El proceso sancionatorio que comunicó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el 21 de octubre entró la semana pasada en la fase de pruebas. En este caso, se formularon cargos contra diversos actores vinculados al fondo de inversión Capital Estructurado I, administrado por Larraín Vial Activos AGF, por presuntas infracciones a la Ley N°18.045 de Mercado de Valores y la Ley Única de Fondos (LUF). Entre los acusados figuran los cinco exdirectores de la administradora: Andrea Larraín Soza, Sebastián Cereceda Silva, José Correa Achurra, Jaime Olivera Sánchez-Moliní y Andrés Bulnes Muzard.

El fondo, creado en enero de 2023 con aportes que ascendieron a $14 mil millones, tenía como objetivo reestructurar las deudas de Antonio Jalaff Sanz, fundador del Grupo Patio, quien ofreció como garantía el 3,78% de su participación indirecta en ese conglomerado inmobiliario. Sin embargo, el fondo sufrió importantes pérdidas en el precio de sus cuotas a consecuencia de la baja de la valorización del grupo Patio y los aportantes terminaron perdiendo parte importante de su inversión.

En sus descargos, la defensa de los exdirectores de Larraín Vial explicó que encargaron un informe en derecho al profesor Carlos Peña González, rector de la Universidad Diego Portales y destacado académico de Derecho Civil. Este estudio busca sustentar su posición frente a las imputaciones de la CMF, enfocándose en demostrar que las decisiones de los directores se ajustaron a la normativa vigente, con cumplimiento de los deberes de diligencia y transparencia exigidos.

En paralelo, la defensa liderada por los abogados Alfredo Alcaíno y Marcelo Giovanazzi encargó un informe económico al profesor Erwin Hansen, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Según el mismo escrito, ambos estudios servirán para reforzar tres puntos clave: que los directores cumplieron con los deberes de diligencia exigidos por la normativa; que las valorizaciones de los instrumentos del fondo se realizaron correctamente, “incluso cumpliendo con estándares más allá de lo que exige la normativa”; y que “informaron de manera adecuada a los inversionistas sobre la naturaleza, las características y los riesgos asociados al fondo”.

Como parte de los descargos, la defensa también propuso a la CMF citar a ocho personas para declarar como testigos, entre ellas los dos expertos a quienes encomendó la realización de los informes.

Además, sumó a otros ejecutivos del mundo financiero. Uno de ellos es Nicolás Noguera, ex CEO de Bancard, quien posee amplia experiencia en inversiones y gestión financiera. Ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA de la Universidad de Harvard, Noguera lideró durante más de dos décadas la sociedad de inversiones de la familia del expresidente Sebastián Piñera. Durante su gestión, administró una cartera global diversificada y participó en operaciones significativas, enfrentando desafíos asociados al escrutinio público.

Junto a Noguera, se propusieron otros testigos clave, como Fernando Zavala Guzmán, ingeniero civil y socio de Alza AGF, quien aportará información sobre procesos de estructuración de fondos; Cristián Fabres Ruiz, abogado especializado en mercado de capitales; y Fernando Sánchez, presidente de Independencia AGF, con experiencia en fondos de renta inmobiliaria. La defensa espera que sus declaraciones refuercen los argumentos técnicos y operativos detrás de la gestión del fondo Capital Estructurado I.

En el marco del proceso sancionatorio, el regulador tomó declaración a los exdirectivos de Larraín Vial Activos AGF. Andrés Bulnes, presidente de la entidad, explicó a los funcionarios de la Unidad de Inteligencia encabezada por el fiscal Andrés Montes que:

“Pedimos que fuera un fondo solo para inversionistas calificados. Después dijimos que debía haber una nómina de los créditos certificada por un auditor independiente inscrito en el registro de la CMF. Aquí la idea era seguir los más altos estándares de las reorganizaciones judiciales, dado que el deudor estaba declaradamente en problemas con sus acreedores. Luego, pedimos que hubiera un valorizador externo de reconocido prestigio, elegido entre aquellos con quienes trabajábamos habitualmente en la AGF, y que este valorizara no solo los créditos aportados, que es lo que exige la norma, sino también los créditos que se iban a comprar. Entiendo que eso no lo exige la normativa, pero lo solicitamos igualmente como un resguardo adicional”, dijo.

José Correa agregó en su declaración que: “Solicitamos que la valorización de estas deudas la efectuase un valorizador externo, no solo para las deudas que iban a ser aportadas en especie al fondo, que es lo que exige la ley, sino también para las deudas que iban a ser compradas por el fondo. Además, establecimos la validación de los créditos por parte de nuestros abogados externos. Por último, exigimos que el acuerdo de conversión, que era firmado entre los acreedores y el deudor, fuera conocido y firmado también por todos los aportantes del fondo”.

En tanto, Sebastián Cereceda señaló que “veíamos que el proyecto presentado no cumplía los estándares mínimos para poder realizarlo, y para que los inversionistas estuvieran conscientes de lo que estaban tomando. Nosotros buscábamos que los créditos estuvieran certificados por un tercero independiente, así como valorizados por un tercero independiente, así como además que para los inversionistas estuvieran consciente de los riesgos que estaban tomando”.

Desde LarrainVial Activos AGF dijeron: “nos parece gravísimo que, en el marco de un procedimiento reservado como este, se generen filtraciones de su contenido, específicamente material y declaraciones que dicen relación con nuestra defensa”.