerge que Gasco “traspasa las bajas de precios más rápido a los consumidores que las alzas”.

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), el abogado Carlos Carmona, realizó un análisis jurídico encargado por Lipigas. El documento sostiene que en primer lugar, “las conclusiones del estudio de la FNE afectan la libertad de acceso al mercado de distribución minorista del gas licuado” y en segundo lugar, menciona que se afecta “la libertad de organización del empresario toda vez que obliga a concentrarse en la actividad económica aguas arriba de la venta directa a consumidores finales”.

Otro problema que detalla el texto escrito por el exTC es que “afecta la libertad en el mercado, porque se restringe, hasta impedirse totalmente, la libertad de distribución y venta directa. Con ello, se afecta también la libertad contractual entre empresas mayoristas y empresas minoristas, toda vez que se les impide mantener contratos permanentes sometiéndolas a condiciones oficiales públicas, objetivas y no discriminatorias.”, Y por último, acota, “se afecta la libertad de inversión”.

En otro punto, Carmona sostiene que “la recomendación propuesta no pasa el test de la proporcionalidad en el sentido estricto, toda vez que el impacto es enormemente gravoso para Lipigas (…) lo obliga a realizar un proceso de desinversión, sin perjuicio de asumir enormes pérdidas por los cambios en las reglas del juego”. Asimismo, dice que “obliga a Lipigas a reformular su modelo de negocios y lo hace con inversiones en curso y con planificación de retornos definidas”.

La discusión sobre la constitucionalidad de las propuestas de la FNE fue rebatida por el organismo ayer, en un documento que responde las críticas recibidas tras el informe preliminar. “El fin buscado por la FNE a través de esta recomendación es constitucionalmente legítimo, toda vez que se persigue un objetivo regulatorio consistente en el correcto funcionamiento del mercado, finalidad que forma parte del orden público económico”, respondió la división Estudios de Mercado de la FNE. “El derecho a desarrollar una actividad económica está en permanente tensión con derechos fundamentales de otros actores y con intereses públicos constitucionalmente protegidos”, concluyó la FNE. La fiscalía encargó su propio informe en derecho al jurista Santiago Montt.