The Republic of Beauty cerró sus puertas el 25 de marzo de 2019 y solicitó su quiebra voluntaria debido a deudas por $3.500 millones. La cadena de productos de belleza y salud operaba 20 tiendas entre Antofagasta y el Biobío, y empleaba a 150 trabajadores. Sin embargo, su liquidación dio inicio a una prolongada disputa judicial que involucra a Jaime Sinay Assael y Luis Felipe Israel Quilodrán, socios controladores del Grupo ISSI, dueños de marcas como Palumbo y Domino’s Pizza.

Jaime Ben-Dov Codner, fundador de The Republic of Beauty, presentó en julio de este año una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual y provecho del dolo ajeno ante el 4° Juzgado Civil de Santiago. A través de su sociedad Asesorías e Inversiones Greykiwi People First Limitada, exige una compensación de $4.750 millones. La acción legal apunta no solo contra Sinay e Israel, sino también contra los hijos del primero, Diego, Felipe, Sofía y Gabriel Sinay, así como contra los hermanos del segundo, Jorge y Carlos Israel Quilodrán y diversas sociedades relacionadas, como Rentas e Inversiones ISSI SpA, Inversiones Zermatt y el Fondo de Inversión Privado Antuco.

La demanda, notificada durante noviembre, describe un complejo esquema de maniobras diseñado para evitar el cumplimiento de obligaciones judiciales. Según Ben-Dov, los controladores de ISSI llevaron a cabo una “división fraudulenta” de la sociedad matriz en agosto de 2020, traspasando el 95,22% del patrimonio de Rentas e Inversiones ISSI SpA a una nueva sociedad denominada Global Beauty SpA, dejando solo un 4,78% de activos en ISSI. Esta operación, según el libelo, tenía como único objetivo evadir el pago de una sentencia arbitral que obligaba a ISSI a indemnizar a Greykiwi.

El documento señala que “ISSI pasó de tener activos por casi $14.000 millones a activos nominales por $2.191 millones, de los cuales $1.949 millones correspondían a una cuenta incobrable”. Además, argumenta que la división no tuvo “ningún sentido económico ni obedeció a una razón legítima de negocios”, siendo calificada como un “ardid instrumental, abusivo y fraudulento”.

La sentencia arbitral, dictada en 2021 por el juez árbitro Diego Peralta, condenó a ISSI a pagar $1.577 millones, más intereses y reajustes, además de 15.000 UF como multa. Esta resolución fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó los recursos presentados por ISSI, calificando sus argumentos como “faltos de plausibilidad”. Sin embargo, la ejecución del fallo ha enfrentado múltiples obstáculos.

Greykiwi logró embargar una cuenta bancaria de ISSI, pero solo encontró $5.106.469, lo que evidencia, según la demanda, que la empresa fue vaciada deliberadamente. Además, el embargo de las acciones de Peluquerías Integrales S.A., una de las empresas del grupo ISSI, también fue resistido por las sociedades involucradas, incluyendo Global Beauty, cuya abogada incluso ocultó el libro de accionistas para evitar el procedimiento judicial, según señala la acción.

Andrés Cabello, abogado de Rentas e Inversiones Issi SpA, afirmó a Pulso que la demanda presentada por Jaime Ben-Dov y su sociedad Greykiwi “carece de todo sustento fáctico y jurídico. Es un atentado a los principios más básicos de nuestro ordenamiento jurídico”. Según explicó, se exige “una exorbitante suma de dinero por el no pago de una compraventa que ni siquiera se ha celebrado” respecto de acciones de una sociedad en quiebra.

Según el abogado, el conflicto tiene su origen en una sentencia arbitral que condenó a Rentas e Inversiones Issi SpA a comprar acciones de Trob SpA, empresa quebrada bajo la gerencia de Ben-Dov. Este último habría convencido a Jaime Sinay y Felipe Israel de invertir más de $5.200 millones en la compañía, que acumulaba pérdidas y pasivos insostenibles. Mientras los inversionistas buscaban salvar el negocio, Ben-Dov “no cumplía los presupuestos, no aportaba recursos propios y mantenía altos sueldos tanto para él como para su hijo”. Su sociedad, Greykiwi, además adeudaba a Trob cerca de $140 millones.

Tras la quiebra decretada en 2019, Ben-Dov demandó a Issi exigiendo US$1,8 millones por sus acciones en Trob, a pesar de reconocer por correo que “no tenía derecho a ello en caso de quiebra”. Pese a las pruebas, el árbitro falló a favor de Ben-Dov, transformando la obligación de comprar las acciones en el pago directo de dinero.

Actualmente, Ben-Dov y Greykiwi han presentado una nueva demanda civil, incluyendo a personas y sociedades ajenas al conflicto. “Confiamos en que la justicia ordinaria actuará de manera distinta a como lo ha hecho la justicia arbitral”, concluyó Cabello.