La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de apelación que presentó El Colorado en contra de la sentencia del 17º Juzgado Civil de Santiago que le ordenó retirar el andarivel “La Copa” y todas las instalaciones que se encuentran sobre una franja de terreno de 40.290 m2 que su vecina La Parva, propiedad del empresario Leonidas Vial, asegura son de su propiedad.

“Actualmente, Ski La Parva se encuentra privada de la posesión material del retazo de terreno que reclama, a pesar de mantener posesión inscrita del mismo, registro que la demandada no tiene, tal y como quedó demostrado en la pericia encargada por el tribunal, estudio en el que quedó demostrado lo erróneo del trazado del límite sur oriente, que divide a ambas propiedades”, concluyó la sentencia de primera instancia que fue ratificada por el tribunal de alzada.

“Los argumentos vertidos en el recurso de apelación no desvirtúan los fundamentos del fallo que se revisa, ni permiten variar lo que allí fuera decidido, por lo que será mantenido por esta Corte”, acotó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Es claro que las infracciones denunciadas no se configuran”, añadió.

Para El Colorado, la sentencia de primera instancia no analizaba toda la prueba rendida, en especial las declaraciones de dos testigos, y acusó la existencia de pasajes del laudo considerados como “contradictorios” que se anulan recíprocamente.

“El tribunal olvidó la existencia de los testimonios de Agápito Calderón y Rubén Jeneral, puesto que, según aparece en los considerandos 1º a 3º, relativos a las tachas, solo se resolvieron las de los otros 3 testigos presentados, por lo que el único testimonio que se valoró luego de acogerse 2 de las tachas opuestas fue el de José Mánquez López”, acotó.

Frente a los cuestionamientos, el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago estableció que “la sentencia de primera instancia sí consideró y se refirió a la prueba testimonial que refiere como olvidada la recurrente (El Colorado) en su libelo, como asimismo toda la restante prueba rendida, resolviendo en su mérito”.

Para el tribunal de alzada, la magistrada Rocío Pérez Gamboa del 17º Juzgado Civil de Santiago resolvió “acertadamente” luego de extensas fundamentaciones de hecho y derecho. En efecto, para la Corte de Apelaciones el fondo de la discusión no se centró en el dominio o posición de cada una de las partes sobre el retazo en discusión, sino que a la determinación del deslinde que separa a ambos predios vecinos.

En el litigio, La Parva es asesorada por Marcelo Giovanazzi y Daniela Lobos, socio y asociada de Alcaíno Abogados, respectivamente. El Colorado es representado por el abogado Carlos Baeza.

En enero de 2016, La Parva demandó a El Colorado por la ocupación ilegal de un paño, cuya superficie total alcanza 40.290 metros cuadrados. En su recurso de apelación, El Colorado argumentó que la única prueba que sostiene las pretensiones de La Parva lo constituye un informe pericial, al cual la sentencia definitiva se remite sin análisis dándolo por cierto sin justificación racional alguna.

Según los antecedentes del juicio, en el verano 2008-2009 las partes comenzaron las primeras conversaciones sobre la discrepancia y dudas del trazado del límite que Andacor, la matriz de El Colorado, había dado a sus dominios y a la posibilidad de que las instalaciones estuviesen fuera de su propiedad.

Pero el origen de la disputa se remonta a 2008, cuando el centro de la familia Leatherbe comenzó la edificación del andarivel La Copa, que cuenta con una capacidad para transportar a 1.300 personas en el terreno en disputa.

En el texto se argumenta que la empresa Andacor “siempre tuvo la convicción de no estar actuando lícitamente, a tal punto que la ubicación de su andarivel ha sido objeto de controversia entre las partes hasta el día de hoy”.

Se señala además que en marzo de 2009, Dick Leatherbee y Aldo Boitano, presidente y gerente de Andacor S.A habrían invitado a Thomas Grob, gerente general de La Parva, a visitar las obras concluidas del andarivel La Copa, instancia en que le habrían sugerido firmar un documento respecto a los terrenos, aludiendo a acuerdos verbales que habrían tenido con el propietario anterior de dicho sector.

Ante el desacuerdo, ambas empresas encargaron un peritaje para establecer el límite, el que estuvo a cargo del arquitecto Marcelo Álvarez. Según la versión de La Parva, dicho informe concluyó que la zona en disputa le pertenecía, pero su contraparte habría presentado una investigación particular “desconociendo absolutamente el valor del peritaje que ambas habían contratado”, según señala el texto de la demanda.

La firma demandante presentó pruebas y certificados, tales como el título de dominio y de registro en el Conservador de Bienes Raíces, ante el tribunal civil a fin de establecer su calidad de dueño del terreno.