Las gigantes tecnológicas serán obligadas a compartir más datos bajo la propuesta legal de la Unión Europea

La Unión Europea propone una legislación que obligaría a las empresas europeas a compartir más datos, con el fin de reducir el control que, según las autoridades, ejercen un puñado de grandes empresas tecnológicas sobre algunos datos comerciales e industriales.

Las nuevas normas, propuestas el miércoles en un proyecto de ley denominado “Ley de Datos”, pretenden ayudar a las empresas más pequeñas a seguir el ritmo

de las grandes en la carrera por sacar provecho de la gran cantidad de datos no personales generados por los productos conectados, que van desde los electrodomésticos inteligentes hasta los automóviles. La cuestión es cada vez más relevante, ya que cada vez más dispositivos generan datos que se utilizan para el control y la supervisión, como en los hogares y las fábricas inteligentes. El volumen de estos datos se disparará con el despliegue de las tecnologías 5G.

Pero las grandes empresas tecnológicas se quejan de que el proyecto de ley las discrimina y obligaría a muchas empresas que operan en Europa a almacenar más datos en Europa, con proveedores europeos, en lugar de enviarlos al extranjero o recurrir a empresas estadounidenses.

“La Ley de Datos garantizará que los datos industriales se compartan, almacenen y procesen respetando plenamente las normas europeas”, declaró Thierry Breton, Comisario Europeo de Mercado Interior. La Comisión Europea dijo que prevé que la legislación podría añadir 270.000 millones de euros, equivalentes a 305.760 millones de dólares, a la economía europea para 2028.

La propuesta del miércoles forma parte de la mayor propuesta de ampliación de la normativa tecnológica mundial en décadas. La UE está ultimando los textos de dos nuevas leyes dirigidas a las grandes empresas tecnológicas, una que pretende limitar los posibles abusos de posición dominante y otra que pretende obligarlas a asumir más responsabilidad en la vigilancia de los contenidos en línea, ambas respaldadas por importantes multas.

Otras leyes dirigidas a las grandes empresas tecnológicas se están considerando o aplicando desde Corea del Sur hasta el Reino Unido y Canadá. El Congreso de Estados Unidos está debatiendo actualmente propuestas que incluyen algunas disposiciones similares a las que se están ultimando en la UE.

La nueva propuesta de datos de Bruselas amplía un ámbito abordado por una de las mayores piezas de regulación tecnológica de la UE hasta la fecha: la ley de privacidad del bloque, conocida como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que entró en vigor en 2018. Mientras que esa ley se centraba en cómo las empresas podían -y no podían- recopilar información personal sobre los residentes de la UE, la Ley de Datos se centra en los datos no personales.

Los funcionarios de la UE dicen que su objetivo con la nueva ley es ayudar a abrir un mayor mercado de datos al obligar a las empresas a llegar a acuerdos de intercambio de datos que permitan a los consumidores elegir entre los proveedores de servicios que compiten cuando utilizan dispositivos conectados. Muchas de las disposiciones se aplicarían en sentido amplio, más allá de las grandes empresas tecnológicas.

Un ejemplo que citaron los funcionarios fue el de un consumidor que quiere enviar los datos de un lavavajillas inteligente a un servicio de reparación de terceros, en lugar de al fabricante. Otro era el del propietario de una fábrica que quiere compartir la información recogida por un robot con una empresa externa que pueda ayudar a optimizar su rendimiento. El proyecto de ley también impondría la obligación de facilitar a las empresas el cambio entre diferentes proveedores de servicios en la nube.

Los grupos de presión y los abogados de la industria dijeron que la legislación impondrá una carga significativa a las empresas, que tendrán que determinar cómo hacer frente a las solicitudes de datos y qué datos están obligados a compartir. “Hasta ahora no se ha regulado la economía de los datos”, dijo Christoph Werkmeister, socio de Freshfields Bruckhaus Deringer. “Sin duda, va a ser una carga de cumplimiento muy importante”.

La ley impone nuevas obligaciones a los denominados gatekeepers (guardianes o porteros), término que hace referencia a las mayores empresas tecnológicas del mundo y que la UE aún está definiendo a través de la propuesta de ley destinada a poner freno a su dominio, denominada Ley de Mercados Digitales.

La nueva propuesta obligaría a las empresas guardianas a compartir los datos que recogen de sus dispositivos y asistentes virtuales con los usuarios y las empresas más pequeñas cuando el usuario solicite que se comparta la información. Pero, al menos en algunos borradores anteriores de la propuesta, los guardianes no pueden solicitar ni recibir esos datos, algo que, según los grupos de presión tecnológicos, sería discriminatorio.

Los grupos de presión también expresan su preocupación por las disposiciones que ordenan a las empresas a que tomen medidas para evitar que los gobiernos de fuera de la UE accedan a los datos recogidos en Europa, algo que, según los funcionarios de la UE, pretende contrarrestar la vigilancia extranjera. Los grupos de presión tecnológicos sostienen que la norma, que va más allá de las normas del RGPD que rigen únicamente la información personal, crearía inseguridad jurídica y desalentaría el intercambio de datos transatlántico.

El acceso de los extranjeros a los datos de la UE ha sido un punto de consternación en Europa desde que Estados Unidos aprobó una ley que se otorga a sí mismo la autoridad para exigir esos datos a las empresas estadounidenses.

La capacidad de las empresas para enviar información personal relacionada con los europeos ya está amenazada por los reguladores de privacidad de la UE, debido a un precedente del tribunal de la UE de 2020, también relacionado con la vigilancia gubernamental. El regular de la privacidad de Irlanda dijo esta semana que está en proceso de completar una orden para la propietaria de Facebook, Meta Platforms Inc., para detener transferencias de datos de usuario desde la UE a los Estados Unidos, aunque una orden de ese tipo puede tomar meses en hacerse oficial.